Representantes de sectores judiciales, sociales e internacionales coincidieron ayer que avalar la pena de muerte en El Salvador no bajaría los índices de criminalidad, tal como lo espera la ciudadanía.
Los expertos señalan que si bien el clamor de la población se debe a la baja o nula confianza en las autoridades que no reducen los índices de homicidios y otros delitos, se ha comprobado que en naciones donde sí tienen esta medida, esta no ha tenido un impacto directo en las estadísticas sobre el crimen.
El embajador de España, Francisco Rabena, manifestó que siempre surgen voces que piensan que hay que instaurar la pena de muerte, pero que esto nunca ha solucionado el tema de la violencia. Asegura que esta máxima pena es como “intentar apagar un incendio echándole más gasolina al fuego”.
“Aunque no estamos de acuerdo es comprensible que en algún momento de desesperación pueda llevar a este tipo de peticiones, pero no es el camino, no ha solucionado nada en ningún sitio, lo que hace es agravar la situación convirtiendo al Estado en un ente que acaba ajusticiando a los ciudadanos aunque sean culpables. La pena de muerte es una pena definitiva, irreversible y sobre todo es una pena que nunca ha solucionado el tema de la violencia”, recalcó el diplomático.
Rabena detalló que al no existir la pena de muerte en una nación es una prueba del avance democrático, intelectual y humanitario. Además, apuntó que dado que es una pena definitiva, nadie está exento de cometer errores a nivel judicial y personas que hoy pueden ser culpables, mañana puede que se demuestre su inocencia a través de nuevos procedimientos.
Roberto Valent, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indicó que aplicar la pena de muerte a un sujeto que ha sido condenado por homicida es bajarse al nivel del criminal, además de considerarse como una acción de “exageración y de debilidad”.
“Es claro que la pena de muerte no reduce los crímenes, los homicidios y delitos en general y no permite una recuperación del reo. Un sistema penitenciario serio que sea apegado al estado de derecho y el derecho a la vida”, expresó.
Asimismo, recordó que El Salvador ratificó en abril de este año el segundo protocolo opcional de la convención de derechos políticos y sociales, con el cual básicamente se comprometió ante las instancias internacionales, a la abolición de la pena de muerte y a fortalecer el concepto y a dar una moratoria (plazo para solventar una deuda vencida) a la pena de muerte en el país.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, aseguró que El Salvador tiene activa la pena de muerte únicamente para delitos cometidos por personal militar en situación de guerra internacional, desde 1983.
Sin embargo, no se ha registrado ningún caso donde se haya tenido que aplicar.
Explicó que si en algún momento se intentara modificar la Constitución para avalar esta medida para delitos comunes, el problema no se derivaría a nivel interno sino internacional, puesto que El Salvador ha firmado compromisos como el Tratado de San José, además que hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculante para el país.
“Con la Constitución vigente se han dicho cosas que 75 años de prisión es una pena perpetua y que la condena no debe tener un fin estrictamente retributivo, sino buscando reinsertar a la persona acusada de un delito en la sociedad. La pena de muerte expulsa a la persona, elimina y no se puede hablar de reinserción. Ese es el debate que se habla ahora en El Salvador”, afirmó.
El director de Medicina Legal, José Miguel Fortín Magaña, dijo que la pena de muerte “no sirve para nada” y que eso más bien “es la expresión de la venganza de un pueblo dolido por la sensación de inoperancia de las autoridades”.
Aseveró que es comprensible el por qué la población empieza a solicitar la pena de muerte y en algunos casos, como la vecina Guatemala, a tomar la justicia por sus manos en medidas como el linchamiento.
“(Vivimos) en una sociedad que ha dejado de creer en ella misma, en las autoridades, y pareciera que vivimos en dos países paralelos, unos que vemos problemas y tratamos de enfrentarlos y otros que piensan que ya no hay problemas en El Salvador y que vivimos en una especie de país de las maravillas. Mientras sigamos considerando esto de esa forma no vamos a darnos cuenta de las dificultades y no vamos a enfrentar los problemas como son”, aseveró Fortín.
Estas posiciones fueron resultados de un debate organizado por la Embajada de España, con ocasión del día mundial y europeo contra la pena de muerte.
Además de los antes mencionados participaron representantes de la Unión Europea, Procuraduría de Derechos Humanos y periodistas. La gran ausente fue la Asamblea Legislativa.