Los funcionarios públicos que niegan la información que solicita la ciudadanía y que luego acuden a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) envían un mensaje negativo, dijo ayer el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
“Creo que sin duda se está mandando un mal mensaje a la población porque prácticamente todas las instituciones públicas para ser opacas tendrían que acudir a instancias que no están prevista a la ley”, cuestionó el comisionado Jaime Campos ayer en una entrevista al canal 12.
El comisionado tildó además de incorrecta este tipo de actitudes como las mostradas por instituciones como la Asamblea Legislativa que acudió a esa instancia judicial tras negarse a dar información sobre los asesores.
Pero ha habido otros funcionarios como el exministro de Economía, Armando Flores, quien negó datos sobre las operaciones de Alba Petróleos a un ciudadano, pese a la orden del IAIP de entregarla. Luego fue multado por esa institución pero se negó a pagarla y acudió a la Sala de lo Contencioso, que ha suspendido el pago de la multa y la entrega de la información mientras resuelve.
Roberto Rubio, director de Funde, que representa a Transparencia Internacional en el país, dijo en la misma entrevista que es un retroceso el negar la información y luego buscar amparo en la Sala de lo Contencioso.
“A veces dice hecha la ley, hecha la trampa”, afirmó Rubio, quien también insistió en que hay un exceso de declaratoria de reserva de información. “Hay mucha resistencia todavía de parte del funcionario”, añadió.
El comisionado Campos dijo además que los funcionarios deben recordar que la información pública no son de su pertenencia.
En esa misma tónica, Xenia Hernández, de Funde-Alac, dijo que la ley específica cuándo las instituciones van a dar o no información, y que están obligadas a entregar la mayor información posible.
Rubio añadió que pese a todos estos problemas, se puede decir que hay un avance con solo contar con una ley de acceso a información pública aunque recordó que la administración de Mauricio Funes y el FMLN intentaron quitarle dientes, en referencia a la iniciativa de reforma a la ley con la que se quitaba al IAIP la facultad de sancionar en casos de infracción a la ley y dejaba sus resoluciones como simple recomendación.
Sin embargo tardó muchos meses para que Funes eligiera a los miembros del IAIP y hasta hoy no se le da el presupuesto suficiente para vigilar el cumplimiento de la ley. Campos dijo que este año operan con $830 mil de presupuesto, el cual dijo es “muy poco” para una institución que aplica una de las mejores leyes a nivel mundial.
Para el próximo año, Campos dijo que esperan que se les apruebe el presupuesto proyectado de $1.3 millones.