Las farmacias podrán ofrecer consulta médica, sentenció ayer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ).
“Se declara inconstitucional la prohibición contenida en el artículo 23 de la Ley de Medicamentos, para contratar o subcontratar médicos, odontólogos y veterinarios para ejercer la profesión al interior de las farmacias, con el objeto de prescribir medicamentos”, dice el fallo.
Los magistrados constitucionalistas razonaron que el impedir que los doctores y veterinarios trabajen en las farmacias, “se les vulnera sus derechos laborales, la libertad de contratación, el derecho a la salud y la libertad de los consumidores”.
Los magistrados consideraron que la referida prohibición “no es necesaria, pues el legislador tuvo que haber considerado otras opciones para controlar la práctica de prescripción y dispensa de medicamentos en un mismo establecimiento farmacéutico por profesionales de la salud”, dice el fallo.
La Sala de lo Constitucional señaló que con la restricción legal no solo se violan los derechos laborales, de contratación, salud, si no que también la libertad de los consumidores para elegir sin ningún tipo de influencia, los servicios médicos, medicamentos y demás productos que, según su voluntad, estimen más convenientes a su situación.
También se vulneran los derechos de los pacientes o clientes a las oportunidades de acceso a servicios médicos y medicamentos, debidamente controlados por las autoridades.
En la sentencia los magistrados constitucionalistas compartieron lo expresado por el Fiscal General de la República en su intervención dentro del proceso.
El Fiscal General afirmó que “tener a médicos en las farmacias, es una es una alternativa a los usuarios que deciden con su libre voluntad acceder a las entidades de salud públicas o privadas –sin perjuicio de la vigilancia y controles que deben realizar el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) y la Dirección de Medicamentos.
La orden de la Sala se emitió en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad que presentó la ciudadana Estefani Guadalupe Andrade, quien pidió que se declara ilegal la creación de la Dirección Nacional de Medicamentos y otros artículos de la Ley de Medicamentos.
La demandante expuso que la Ley de Medicamentos ubica a la Dirección de Medicamentos por encima del Consejo Superior de Salud Pública, CSSP; es decir, es una institución creada por ley sobre una de rango constitucional.
Sin embargo, la Sala señaló que “no existe la contradicción alegada por la demandante, en consecuencia, la referida Dirección de Medicamentos seguirá funcionando conforme a lo establecido en la Ley de Medicamentos”.
La sentencia fue firmada por los magistrados Óscar Armando Pineda, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González.