La Asamblea Legislativa ratificó ayer el convenio entre El Salvador y los EE. UU. para implementar los $277 millones del Fomilenio II, así también aprobó la ley de creación de la parte operativa y administrativa que regirá el uso del dinero donado por Estados Unidos para potenciar la zona costera oriental del país.
En su aprobación no hubo mayores reparos de los diputados, ya que todos expresaron estar complacidos de que EE. UU. haya autorizado un segundo desembolso que servirá para varios programas de formación técnica en jóvenes de las zonas marítimas, apoyo a micro y pequeños empresarios del turismo, así como el desarrollo de infraestructura.
Según reza el dictamen la meta del convenio es “reducir la pobreza mediante el crecimiento económico en El Salvador; buscando fortalecer la buena gobernanza, la libertad económica y la inversión en el pueblo de El Salvador”.
Y añade que el “objetivo del programa establecido en el convenio es incrementar la productividad y la competitividad de El Salvador en los mercados internacionales”.
El mismo contiene tres proyectos: clima de inversión, capital humano e infraestructura logística.
De acuerdo al pacto, el primer componente busca aumentar la inversión privada; en tanto que el capital humano está “diseñado para mejorar la calidad de la educación y ajustar mejor la oferta de aptitudes pertinentes para el comercio internacional de bienes y servicios en El Salvador a la demanda del mercado laboral”.
El área de infraestructura logística es de dos actividades orientadas a reducir los costos logísticos y de transporte e incrementar la inversión y la productividad en el comercio de bienes y servicios.
“Con el proyecto se procura aliviar los embotellamientos en secciones cruciales de los corredores logísticos entre el principal cruce fronterizo con Honduras en el Amatillo, los Puertos de La Unión, y Acajutla y el Aeropuerto Internacional”. Se establece también que como parte del convenio EE. UU. adelantará $10 millones para facilitar la ejecución de los fondos del Fomilenio II.
El pleno también autorizó la creación del aparataje administrativo y, según lo explicó Mariella Peña Pinto, de ARENA, la ejecución de los fondos estarán a cargo de una junta directiva, que junto a la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de el Salvador (Proesa), analizarán todos los proyectos que se ejecuten en asocios público privados, bajo la ley que rige ese tipo de contratos.
El decreto de creación de la ley dice que la normativa tiene 24 artículos “en el que se desarrollan los objetivos de la ley, las definiciones, la creación y naturaleza, el patrimonio, la estructura orgánica, la organización de la junta directiva, las atribuciones de la junta directiva, las responsabilidades, las auditorías, la fiscalización, la obligatoriedad, el presupuesto, las adquisiciones de bienes, obras y servicios, la contratación de personal, la obligación del Gobierno, ejecución del programa, la aplicación supletoria, la especialidad de la ley y la vigencia de ésta”, pero en el sitio web de la Asamblea no se publicó la normativa en mención.