El Gobierno ha dejado de ejecutar $128 millones de $140 millones en préstamos otorgados por el Banco Mundial (BM) para Salud y Educación. ARENA argumenta que debido a la poca inversión de estos fondos es que la bancada tricolor mira con recelo la petición del Ejecutivo de ratificar otros siete préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $375 millones.
El informe de la escasa ejecución que el Gobierno ha hecho de la millonaria deuda adquirida con el BM, fue conocido por el jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano y la diputada, Milena de Escalón, en su reciente viaje a Washington, EE. UU., en donde también hablaron con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, sobre el impacto que tendrá en el país la ratificación de más deuda con ese organismo financiero.
“Tuvimos una primera reunión con el Banco Mundial y nos llenó de mucha sorpresa ver que habían dos préstamos de áreas importantes para el desarrollo del país (Salud y Educación), muchos funcionarios del Gobierno se llenan la boca diciendo que son las áreas a las que le están apostando”, señaló Vaquerano.
Los funcionarios del BM les revelaron que en 2012 entregaron al país como préstamos $80 millones para el Ministerio de Salud, pero que de ese dinero el Gobierno sólo ha podido ejecutar $3.8 millones, es decir, que $76.2 millones no han llegado a las áreas que, se supone, se pretendía fortalecer con la deuda.
“Y cuando preguntamos por qué razón estamos con ese préstamo de $80 millones, habiéndose ejecutado nada más $3.8 millones, que: ¿cuál era la razón?, simple y sencillamente nos respondieron, porque en Salud no lo han querido ejecutar o no han tenido la capacidad de ejecutar”, lamentó.
El problema es mayor al sumarle que a esos $76.2 millones, el Estado está obligado a pagar en concepto de comisión por tener el dinero “guardado”, $130 mil anuales, lo que implica que en dos años, el Gobierno ha pagado con los impuestos de los ciudadanos $260 mil; en otras palabras, en vez de ganar, ha perdido.
Lo anterior contradice a la realidad que vive la mayor parte de la población que hace uso de los hospitales y unidades de salud públicos, de que el Gobierno cuente con dinero para atender las necesidades apremiantes que demandan constantemente los pacientes, y que en vez de utilizarlo lo tenga “parqueado” y con el agravante de tener que pagar por no usarlo, criticó De Escalón.
Un ejemplo de lo anterior son las recientes y continuas protestas del sindicato de médicos del hospital Rosales denunciando las deplorables condiciones en que se encuentra el principal centro de salud del país, por la escasez de medicamentos, personal, equipo y su falta de mantenimiento, entre otros aspectos.
El hospital de la Zacamil es otro de los centros hospitalarios que han sucumbido poco a poco por la falta de fondos, un sitio en donde ni siquiera tuvieron por meses lavadora para asear la ropa de cama y batas de los pacientes.
Pero Vaquerano denunció también que la Asamblea Legislativa no solo le aprobó a Salud los $80 millones con el BM que no ha ejecutado, sino que también le avaló $60 millones con el BID, que iban dirigidos “específicamente al combate y refuerzo de la atención primaria de Salud”.
El diputado arenero especificó que el Gobierno justificó la deuda para contratar a más promotores de salud, para hacer campañas de fumigación y crear “los famosos ECOS (Equipos Especializados Comunitarios de Salud), que era la apuesta que hicieron al inicio del primer periodo (de Mauricio Funes)”, aseveró.
“¿Pero qué pasó?”, pregunta Vaquerano, y se remite a las últimas evidencias del descontrol que ha tenido la ministra de Salud, Violeta Menjívar, en combatir las epidemias del dengue y el chikunguña.
“¿Y los resultados? pueden ser testigos de todos los titulares que hemos estado escuchando que, por ejemplo, somos el país que mayor ataque de chikunguña ha tenido, sin ninguna respuesta del ministerio de Salud, y los $60 millones ¿dónde los invirtieron?, no se supone que era para atención primaria?, qué impacto pueden tener esos $60 millones, absolutamente ninguna cosa positiva para el país”, reflexionó Vaquerano.
Deuda para Educación
El otro préstamo cuestionado por ARENA es uno de $60 millones para Educación contraído con el BM, de los cuales, el Gobierno solo ha ejecutado $8 millones, es decir, que el Estado también ha pagado $130 mil anuales por no usar $52 millones, ya que el préstamo fue aprobado el año pasado, recalcó De Escalón.
El rubro educativo es uno de los más golpeados cuando se trata de fenómenos naturales, y para muestra un botón, en el más reciente terremoto de 7.3 grados de hace unas semanas, Protección Civil reveló que más de 60 centros escolares resultaron con daños en su infraestructura.
Muchos de los centros educativos del país se ven en serios aprietos por falta de fondos, al grado que algunas instituciones tienen que funcionar en locales alquilados con infraestructura que no reúne las condiciones mínimas para que los niños se eduquen.
A lo anterior se suma la falta de aulas informáticas, equipo, maestros, bibliotecas y laboratorios, y un claro ejemplo de esto, es el Instituto Nacional General Jesús María Bran, el cual funciona en un local alquilado en la colonia Flor Blanca, de San Salvador.
El profesor José Napoleón Rafaelán, director de la escuela, afirmó que en los últimos 14 años han tenido que cambiarse de local, por lo menos en cinco ocasiones.
Estado pide más dinero
Por todas las razones expuestas, es que los diputados de ARENA argumentan no estar dispuestos a votar por más endeudamiento, sin tener claridad de cuáles son las prioridades que contienen dichos préstamos.
El FMLN insiste en aprobar $375 millones en siete préstamos con el BID, argumentando que algunos de ellos serán para apoyar los proyectos que se financiarán con los $277 millones que entregará EE. UU. con el Fomilenio II. (Ver recuadros).
Al menos dos de ellos, según Lorena Peña, del FMLN, se vencieron ayer, pero el canciller de la República, Hugo Martínez, mencionó ayer que el Gobierno puede pedir más tiempo al BID para que el país los ratifique.
Lo mismo dijo ayer el ministro de Educación, Carlos Canjura, ya que para esta cartera de Estado va orientado un préstamo de $30 millones, que es para el “Programa de Innovación para Competitividad”, pero mencionó que de esos fondos $10 millones son para proyectos competitivos que no tienen que ver con la educación primaria, sino para un nivel superior.
Francisco Merino, del PCN, mencionó el jueves que estarían dispuestos a votar por dos deudas, una de ellas de $20 millones para el “Apoyo Integral a la Efectividad de Políticas de Trabajo y Previsión Social”, así como para el de Educación de $30 millones, no así para el resto, ya que solo uno del paquete de siete préstamos en mención es de $115 millones, que es para el “Mejoramiento del Corredor Pacífico Mesoamericano”.
ARENA critica que ese dinero es innecesario ya que para esos son los fondos del Fomilenio II, y tal como lo han manifestado las areneras De Escalón y Mariella Peña Pinto, temen que ese dinero lo quieren “para tapar el hoyo fiscal que tiene el Gobierno por el excesivo gasto corriente”.
Douglas Avilés, de CD, dijo ayer que debe haber una ley de responsabilidad fiscal antes de ratificar más deuda para el país, tal como lo plantea ARENA.