Las primeras anomalías encontradas en el hoyo de El Chaparral por el equipo de peritos geólogos del Fiscal General, Luis Martínez, coinciden con las planteadas en el informe de supervisión de julio de 2010 del consorcio Euroestudios-Ingetec.
El Ministerio Público investiga el frustrado proyecto de represa hidroeléctrica por el cual el gobierno Funes le pagó $108 millones a la constructora italiana Astaldi pese a que dejó las obras a medias y con un megahoyo.
Los encargados de la supervisión de las obras destacan que Astaldi supo, desde que retiró los documentos de licitación, acerca de las dificultades geológicas en el margen derecho de la montaña por estar detalladas en el diseño básico.
El documento, que fue presentado mientras duró el contrato de supervisión (marzo 2009-mayo de 2013), también reconoce un mal manejo en las tareas de excavación y de soporte del macizo montañoso, lo cual generó “un problema de estabilidad”, sobre todo el abuso de dinamita y otros materiales para adecuar la montaña.
Al respecto, el fiscal Martínez ya confirmó que los geólogos del Ministerio Público, que llevan dos semanas realizando peritajes, han determinado que el suelo “no era el adecuado para construir la presa”, algo que era del conocimiento de los constructores porque se incluyó en el informe final del diseño básico que realizó la firma brasileña Intertechne en 2006, según se corroboró con la supervisión.
“Se concluye que era claro para los licitantes que la situación geológica y geotécnica de la margen derecha era extremadamente complicada y desfavorable, siendo por lo tanto algo previsible para Astaldi”, dice un extracto del análisis de la supervisión, consultado por El Diario de Hoy.
En contraste, según el mismo documento, el supervisor cuestiona al asesor de Astaldi, Giovanni Lombardi, quien insistió ante los técnicos de Euroestudios-Ingetec que las condiciones en la montaña “fueron inesperadas”, detalle con el que se buscó una justificación para no continuar con la responsabilidad en el megaproyecto.
“Desde el diseño básico se establece la necesidad de colocar anclajes para prevenir deformaciones o relajaciones de roca. Hay un grado de descompresión que deterioraron la montaña”, asegura la supervisión, que más adelante agrega que se excavó “sin control, con inclinaciones que excedieron lo sugerido inicialmente”.
Falla estructura para encauzar aguas
Por otra parte la supervisión destaca algo desconocido hasta la fecha: cuando se presentó la tormenta Agatha, a finales de mayo de 2010 la ataguía del embalse temporal —estructura que permitía el paso del agua para tener una zona segura de trabajos— falló, lo cual influyó en la relajación del macizo rocoso del margen derecho.
A partir de este momento, se comenzó a difundir el argumento de que la montaña “se había movido” y que era necesario un rediseño para continuar con los trabajos.
Sin embargo, como la autónoma buscó un “arreglo directo” con Astaldi, las propuestas de solución nunca se ejecutaron a pesar de que CEL firmó un contrato “llave en mano” que obligaba al constructor a asumir costos y otras responsabilidades hasta terminar la obra.
Sobre esto, el titular del la Fiscalía General de la República (FGR) también confirmó esta semana que la investigación se extenderá a los otros procedimientos que CEL ha realizado, incluyendo la liquidación contractual con Astaldi por la que se pagó $108.5 millones en 2012 durante la gestión del expresidente Mauricio Funes.
En el marco de estas indagaciones la FGR ya recibió el 5 de mayo pasado al expresidente de CEL, José Leopoldo Samour, quien firmó el acuerdo de “arreglo directo” con Astaldi en julio de 2012, por el cual se le pagó a la empresa pese a que dejó inconclusa la obra.
“Dimos toda la información de ese caso. Tenemos ocho meses de estar aportando toda la información que la Fiscalía ha requerido”, justificó Samour entonces sin dar mayores detalles.
CEL y Astaldi se justifican
El año anterior, CEL emitió un comunicado en el que explicó que Astaldi “no podía continuar con la obra tal como había sido contratada, debido a una situación de inestabilidad geológica en su estribo derecho, agudizada por el fenómeno climatológico Ágatha”.
“Ante esta situación, CEL pidió una serie de opiniones, incluyendo a la empresa española-colombiana supervisora de la obra, cuyos técnicos respondieron que el problema podría originarse en los trabajos del contratista de la obra”, admite la autónoma en el informe.
Debido a lo anterior, dice el documento, se pidió opinión a la Corte de Cuentas e intervino la misma Presidencia de la República que “ordenó que se realizara una auditoría técnica especializada de primer nivel sobre el proyecto”.
Según la CEL, los nuevos estudios confirmaron la inestabilidad geológica, pero recomendaban más estudios técnicos.
Por eso, se inclinaron por llegar a un “arreglo directo” con Astaldi, justifica.