Fiscalía ordena la detención del diputado Wilber Rivera

El parlamentario Wilber Rivera es acusado de haber lavado 10 millones de dólares supuestamente del narcotráfico

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Imagen es del 24 de julio de 2012, antes de ser detenido por atropellar a un policía. Foto EDH /Archivo

Por David Marroquín nacional@eldiariodehoy.com

2014-09-12 10:00:00

La Fiscalía General ha ordenado la captura del diputado suplente Wilber Rivera Monge, con base en la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que establece que ningún diputado suplente goza de fuero o inmunidad constitucional si no ha sido llamado a sustituir al titular.

Rivera Monge, legislador de Chalatenango por Concertación Nacional (PCN), es acusado por la Fiscalía de haber lavado 10 millones de dólares que se presume provenían del narcotráfico internacional.

El Ministerio Público informó, a través de un comunicado, que la próxima semana pedirá a un tribunal de justicia que abra el respectivo proceso penal ordinario en contra de Rivera Monge bajo cargos de lavado de dinero.

Por lo mismo, la Fiscalía pidió ayer a la Asamblea Legislativa que ya no siga con el antejuicio, porque Rivera puede ser capturado sin necesidad del aval de los diputados. La Asamblea ya había nombrado una comisión.

La petición de antejuicio en contra de Rivera Monge fue presentada por el Fiscal General, Luis Martínez, el 29 de agosto pasado, un día después de los arrestos de su esposa Aremis Leonor Sifontes Meléndez y su hijo Wílber Alexander Rivera Sifontes.

La Fiscalía acusa a los tres de haber lavado 10 millones de dólares, que se sospecha provenían de las actividades del narcotráfico de las que la Fiscalía acusa también a Jorge Ulloa Sibrián, (a) el Repollo.

Ulloa Sibrián es procesado penalmente por narcotráfico y recientemente el Juzgado Noveno de Instrucción le ratificó su detención para llevarlo a juicio.

El fiscal Martínez se limitó a decir en esa ocasión que “el diputado Monge facilitó actividades ilícitas de blanqueo de dinero”.

La Fiscalía argumenta su decisión de desistir de pedir el antejuicio en contra del diputado pecenista en el fallo de la Sala de lo Constitucional del pasado 10 de septiembre que dice “los diputados suplentes, mientras no hayan sido llamados a formar Asamblea y ejercer la diputación, no son titulares de los derechos prerrogativas y atribuciones inherentes a la condición parlamentaria”.

También fundamenta su petición en la resolución emitida el 12 de junio de 2013 por la misma Sala que señala que “y es que, aunque en virtud del mandato representativo, establecido en el artículo 125 de la Constitución y de la legitimidad democrática de la que gozan los diputados propietarios, no los suplentes cuando ellos no están ejerciendo su labor legislativa”.

Pero diputados reaccionaron diciendo el jueves que el Tribunal Constitucional no ha declarado “inconstitucional” esa prerrogativa, sino que ha emitido una recomendación u “observación”.

En ese sentido, algunos legisladores dijeron que podrían adecuar el Reglamento Interno de la Asamblea para poder cumplir con lo que ha dictaminado la Sala de lo Constitucional.

El Fiscal Martínez no piensa así. Es más, recordó que el fallo de la Sala establece que las comisiones parlamentarias de investigación “carecen de funciones jurisdiccionales”, es decir, no son tribunales y no pueden interferir en la esfera judicial.

Hasta las 6:00 de la tarde de ayer, la orden de captura aún no había sido recibida por la Policía, según confirmó el subdirector de la corporación, Howard Cotto.

Detenido en julio de 2012

No es la primera vez que el diputado Rivera Monge tiene problemas con la justicia. La tarde del 23 de julio de 2012, Rivera Monge fue detenido por la Policía, acusado de haber atropellado a un agente policial e intentar arrollar a otros dos, luego de que estos le ordenaron que detuviese el automóvil que manejaba al escapar de una pesquisa policial.

En esa ocasión, la Policía puso a Rivera Monge a la orden de la Asamblea Legislativa porque se suponía que gozaba de inmunidad constitucional, pero en octubre de ese mismo año fue exonerado por los diputados en un antejuicio porque consideraron que no había evidencias de lo que lo acusaban la Fiscalía y la Policía.