Al mismo tiempo que el diputado Wílver Rivera Monge comparecía en el tribunal, diputados en la Asamblea Legislativa insistían en que ellos eran los que debían decidir antes si él debía ser procesado por una autoridad judicial como cualquier otro ciudadano.
Los legisladores insistieron en que el caso de Rivera Monge debe continuar en la comisión especial de desafuero, pero en ese momento ya una jueza había enviado a la cárcel al parlamentario bajo cargos de agrupaciones ilícitas y lavado de dinero y activos.
La funcionaria se basó en la resolución de la Sala de lo Constitucional que establece que los diputados suplentes no tienen fuero salvo cuando sustituyen al titular, algo que los legisladores no aceptan como un fallo, sino como una “opinión” de los magistrados.
Los diputados mandaron a llamar al presidente de la Corte Suprema, Armando Pineda, quien preside también la Sala y que les reafirmó que esa era una “línea jurisprudencial” (criterio establecido o doctrina) del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, los diputados adujeron que “las líneas jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional no son de estricto cumplimiento”, pese a que ya hay varios antecedentes al respecto.
Pineda dijo que al menos en dos oportunidades la Sala ha resuelto con ese criterio. “Hay un criterio, una línea que la Sala está diciendo que es lo que puede suceder en un determinado caso, como el del diputado”, afirmó Pineda.
Posteriormente, la comisión especial acordó que Guillermo Gallegos, diputado de GANA y fiscal legislativo, tiene que rendir un informe sobre la decisión de la Fiscalía de retirar su petición de antejuicio de Rivera a fin de que mejor lo juzgara un tribunal común.
Además se acordó que Rivera debe nombrar a un abogado por la apertura de antejuicio.
La diputada del FMLN, Jackeline Rivera, afirmó que la Sala de lo Constitucional no está contribuyendo al Estado de Derecho. Para ella, la Sala “ha adelantado criterio”, es decir, se ha pronunciado anticipadamente.
“Parece que cualquiera puede generar inconstitucionalidades de oficio. Eso es delicado para el sistema judicial del país”, alegó Rivera.
El reglamento interior de la Asamblea Legislativa señala hasta 60 días de plazo para los antejuicios, pero los diputados aclararon que ese es un tiempo máximo, por lo que se debe resolver de inmediato.