Ya pasaron 10 meses y nadie del Gobierno habla con certeza por qué no se ha licitado y ejecutado ningún proyecto de Centros Penales con un préstamo del BCIE por $71 millones que serviría para aliviar el hacinamiento carcelario que a la fecha tiene más del 300 por ciento, cifra reconocida por las mismas autoridades de Seguridad.
Con los recursos provenientes del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), las autoridades planean desde 2013 construir las fases II y III del penal de Izalco, en Sonsonate, actualmente esta abandonado.
Se incluye la construcción y equipamiento de tres granjas penitenciarias y la compra de brazaletes para 2,000 reos de baja peligrosidad, entre otros proyectos.
Según el decreto legislativo 349, el 5 de abril de 2013, los diputados autorizaron al Ministerio de Hacienda negociar el préstamo con el BCIE denominado “Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El Salvador”, por un monto de $71 millones.
Diecinueve días después, Hacienda firmó el contrato del préstamo con el BCIE, el 24 de abril de 2013, y el 3 de octubre la Asamblea dio luz verde al préstamo aprobándolo.
Finalmente, el 7 de octubre de 2013, el expresidente Mauricio Funes autorizó el préstamo y mandó a publicarlo en el Diario Oficial para que el Ministerio de Justicia usara de inmediato los recursos.
Desde mediados de 2011, los proyectos de ampliación y modernización de cárceles han estado abandonados por incumplimiento de las empresas y luego, con la autorización del préstamo de BCIE en 2013, existía la esperanza de ser terminados; sin embargo, la situación no ha cambiado y los funcionarios de turno no tienen una versión concreta sobre lo que ha sucedido.
La Unidad de Acceso de Información del Ministerio de Justicia, a petición de un periodista de El Diario de Hoy, respondió que al 27 de julio de 2014 no se ha recibido desembolso sobre el monto del crédito otorgado (71 millones de dólares, ver carta anexa).
Tampoco, “a la fecha se ha iniciado la ejecución financiera de los proyectos considerados en el referido préstamo”, según el informe de la UAIP.
De acuerdo con la programación de obras del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a esta fecha debería estar avanzada la preparación de las bases de licitación de las obras pendientes en el penal de Izalco, al igual que en la granja de Santa Ana, Izalco y Zacatecoluca, pese a que cuando se aprobó el empréstito los funcionarios de Seguridad dijeron, en la Comisión de Seguridad de la Asamblea, que todo estaba listo.
Según el director de Centros Penales en funciones, José Luis Rodríguez, al momento solo se afinan los términos de referencia para la licitación de las fases II y III del penal de Izalco.
En cuanto a la compra de brazaletes electrónicos para reos menos peligrosos, esta fue aprobada en junio, según legisladores.
El exministro de Justicia, Ricardo Perdomo, dejó la cartera de Estado diciendo que las obras que se financiarían con los préstamos internacionales no se realizaban porque el Ministerio de Hacienda no había asignado los recursos al presupuesto en ejecución.
El titular de Hacienda, Carlos Cáceres, manifestó el jueves pasado, al salir de una entrevista televisiva, que los $71 millones del préstamo del BCIE están listos para ejecutarse por Justicia y Seguridad.
Añadió que hay un segundo préstamo por 45 millones de dólares que se gestiona con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la misma cartera, que todavía no están disponible porque aún falta que los diputados lo aprueben.
Adicionalmente, el Ministerio de Justicia y Seguridad ha solicitado un refuerzo penitenciario de $32 millones de para gastos corrientes.
“Hemos hecho un análisis, creemos que ameritan un refuerzo de 28 de los 32 millones que han solicitado, porque manejan bien el presupuesto. Se les está buscando las posibilidades de financiarlos”, afirmó Cáceres.
El actual ministro de Justicia, Benito Lara, recientemente dijo que las obras que mejorarían las condiciones del sistema penitenciario salvadoreño no se desarrollan porque hay un enredo administrativo legal que debe ser resuelto.
Lara recordó que el penal de Izalco inició en administraciones anteriores con fondos de un fideicomiso, donde una constructora incumplió el contrato.
“Uno de los problemas fue que parte del presupuesto (destinado a la construcción del penal de Izalco) fue a parar al Fondo General de la Nación, lo que creó una situación un tanto compleja”, justificó Lara.
La razón, según él, fue porque esos fondos (cuatro millones pendientes por ejecutar, del fideicomiso de la administración de Antonio Saca) quedaron inutilizables porque la constructora entró en problemas financieros.
“Lo que nosotros estamos haciendo es desenredando jurídicamente la situación para iniciar lo más rápido la construcción de las últimas etapas”, aclaró. Para ello, aseguró Lara, se están auxiliando de organismos internacionales.
Agregó que el dinero para las obras está disponible, pero se requiere primero desenredar jurídicamente el problema para después continuar con la adjudicación. “Esto está peor que cuando se construía el bulevar Diego de Holguín”, señaló el ministro, aunque es la primera vez que se conoce públicamente ese argumento.