Ante las falsas informaciones que han circulado en redes sociales en las que se señalan a varias personas como “clientes” de una red de explotación sexual de menores, el Juzgado Noveno de Instrucción advirtió a fiscales y defensores de los acusados que se abstengan de revelar información relacionada al caso de trata de menores o pedirá a la Fiscalía que deduzca responsabilidad penal.
“En base al principio de lealtad, deben de guardar la reserva de la información que obra en el proceso, absteniéndose de revelar cualquier tipo de datos o información vinculados a la presente causa”, señaló la jueza Nora Montoya en su resolución.
En ese sentido, Montoya sostiene que si existe algún tipo de información que lleve a revelar la identidad de las víctimas o poner en riesgo su seguridad física, se denunciará ante la Fiscalía General para que pueda deducir responsabilidades penales.
La jueza Montoya tiene bajo su responsabilidad el proceso en contra de ocho personas a quienes se les acusa de integrar una red de prostitución de menores. Este grupo de supuestos explotadores de menores fue capturado en noviembre del año pasado.
A finales de agosto de este año se arrestaron a otras siete personas vinculadas a la misma organización, pero ellos ahora son procesadas en el Juzgado Segundo de Instrucción. Los dos casos tienen reserva total.
La jueza Montoya recordó que algunos medios de comunicación y en las redes sociales “se ha estado proporcionando información adelantada sobre los hechos, que han llevado a tergiversar algunos datos” y agrega que “es necesario resaltar que en diversas publicaciones periodísticas no se mencionan fuentes de información responsable, dando a conocer algunos nombres y lugares, relacionadas según ellos al caso concreto; lo que nos sitúa a la probable existencia de juicios paralelos o incluso de juicios previos, pues no precisamente se toma como base la información que obra en el proceso”.
Cuestiona que en las publicaciones periodísticas, entrevistas televisivas y en las redes sociales se hayan tomado como base “fuentes no autorizadas, datos e informaciones que no han sido incorporadas legalmente al proceso para su discusión y valoración y consecuentemente no se pueden deducir responsabilidades”.
En ese sentido, la jueza Montoya justificó la reserva total del proceso al señalar que se trata de proteger la identidad de las víctimas.
Para ello, citó el artículo 106 del Código Procesal Penal que establece la obligación de proteger debidamente la intimidad del menor y que se aplique total o parcial en el proceso para evitar la divulgación de información que pueda conducir a la identificación de la víctima menor o la de sus familiares.
“En lo personal no estoy de acuerdo en la reserva de los procesos, pero en este caso, en primer lugar, lo mandata, y luego hay que proteger lo más que se pueda a la víctima porque de eso depende la colaboración que se tenga (de la víctima) en el proceso, porque sus declaraciones van dando diferentes líneas de investigación”, dijo Montoya.
Aclaró que la reserva del proceso es para proteger la identidad de las víctimas y de su familia y de como han ocurrido los hechos; pero no para omitir las identidades de las personas que son acusadas o involucradas en este caso de la red de prostitución de menores.
Las edades de las víctimas oscilan entre 13 y 16 años , algunas de ellas son estudiantes, a quienes las han reclutado con engaños de que ganarán jugosos salarios como modelos, para involucrarlas en estas redes.
Hay riesgo de que víctimas desistan
La jueza sostuvo que a raíz del escándalo que se ha hecho en las redes sociales sobre supuestos “clientes” que han contratado los servicios sexuales de menores, se ha puesto en riesgo el hecho de que las jóvenes víctimas desistan de continuar colaborando con las investigaciones.
“Hemos tenido y corremos el peligro de que las víctimas ya no quieran seguir colaborando”, dijo Montoya. Agregó que “de hecho en las declaraciones anticipadas que hemos tenido, el estado emocional es bastante fuerte, entonces, ellas siempre reiteran su temor a que se divulgue la información que están dando porque no solo se pone en peligro la vida de ellas, sino también la vida de su núcleo familiar”, dijo la juzgadora.
Desmiente información de supuestos “clientes”
Cuestionó el hecho de que algunas personas se han dado a la tarea de hacer circular una serie de imágenes en las redes sociales con la intención de hacer creer a la población de que se trata de documentación propia del expediente judicial.
“Se nota que le han tomado una foto a alguna de las páginas del proceso, lo cual hay un evidente montaje, ya en la circulación de estas mismas, lo que ha llevado a señalar a personas que en el proceso no están mencionadas”, dijo Montoya.
Sostuvo que es lamentable que se esté dando es tipo de información falsa porque entorpece las investigaciones sin que éstas puedan llevar a descubrir quiénes más estarían detrás de estas redes de prostitución que operan a nivel internacional, y además porque “esto da pie al morbo de la ciudadanía, al aprovechar de querer distraer la atención de un caso que es muy delicado”.
Sin embargo, la jueza Montoya reconoció que hay algunas personas, que no es la mayoría, que han sido mencionadas por las víctimas, pero que será la Fiscalía la que determinará si los sospechosos tienen responsabilidad penal o no, por la supuesta contratación de los servicios sexuales de las menores.
Se trató de conocer la posición de la Fiscalía General sobre esa advertencia, pero un vocero de esa institución dijo que por la reserva que tiene el caso no podían pronunciarse.
Sin embargo, el Fiscal General, Luis Martínez, confirmó el martes pasado que un listado de supuestos “clientes” de la red de prostitución de menores es falsa y agregó que lo que han hecho es poner nombres de personas en “dizque folios de juzgados”.
Agregó que “lo peor es que vienen algunos funcionarios de una forma arbitraria y alocada, protagonistas de desastres, a generar una serie de especulaciones”.
Aseguró que han pedido a la jueza que envíe un oficio a todos los “funcionarios irresponsables” que han estado queriendo llevar un estado perverso y sucio”.
Dos casos y 15 acusados
Ocho de los 15 acusados de integrar la red de prostitución fueron arrestados en noviembre de 2013. Sus detenciones se registraron en sus casas de habitación en Apopa, San Marcos y San Salvador.
El anzuelo para engañar a las menores era que trabajarían como edecanes para todo tipo de eventos o que las convertirían en modelos con jugosos salarios. Sin embargo, cuando las menores caían en la trampa las obligaban a que se prostituyeran. A varios de los “clientes” les hacían creer que les “venderían la virginidad” de las jóvenes, por cuyos servicios cobraban entre 100 y 120 dólares.
En esta oportunidad arrestaron a Blanca Hermelinda Montiel Benítez, de 51 años; Ana Milagro Mancía Santamaría, Denisse Yanira García Méndez, de 24; Yasmín Elena Méndez Arias, de 18; Johana Yanina Gil Canizález, de 21; y Manuel Antonio Ángel Orellana, a quien conocían como “profesor Angelito”, de 58.
Este último es señalado por la Fiscalía como uno de los “clientes frecuentes”, ya que se supone que contrataba los servicios sexuales de las menores.
Todas estas personas, quienes están a las órdenes del Juzgado Noveno de Instrucción, guardan prisión en distintos penales del país, mientras llega la audiencia preliminar donde se definirá si son llevados a juicio.
A finales de agosto, la Fiscalía y la Policía capturaron a otras siete personas, dos hombres y cinco mujeres, acusadas de prostituir a menores de edad. Este grupo de personas fue enviado a prisión por el Juzgado Segundo de Paz, debido a que encontró las evidencias necesarias de su probable participación en la explotación sexual de niñas. El caso pasó a conocimiento del Juzgado Segundo de Instrucción.
En esa ocasión arrestaron a David Armando Pérez Bonilla, de 22 años y a quien señala de ser el cabecilla de la red; Brigitte Estefani Mejía Quán, de 20; René Merino Morán, de 22; Karla Yamileth Iraheta, de 27; Estela Lourdes Castillo Cortez, de 22; Karla María López Fuentes, de 23; y Yeni Rosibel Ramírez Arévalo, de 23.