El martes por la mañana, a los gremios de profesores les cayó un balde de agua fría. En la cita a la que fueron convocados por el ministro de Educación, Carlos Canjura, para continuar la negociación salarial que empezaron días atrás, les notificó que no estaba autorizado para tomar acuerdos económicos con ellos, expusieron.
“Pensamos que al posponerla (porque inicialmente estaba pautada para el 1 de septiembre) iban a tenernos una respuesta más justa para las aspiraciones del magisterio, pero lo que ocurrió es que antes de empezar la reunión, el señor ministro de Educación nos dijo que recibió un memorando del señor secretario técnico de la Presidencia, en donde le pedía que se abstuviera de firmar cualquier acuerdo salarial con el magisterio”, afirmó Francisco Zelada, secretario general de Simeduco.
Este matutino volvió a solicitar, ayer, ante la oficina de comunicaciones, una entrevista con el ministro Canjura, con el fin de consultarle sobre este tema, pero al cierre de esta nota no había una respuesta institucional.
En reuniones previas, un grupo de las gremiales de profesores a las que el titular de Educación convocó, entre ellas Simeduco y Bases Magisteriales, habrían propuesto al Gobierno empezar con un incremento del 20 % a todos los rubros del salario de los maestros y personal administrativo.
La idea de los gremios era que el próximo año recibieran un 15 por ciento del aumento, el siguiente un 10 por ciento y luego el cinco por ciento.
Zelaya afirmó que inicialmente los titulares del ramo propusieron el 10 por ciento de incremento solo al sueldo base y distribuido en cuatro años, pero en la penúltima reunión habían movido su posición.
“(El ministro) dijo que era posible que ese 10 por ciento también incluyera todos los rubros del salario”, expresó el sindicalista, tras afirmar que la indicación que el Gobierno envió al titular dejó en punto muerto las negociaciones.
Según Zelada, lo ocurrido es “inédito”, es decir, ningún ministro de Educación había sido desautorizado para firmar acuerdos con los maestros.
Paz Zetino Gutiérrez, secretario general de Bases Magisteriales, expresó que “nos parece muy irresponsable (la actitud), porque es desde la administración anterior que se ha acostumbrado a que todas las negociaciones salariales las están trasladando a Casa Presidencial, y nosotros creemos que nuestro interlocutor, nuestro patrono es el ministro de Educación y es allí donde debemos buscarle solución a los problemas, especialmente en este caso, que se trata de darle cumplimiento a la Ley de la Carrera docente”.
De acuerdo con lo expresado por el dirigente de Bases Magisteriales, debido al descontento externado por las gremiales, los funcionarios les han pedido un nuevo compás de espera de quince días para hacer gestiones y han programado una nueva reunión para el 16 de septiembre.
“Se está confirmando la hipótesis que manejábamos, que era una propuesta engañosa. Era una situación más para dilatar el tiempo y nosotros vamos a hacer un análisis con los sindicatos de la intergremial y vamos a tomar algunas decisiones”, afirmó el sindicalista, tras señalar que los gremios han sido muy flexibles hasta la fecha para evitar hacer tanta protesta.
Zelada, de la gremial Simeduco, duda del compás de espera solicitado porque ya el 30 de septiembre vence el plazo para que el ministro de Hacienda presente el presupuesto 2015 al Órgano Legislativo.
“Sino van los incrementos salariales que deben ir para el año 2015, en ese presupuesto, lo más seguro es que la escuela pública tenga que cerrar antes del tiempo por falta de recursos y por falta de seguridad salarial para los maestros”, citó el sindicalista, quien estima que un 60 por ciento de centros donde tienen afiliados atenderían un llamado de cierre de ser necesario.
Este fin de semana, las dos gremiales mencionadas realizarán consultas con sus miembros, para definir cuales son las acciones que realizarán en las próximas semanas, tanto por el tema salarial, como por el hecho de que si bien el Gobierno está haciendo algunos desembolsos a los centros educativos, estos no son en su totalidad. A eso suman los problemas de amenazas que sufren los educadores.