Tres años han transcurrido ya desde que la constructora Astaldi abandonó el proyecto hidroeléctrico de El Chaparral, por el cual el Gobierno del expresidente Mauricio Funes le pagó $108.5 millones, vía arreglo directo.
La firma italiana dejó los trabajos aduciendo “imprevistos imprevisibles” en la montaña, situada en San Luis La Reina y Carolina, en la zona norte del departamento de San Miguel y justificó que la construcción tenía un 38 % de avance, por lo que tenía que indemnizársele.
Pese a las dudas sobre estas explicaciones y con el argumento de que prefería pagarle lo que la empresa exigía que ir a un pleito internacional con ella, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) terminó cancelándole en cuatro pagos el millonario acuerdo, monto que, según el diputado de oposición Edwin Zamora, incluía un sobreprecio de $32.5 millones.
El año anterior, el Gobierno de Funes anunció que continuaría con los trabajos, pero que necesitaría un nuevo diseño porque el primero, hecho por Intertechne, se descartó. Lo que más llamó la atención fue que el rediseño se le adjudicó de nuevo a la firma brasileña y se pagó $5.8 millones, a pesar de que otras firmas ofertaron a un menor costo.
A la fecha las nuevas autoridades de la autónoma, encabezadas por David López Villafuerte, siguen sin definir el rumbo de la presa El Chaparral, sobre todo en relación con el reinicio de trabajos y la validez de una precalificación de cinco empresas constructoras que concluyó a inicios del año.
Así, entre las áridas montañas de los municipios de San Luis La Reina y Carolina, en el departamento de San Miguel, El Chaparral es hoy solo un recuerdo que se oxida sobre el río Torola, luego de que en mayo y junio de 2010 las tormentas Agatha y Alex, según CEL, afectaran los trabajos y en julio de 2012 se iniciara el arreglo directo con Astaldi.
En toda el área propiedad de CEL, el silencio es la constante de todos los días porque se desconoce si la Fiscalía General de la República (FGR) ya realizó los respectivos peritajes como parte de una investigación mientras que Intertechne ya se retiró del lugar porque a la junta directiva de la institución se le entregó el nuevo diseño en noviembre de 2013, según el cronograma que CEL y la empresa definieron.
En el plantel solo se mantiene un grupo de casi 50 vigilantes de la empresa Cosase —propiedad de Miguel Menéndez “Mecafé”, uno de los hombres cercanos al expresidente Funes — distribuidos en áreas clave de los terrenos de CEL.
Además, hay otra empresa de seguridad privada contratada que custodia algunos bienes que mantiene Astaldi, sobre todo maquinaria, excavadoras, material pétreo y bodegas, ya que esto se definió en el acuerdo con CEL, que también dejó abierta la puerta para que la constructora italiana arrendara estos equipos.
Por todo esto ni los lugareños, que viven al lado norte de la presa, pueden ingresar y hasta propietarios de terrenos aledaños han tenido problemas con los vigilantes para llegar a trabajar sus tierras, según consultas que se realizó en el lugar.
El exalcalde de San Luis La Reina, José Eusebio Sorto, hoy forma parte del Comité Pro Beneficio de la Gente de El Chaparral. No solo confirma el abandono por más de tres años de la “obra” de infraestructura eléctrica: también recuerda que CEL no ha construido las obras compensatorias en las comunidades, sobre todo la calle que conecta el caserío San Antonio Las Iglesias o proyectos rurales de electrificación.
Asimismo, todavía no se habilitan las casas para 100 familias que fueron desalojadas debido a la oposición del proyecto o que habitaban en el área que ocuparía el embalse, del cual, según Sorto, hay posibilidad de que sufra modificaciones que terminarían de complicar aún más la zona del megaproyecto.
“CEL no quiere aceptar ante la opinión pública que el lugar no es el adecuado y que derrochó millones de todos los salvadoreños. Tampoco ha cumplido la promesa de terminar las obras a favor de las comunidades, incluso en aquellos sectores que ven en la presa una oportunidad de empleos”, consideró el líder comunal.
Más allá de estos inconvenientes, en la presa no hay señales de que el proyecto pueda retomarse en el corto plazo. Los últimos trabajos que se realizaron en el lugar fueron las perforaciones geotécnicas que Intertechne realizó entre mayo y septiembre de 2013 junto con la firma local Monelca, los cuales tenían que encontrar las razones por las que Astaldi abandonó el proyecto y si el margen derecho de la montaña donde se asentaría el dique de la presa tiene “supuestas” fallas geológicas.
Al respecto, una de las alternativas planteadas por el consultor eran realizar unas inyecciones de lechada de concreto (una mezcla de varios materiales) para corregir algunos problemas en la montaña pero se desconoce si las nuevas autoridades de CEL ya tomaron una decisión técnica al respecto, junto con los costos que se tendrían que asumir a través del préstamo de $162 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El Diario de Hoy pudo constatar la erosión que se está generando en la montaña abandonada y cómo la casa de maquinas (lugar donde tendrían que estar dos unidades de generación de 32.2 megavatios) ha experimentado un deterioro significativo, a pesar de que el expresidente de CEL, Leopoldo Samour, dijo hace más de un año que se estaban realizando tareas de mantenimiento para evitar una depreciación de los activos.
Además, Astaldi aún mantiene en una zona del que fue el campamento de trabajadores un parqueo con tractores y maquinaria pesada, lo cual confirma que se está cumpliendo el arreglo directo con CEL que incluso le permitirá alquilar estos equipos para un nuevo contratista o optar por una segunda licitación.
“En la zona, desde hace más de un año no se ve actividad por parte de CEL , algunas veces se ve gente de Astaldi. Eso sí, hay mucha agua retenida en algunas zonas, lo cual está generando problemas de salubridad porque solo hay un ataguía que permite desviar una cierta cantidad de agua. Eso puede complicar a los lugareños”, insistió Sorto.
Se buscó una posición oficial por parte de CEL, a través de la Unidad de Comunicación, y se envió un cuestionario pero, al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.
El presidente Salvador Sánchez Cerén confirmó el pasado 18 de julio la decisión de solicitar al presidente de CEL informes tanto de El Chaparral como otros proyectos de generación de la autónoma paralizados. De momento se desconoce si ya fueron enviados al despacho del mandatario y si hay algún lineamiento desde Casa Presidencial para acelerar la licitación.
A mediados de junio, el Vicepresidente Óscar Ortiz afirmó que también solicitaría la documentación y un informe sobre el estado de El Chaparral. Incluso, anunció que conocería “in situ” la situación en la presa abandonada, ubicada en el río Torola, pero esto sigue en el aire, como la incertidumbre de El Chaparral.