Tras la detención provisional contra el sacerdote, Antonio Rodríguez, conocido como padre Toño, quien fue acusado de tráfico de influencias e introducción de objetos ilícitos en centros penales, diversas organizaciones sociales se pronunciaron calificando los hechos como una persecución política.
Así lo dio a conocer hoy la Fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD), en una conferencia de prensa.
Abraham Ábrego, director de la organización dijo que el trabajo que realiza el padre Toño ha estado orientado a resolver y mediar en el tema de la violencia en zonas conflictivas del país.
Asimismo, manifestó que el proceso ha tenido el seguimiento de instituciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los defensores también señalaron que se han registrado una serie de supuestas anomalías en el proceso, por ejemplo, “que no tuvieron acceso en un inicio a la documentación o requerimiento fiscal”.
Tanto abogados como la organización piden la protección del religioso ya que consideran que se mantiene en riesgo su vida tras las amenazas que ha recibido, por lo cual, se ha mantenido con un régimen de protección.