El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Armando Pineda Navas, anunció que promoverá la depuración de los malos jueces en el Órgano Judicial.
“Será uno de mis objetivos la depuración (de jueces) pero dentro del marco de lo que establece la ley”, afirmó el funcionario, quien se presenta hoy ante el pleno de magistrados tras haber sido nombrado.
Pineda admitió que no será una tarea fácil, ya que, a su criterio, hay “denuncias infundadas y otras con fundamento”, en contra de algunos jueces, pero se comprometió a analizar cada una de ellas con la diligencia que merecen a través de la comisión magistral que se creó para tal efecto.
“Es difícil, no es fácil la tarea, tiene que verse los pro y contras , qué se dice de los jueces, qué pruebas existen sobre eso”, afirmó.
Pineda Navas anunció que hoy convocará a Corte Plena con el fin de empaparse de todo el manejo de la institución, ya que el funcionario asumió la titularidad de la CSJ el 1 de agosto. Dijo que exhortará a los magistrados a trabajar en armonía y con respeto para aplicar una “pronta y cumplida justicia”.
El compromiso de Pineda Navas llega en momentos en que el Fiscal General de la República (FGR), Luis Martínez, ha pedido a la CSJ que retire el fuero a tres jueces acusados por la Fiscalía del delito de “cohecho” (soborno).
La Fiscalía quiere procesar específicamente a Enrique Beltrán, juez Especializado de Sentencia; José Rodolfo Castillo, Juez Suplente Especializado de Sentencia, y Jorge González Guzmán, Juez Especializado de Instrucción, todos de San Miguel.
El mismo Fiscal se presentó a interponer la petición de desafuero de los tres funcionarios el 30 de julio.
Meléndez lo denunció
Anteriormente el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, Florentín Meléndez, había advertido cuando fungía como presidente interino de la Corte Suprema, que los tentáculos de la corrupción han arribado también al Órgano Judicial.
El 20 de mayo, Meléndez informó a los periodistas que tenía conocimiento que un juez suplente habría ofrecido sus servicios al “narcotráfico” cuando relevara en su cargo al juez propietario.
El magistrado Meléndez, quien fungía en esa oportunidad como presidente interino del órgano Judicial, omitió el nombre del juez, así como el juzgado y el departamento en el que trabaja, pues afirmó que la investigación estaba en proceso.
“Es tremendamente preocupante que operadores judiciales estén en complicidad, en convivencia con el crimen organizado y con cualquier forma de delincuencia en el país”, lamentó ese día tras asistir a la Conferencia Regional sobre Independencia Judicial y Fenómeno de la Impunidad en Centroamérica.
En ese foro Meléndez reveló que el Órgano Judicial ha sido “permeado” por la corrupción y pidió a los jueces no dejarse someter a intereses económicos y políticos, sino a trabajar con la Constitución de la República en la mano para aplicar la justicia.
Esto le valió al magistrado Meléndez una serie de críticas y ataques de asociaciones de jueces y sindicalistas que incluso llegaron a pedirle a la Corte en pleno que le diera un voto de censura. La gestión, sin embargo, no prosperó.
“Tiene que haber un cambio de actitud en el Órgano Judicial para que cambie el país. Hemos estado dormidos, apáticos, sin asumir un compromiso real frente a la población. Hemos dejado que la corrupción permee el Órgano Judicial”, reflexionó el magistrado de la Sala de lo Constitucional.
También señaló Meléndez que existen más casos, pero se negó a brindar los detalles a los periodistas. El magistrado exhortó que para aplicar el régimen sancionatorio a los jueces que se prestan a la corrupción “necesitamos denuncias, pruebas y abrir un expediente disciplinario… hay dudas razonables sobre la vinculación y cooperación de algunos operadores judiciales con el crimen organizado”, argumentó.
El reclamo del gremio judicial no se hizo esperar y en un pronunciamiento público del 5 de junio mostraron su indignación y rechazaron las afirmaciones de Meléndez.
Las gremiales de jueces señalaron que sus expresiones son “gravísimas” porque “constituyen un atentado a la dignidad de los servidores judiciales”, y las calificaron de “cargadas de emotividad y faltas de objetividad”.