Como ilegal, así calificó la empresa Trade Internacional la iniciativa de reforma a la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, que presentó el MOP a la Asamblea Legislativa el pasado 8 de agosto.
La cartera solicitó reformar el artículo 7, inciso segundo, de dicha Ley para entregar el subsidio a los buses y los microbuses del transporte colectivo de acuerdo al número de pasajeros trasladados.
Según el documento, para contar el flujo de usuarios las unidades deberán contar con un mecanismo electrónico, sistema de GPS y un validador.
A criterio de la presidenta de Trade Internacional, Astrid Oyarbide, la reforma busca que la instalación de este sistema quede en manos de Subes El Salvador, ya que es el único operador tecnológico que ha obtenido el “visto bueno” del Viceministerio de Transporte (VMT) para instalar los validadores o aparatos lectores de tarjeta.
Desde mediados de 2013, Subes inició la instalación de los aparatos en las unidades de Santa Tecla, Ciudad Merliot, parte de La Libertad y de la zona sur y norponiente de San Salvador, pero el cobro electrónico aún no despega.
Los directivos de la empresa integrada por buseros, Sipago, dijeron que Subes también ofrecerá sus servicios tecnológicos en el Sistema Integrado del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).
Trade es una empresa que ha tratado de entrar al negocio del cobro electrónico, pero el VMT no le ha dado el “visto bueno”.
Oyarbide aseguró el sábado que el VMT también quiere “empeñar el flujo de dinero de los actuales transportistas para comprar los buses (para el Sitramss) a las fabricas brasileñas”.
“Los transportistas entregaron un carta (al VMT), asociados toda la gente de Soyapango, Ilopango, para que les aprobaran el asunto de la tarjeta de ellos (Pagobus), y nunca contestó la carta”, explica Oyarbide sobre las iniciativas de los buseros para tener su propio sistema de cobro electrónico.
Trade también asesora a varios transportistas de Soyapango e Ilopango para implementar su propio sistema de seguridad en nuevas flotas de buses.
Obligados a instalar validadores
El artículo 2 de la iniciativa de reforma plantea: “Las unidades que prestan el servicio de transporte colectivo en el AMSS tendrán 90 días, contados a partir de la vigencia del decreto, para implementar los mecanismos que permitan contabilizar los pasajeros movilizados”.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Transporte de Pasajeros (ATP), Roberto Soriano, afirmó recientemente que el VMT está obligando al sector a instalar el sistema de cobro electrónico y que al no hacerlo prácticamente los dejaría “fuera del negocio”. Los miembros de AEAS secundaron esta opinión.
Oyarbide advirtió que el VMT está corriendo para modernizar el transporte público del AMSS sin darle el “visto bueno” a otro operador tecnológico y sin tener en cuenta que los aparatos colocados por Subes aún tienen “hoyos tecnológicos”.
“Por ejemplo no hay señal en ciertas zonas del trayecto de Santa Tecla y La Libertad; tampoco se ha contemplado que muchas unidades están muy viejas y no se les podría instalar el sistema”, afirmó.
Ella agregó que buscarán el apoyo de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa para que analicen a profundidad la iniciativa.
Además, indicó que el viceministro de Transporte, Nelson García, podría ser demandado por buseros e incluso usuarios, ya que no puede obligar a los transportistas a cobrar de forma electrónica, ni a la población a pagar de forma exclusiva con tarjeta, a través de un decreto.