La representante del Instituto de Estudios de la Mujer (Cemujer), Ima Guirola, considera que los diputados del FMLN, GANA y varios tránsfugas que dieron sus votos para la reforma fiscal y la elección de funcionarios de segundo grado, violentaron la Constitución de la República y por eso dice que estudian la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Guirola, quien es la vocera de Cemujer, aseguró a El Diario de Hoy que como entidad que vela por la legalidad del país analizan presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de justicia, tras los decretos legislativos para el paquete de reformas fiscales y el nombramiento de los titulares de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas de la República y magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
“Tienen (esos decretos) claras violaciones a la Constitución, por eso es que señalábamos que estamos estudiando la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad”, manifestó Guirola a este periódico.
Y es que a su juicio, los legisladores rompieron la legalidad y en especial varios artícu los de la Carta Magna, con tal de aprobar los decretos en el llamado “madrugón” legislativo en la sesión plenaria del pasado jueves.
“Las cuatro o cinco decisiones que tomaron en esta plenaria fueron decisiones que en realidad estaban amarradas bajo componendas partidarias; me estoy refiriendo al nombramiento de las tres instituciones, me estoy refiriendo al tema fiscal propiamente”, manifestó Guirola.
Ella se refiere a la aprobación del paquete fiscal que incluye el 1 % sobre los activos netos de las empresas, además de un impuesto de $2.50 por cada transacción bancaria por cada $1,000. Un tercer decreto fiscal fue aprobado para que el Estado pueda hacer públicos los nombres de las empresas que caigan en mora con el fisco.
En esa misma jornada, los legisladores nombraron a Jovel Humberto Valiente como presidente de la Corte de Cuentas de la República y a Luis López y Marco Antonio Grande, como primero y segundo magistrados, respectivamente.
Como titular de la CSJ y de la Sala de lo Constitucional, se nombró al exgerente de operaciones de la Asamblea Legislativa, Óscar Armando Pineda Navas.
Para el TSE, se eligió a propuesta del FMLN, a Julio Olivo Granadino, como titular, y para magistrados a Miguel Ángel Cardoza, Ulises de Jesús Rivas, Guadalupe Medina y a Fernando Argüello.
A criterio de la vocera de Cemujer, los artículos que posiblemente hayan sido violentados por los diputados del FMLN, GANA y varios exareneros que votaron por la reforma fiscal, y por parte de quienes dieron sus votos para la elección de los funcionarios son: el 86, 172, 186 y 218 de la Carta Magna.
Ima Guirola considera que el rompimiento de la legalidad por parte de los legisladores no es por error, sino mas bien algo intencional que busca intereses partidarios.
“Hemos visto en el Órgano Legislativo una actitud deliberada de los diputados de las diferentes fracciones, una actitud deliberada de incumplir la Constitución, y lejos de hacerla cumplir, inclusive a hacer llamados de desobediencia a la misma Constitución”, apuntó.
Ya en tres ocasiones la Sala de lo Constitucional ha declarado inconstitucionales los nombramientos de funcionarios que ha realizado la Asamblea Legislativa tanto para la Corte de Cuentas como para la Corte Suprema de Justicia, y más recientemente en el TSE.
Ha establecido que para cargos en esas instituciones del Estado donde se imparte justicia, uno de los requisitos ineludibles es que las personas seleccionadas no pertenezcan o no militen en partidos políticos.
La representante de Cemujer dice que el estudio sobre una posible demanda de inconstitucionalidad la harían con otras instituciones no gubernamentales que velan por la legalidad de los funcionarios y mencionó a la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico (Funde) que también ha criticado el “madrugón” legislativo.
Aseguró que no se han podido coordinar con las otras organizaciones por la temporada de vacaciones agostinas, pero que al retornar de ellas se sentarán para analizar la posible demanda ante la CSJ.