La Embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, se mostró complacida por las recientes reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero, que fueron avaladas la semana pasada.
La diplomática calificó de positivas dichas modificaciones y agregó que fortalecen aún más dicho cuerpo legal. Sin embargo, dijo que habrá que esperar la decisión que tome el presidente Salvador Sánchez Cerén en caso decida sancionarlas, observarlas o incluso vetarlas.
El pasado jueves 21, la Asamblea Legislativa aprobó por 79 votos (de todas las fracciones) dos reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero, que incluye a los exfuncionarios y sus familiares, ser objetos de fiscalización.
“Sin lugar a dudas las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero, que se aprobó la semana pasada, fortalecieron la ley. Los Estados Unidos está analizando y observando todas estas reformas, viéndolas de cerca… Estamos contentos porque sí sabemos y sí entendemos que esto va a ser una gran fortaleza, no solamente para la ley sino también para la democracia”, manifestó.
La Embajadora expresó que Estados Unidos, a través de la Cooperación de los Fondos del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), está analizando todas las reformas que se han dado últimamente y luego les dirán cuál es el siguiente paso que se deberá seguir.
Los diputados reformaron los artículos 9 y 10 de la normativa Antilavado. Pero es el cambio en el artículo 9, literal “b” donde se agrega una referencia expresa al artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que habla de los exfuncionarios.
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para exigir a las instituciones financieras que funcionan en su territorio que verifiquen la identidad de los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores”, se lee en parte del artículo.
Esta es la cuarta reforma en ocho meses realizada a dicha ley, que es uno de los requisitos establecidos para la erogación del segundo compacto de los Fondos del Milenio (Fomilenio II) de $277 millones que serían destinados para el desarrollo de la zona costera.
Proceso niños migrantes
En otro tema, la Embajadora expresó que hasta el momento Estados Unidos no ha realizado deportación alguna de niños y adolescentes que han ingresado ilegalmente a dicho país y sin compañía de sus padres.
Afirmó que los únicos casos en donde sí se han repatriado algunos de los menores son los que han ingresado ilegalmente al país con compañía de uno de sus papás.
El resto de niños salvadoreños, que sobrepasarían los 15 mil, está esperando el proceso judicial de deportación, pues según la Constitución estadounidense, debe seguirse el debido proceso para la repatriación.
“Debo recordar que los procesos de repatriación son procesos que no llevamos a cabo unilateralmente. Lo hacemos con mucha coordinación y mucho trabajo con la Cancillería y el Gobierno de El Salvador… En Estados Unidos todos tienen derecho al debido proceso”, dijo.