El expresidente de la República, Mauricio Funes, afirmó ayer en una entrevista televisa que salió de Casa Presidencial con un menor patrimonio personal y restó importancia a investigaciones del periódico digital El Faro que denunció la adquisición de bienes y propiedades de su grupo de amigos más cercanos, entre otros hechos.
“Yo entro (a la Presidencia) con un patrimonio determinado y salgo con el mismo patrimonio, incluso con menos porque vendí dos vehículos que compré cuando era periodista”, confirmó Funes en la entrevista a Canal 21.
En este sentido el exmandatario confirmó que aun no presenta su declaración jurada de patrimonio y dijo que “tapará bocas” al respecto.
Incluso dijo que algunos de los nombramientos “de personas cercanas” no los hizo él, como en el caso de Miguel Menéndez “Mecafe”, quien fue parte del movimiento “Amigos de Mauricio” y presidente del Centro de Ferias y Convenciones (Cifco).
“En la declaración patrimonial ahí está claramente establecido que el único bien inmueble que yo poseo es una casa que compré hace 20 años. Yo la presentaré ante la Corte y muchos se quedarán sorprendidos”, afirmó.
El exgobernante defendió además su juramentación como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) bajo el argumento de que se comunicó el 13 de mayo con la Corte Centroamericana de Justicia y que, debido a la naturaleza del derecho comunitario, se le informó que la Sala de lo Constitucional “no tiene jurisprudencia”.
“Hay un intento deliberado de la Sala de perseguir al expresidente Funes y quitarme mis derechos. Son decisiones motivadas por intereses políticos, no jurídicos, que son peligrosas para el país”, afirmó.
Además, dijo que si se le acusa de desacato, por principio de territorialidad, el supuesto delito lo cometió el Guatemala, algo que solo podría ser determinado, a juicio de Funes, por la Fiscalía General de la República (FGR), la que dicho sea de paso ya anunció ayer a través del Fiscal Luis Martínez, que hay un grupo de fiscales que investiga el caso.
Pero Funes admitió que cometió desacato de la orden judicial. “El incumplimiento fue fuera del territorio nacional y la medida cautelar, en particular, está dirigida al organismo electoral de El Salvador y al Parlacen, no a mi persona. Es una discusión política, yo fui un presidente que tocó fibras sensibles del poder y por ello se me está queriendo perseguir”, expresó.
Dijo que el Parlacen decidirá sobre su caso en los próximos días, aunque aclaró estar confiado que la Corte Centroamericana y la Junta Directiva lo ratificarán en el cargo.
También confirmó que el Parlacen le pagará un salario de $5,000, un monto “suficiente” para poder tener un estilo de vida adecuado para su grupo familiar. “Yo puedo tener otros ingresos, puedo dar consultorías, puedo dar seminarios, incluso puedo tener un programa de televisión”, consideró Funes.
La Fiscalía también indaga sobre la adquisición de inmuebles de un grupo de allegados a Funes y que se habrían beneficiado durante su administración, según lo publicó el periódico El Faro .
En esa publicación se indica que el empresario Miguel Menéndez, junto a Ada Luz Sigüenza de Guzmán y Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, obtuvieron préstamos del Banco Hipotecario para adquirir propiedades y construir lujosas residencias.
Incluso se denunció que desde la Casa Presidencial y durante la gestión de Funes se ordenó la contratación y extensión de un pasaporte diplomático a Ada Mitchell Guzmán. Pese a que el canciller Hugo Martínez declaró a El Faro que esa contratación fue parte de las que autorizó Funes, este dijo que esa era una responsabilidad de Cancillería y retó a que le prueben que él ordenó esa medida vía telefónica o memorándum.