Con 48 votos, el pleno legislativo aprobó anoche reformar el artículo 331 del Código Procesal Penal con el cual se establece que los ciudadanos o elementos de seguridad pública no irán a la cárcel en caso de cometer homicidio bajo condiciones de defensa propia, y que recibirán medidas sustitutivas al respecto.
Para el diputado de ARENA, Roberto d’Aubuisson, que impulsó junto con otros parlamentarios la medida, se trata de darle protección a la ciudadanía en casos donde ejerce su derecho de legítima defensa y de realizar una investigación del delito en condiciones de universalidad.
“Con esta reforma una persona gozaría de una medida sustitutiva mientras se investiga y se encuentran indicios suficientes, sobre todo en condiciones donde hay testigos y factores que demuestren que se buscó defender la vida. Es una forma de darle un trato justo a las personas que se defienden de la delincuencia”, explicó d’Aubuisson
Estas reformas incluyen a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y a los agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM). Según el diputado de Gana, Francis Zablah, se le da a la población una herramienta de protección contra la criminalidad.
“Estamos en una situación desesperante y lo mínimo que necesita el ciudadano es contar con un respaldo legal que le asegure la posibilidad de cuidar su vida y la de sus bienes y derechos”, sintetizó.
Sigifredo Ochoa Pérez, de Democracia Salvadoreña, dijo que los cuerpos de seguridad ciudadana no tienen la capacidad física y recursos suficientes para darle protección a toda la población, por lo que consideró que es importante que la población utilice su derecho a defenderse.
“Nosotros (los diputados) tenemos seguridad, pero la gente no, la gente necesita defenderse y cuidar su vida y la de sus seres queridos. Por ello se cumplirán diversas medidas sustitutivas, algo que va de acorde con el derecho a la defensa de la vida”, puntualizó Ochoa Pérez.