Las reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, aprobadas el miércoles por todas las fracciones legislativas, serán sometidas a análisis del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), dijo ayer el Fiscal General de la República, Luis Martínez. A esto se le suma la “preocupación”, que según el presidente, Salvador Sánchez Cerén, le externó a él, la embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, tras conocer la aprobación de los diputados.
De hecho, diputados como el pecenista Antonio Almendáriz y Ernesto Angulo, de ARENA, lamentaron que en las modificaciones no se incluyeran, en las Personas Políticamente Expuestas (PEP), a los exfuncionarios, como lo establece el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
Al respecto, el Fiscal Martínez explicó que una vez entren en vigencia las modificaciones a la referida legislación especial, éstas serán enviadas al Gafic para que sean discutidas durante las reuniones que se realizarán en noviembre próximo en el país.
Sostuvo, además, que en esa reunión del Gafic es que se determinará si El Salvador ha cumplido o no con los requerimientos que exige ese organismo internacional para considerar si en el país existe o no el riesgo de poder lavar dinero u otro activos.
“Al entrar en vigencia (las enmiendas), nosotros las mandamos al Gafic para que en la plenaria que tengamos, en noviembre próximo, que se realizará en el país, puedan ser sometidas a conocimiento de ellos y ahí vamos a saber en qué calificación quedamos al final, de nuestra parte vamos hacer el mejor esfuerzo para que Gafic apruebe estas reformas”, dijo Martínez.
Aún así, el funcionario calificó de un “gran paso” las reformas hechas por los diputados a la Ley Anti-Lavado de Dinero, porque así se podrá lograr que el gobierno de Estados Unidos pueda ratificar el segundo desembolso de los fondos de Fomilenio para los proyectos de desarrollo de la costa salvadoreña.
Preocupación en EE. UU.
Sin embargo, el hecho que hayan sido aprobadas las reformas a la citada normativa y pese a que era el único requisito que faltaba para la obtención de los fondos para el proyecto Fomilenio II, todavía no se puede dar por hecho la firma de ese segundo compacto.
El mandatario salvadoreño reveló ayer la “preocupación” que le externó, según dijo vía telefónica, la representante del gobierno estadounidense en nuestro país.
“Tengo que analizar el tema que se señala porque he tenido, ayer, conversación telefónica con la señora embajadora de Estados Unidos y ella me planteó esa preocupación. Yo le dije, primero, espero que el decreto llegue a Capres para hacer estudio correspondiente con el equipo jurídico y escuchar las opiniones de los diferentes grupos parlamentarios”, externó ayer Sánchez Cerén, tras una visita que hizo al hospital general del Seguro Social.
Las reservas de lo que pueda pasar con el desembolso del Fomilenio II se debe a que no se incluyó a exfuncionarios y familiares de funcionarios en la lista de personas obligadas a rendir cuentas a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía, sobre las transacciones financieras que hagan desde los $10,000 en efectivo o de $25,000, si lo hacen por otra vía electrónica.
El artículo 2 del convenio de Naciones Unidas Contra la Corrupción, menciona que cada estado parte adoptará las medidas necesarias para exigir a las instituciones financieras que pongan énfasis en depósitos de sumas elevadas a cuentas de funcionarios o de personas que hayan “desempeñado funciones públicas prominentes”, así como de sus “familiares o estrechos colaboradores”, reza el apartado de dicho convenio.
Al respecto, el diputado del PDC, Rodolfo Parker explicó que no se menciona en la Ley Anti-Lavado de Dinero a los ex funcionarios porque eso ya está establecido en el Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción, y por ser nuestro país, firmante de ese convenio, es una ley vigente que debe aplicarse (ver más información en nota aparte).
Lo mismo plantea el presidente Sánchez Cerén, con respecto a este punto.
“Hay convenios y tratados que también implican que los familiares de funcionarios, que están en la ley, tienen que ser tomados en cuenta. O sea, que aunque no estén incluidos en la ley, hay ya convenios que sí lo incluyen. Tengo que analizar esas aristas pero yo respeto una votación casi por unanimidad porque tiene más de 74 votos de toda la representación política en la Asamblea”, manifestó el mandatario.
Son $277 millones los que El Salvador espera recibir de la Corporación Cuenta del Milenio (MCC), una vez se firme el convenio. Ese dinero iría destinado al desarrollo de la zona costera del país.
Aún con esas reservas de algunos diputados y de la diplomática estadounidense, el presidente Sánchez Cerén manifestó su beneplácito por las enmiendas que los legisladores hicieron finalmente a la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos y dejó entrever que serán sancionadas, pues a su juicio, es importante que lleven la firma de todas las fracciones legislativas.
“Una ley que tiene consenso lo que debe hacer es sancionarse, no debe observarse, pero entiendo que hay algunos diputados de PCN y ARENA que no lograron convencer a sus fracciones y ahora me piden a mí que haga algunas observaciones a la ley. Las voy a analizar”, dijo el gobernante.
En efecto, fueron 72 votos los que sumaron las distintas bancadas parlamentarias para aprobar las enmiendas, aunque posterior a la aprobación, Almendáriz y Angulo externaron sus inquietudes.
Llamado a MCC
A juicio de Sánchez Cerén, el tema de la compra de los granos básicos, que era el otro freno para la aprobación del Fomilenio II, “ya está solventado, lo único que estaba era la Ley de Lavado”, dijo.
En ese sentido, instó a la MCC que avale sin contratiempos la firma.
“Espero que la MCC también analice, porque no podemos estar sometidos a que nos estén determinando cómo vamos a legislar, es un acto soberano de un país legislar, más cuando se tiene el consenso de todos los partidos. Espero haya racionalidad en la interpretación de la voluntad política”, expresó.