Los diputados a la Asamblea Legislativa tienen en sus manos nuevas propuestas para el paquete de reformas fiscales, entre ellas que el impuesto a las operaciones financieras sea de $1,000 en adelante y no de $750 como al principio, así como gravar las propiedades para esparcimiento cuyo valor supere los $200,000, y cambios al Impuesto sobre la Renta (ISR).
La idea del Gobierno es que se aprueben algunas de estas reformas hoy en el pleno, pero la diputada de ARENA, Mariella Peña Pinto, expresó que no todos conocen el pliego de los nuevos cambios que se plantean.
También el secretario general del PDC, Rodolfo Parker, dijo que no tiene conocimiento de que hayan realizado modificaciones al paquete tributario, y que tampoco se las han presentado, y no sabe si sus recomendaciones han sido tomadas en cuenta. (Ver más detalles en nota aparte).
El jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano, ha insistido en que no votarán por ningún impuesto mientras que el Estado no aplique la Ley de Responsabilidad Fiscal a la que el Gobierno del expresidente Mauricio Funes se comprometió cuando la Asamblea le avaló $800 millones en bonos en 2012.
En ese documento el Gobierno se responsabilizó a reducir el gasto corriente, entre otros aspectos, pero ante el déficit fiscal que atraviesa el Gobierno, por el gasto “excesivo del Estado”, según ha criticado la oposición, la Asamblea tuvo que aprobar este año, una nueva emisión de bonos por $1,156 millones.
Y un mes antes de que Funes dejara la Presidencia, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, pidió a los diputados avalar un paquete de reformas fiscales para crear más impuestos.
El pliego propuesto es para gravar las transacciones financieras, las propiedades, reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley de Imprenta y de Libros, y cambios al Código Tributario.
El nuevo borrador de las reformas fiscales se ha diseñado recopilando algunas de las recomendaciones que han hecho a la Comisión de Hacienda legislativa, distintos sectores del país y con aportes de los diputados.
En la visita que Cáceres hizo en días pasados a la Comisión de Hacienda, para ampliar a los diputados sobre el tributo de las operaciones financieras, el funcionario dijo que los ciudadanos pagarían $2.50 de dólar por cada $1,000 que comercialicen en un mes.
En esa propuesta original se establece que los pagos de bienes y servicios mediante el uso de cheque, tarjeta de débito, transferencias electrónicas, y a favor de terceros bajo cualquier modalidad o medio tecnológico arriba de $750 realizadas en un solo mes, pagarían un impuesto del 0.25 %, “lo que equivale a 2.5 por mil sobre el monto de las transacciones u operaciones gravadas”.
El cambio realizado y que se prevé sea discutido por los diputados hoy es elevar de $750 a $1,000 el monto a gravar en el caso de las operaciones financieras.
Sobre este punto, el economista Rafael Lemus indicó que la modificación no tiene mayor peso.
“El de operaciones financieras es un impuesto cascada, lo que significa que las empresas a las que le apliquen el impuesto lo trasladarán a los clientes al incrementar precios de productos o servicios”, advirtió Lemus.
Según el proyecto de ley del Ejecutivo, estarán exentos de este impuesto los retiros de efectivo de cuentas de depósito, tanto en cajeros electrónicos como en las oficinas del sistema financiero.
Otra de las modificaciones en este rubro se refiere a las exenciones en los desembolsos de préstamos destinados para capital de trabajo de microempresarios, para adquisición de vivienda o créditos de avío a la agricultura y ganadería cuando sean igual o inferior a $50,000.
En esta parte se modificó que en el caso de los préstamos personales o de consumo la exención procederá cuando los valores de los desembolsos sea igual o inferior a $20,000.
En cuanto al impuesto a los “bienes suntuosos” como lo ha planteado el Gobierno en su propuesta original, se hace una diferenciación del tributo que deberían pagar los dueños de propiedades que son utilizadas para el esparcimiento, ya que en esta parte, el Gobierno pretende gravar a todos los inmuebles independientemente de su costo, siempre y cuando sean ocupados para diversión.
Nuevo planteamiento
Hoy, con la nueva reforma se propone que pagarían impuesto las propiedades para recreación, esparcimiento o descanso, con construcción o sin ella, o en proceso de edificación, que en forma individual o conjunta superen el valor de $200,000, indistintamente de su lugar de ubicación, tales como: casas, lotes, parcelas, quintas ubicadas en playas, lagos, montañas o la ciudad.
Y siempre se establece que las propiedades que son utilizadas para habitar cuyo valor sea mayor a $350,000 estarán gravadas, excepto aquellos inmuebles que sirven para la producción.
En este apartado, el diputado Douglas Avilés, de CD, había puesto especial interés en que se fijara un piso, pues consideraba que con la redacción original se afectaba a un gran porcentaje de la población.
Parker ha expresado que no está de acuerdo con este impuesto, ya que hay muchas personas de la tercera edad y “mujeres solas”, según ha dicho, que viven únicamente del alquiler de estos bienes.
Pero para el economista Lemus, aún con los cambios al impuesto de la propiedad inmobiliaria suntuaria, este seguiría implicando una disminución en la inversión inmobiliaria por parte de salvadoreños y extranjeros, lo cual afectaría la inversión privada del país, que de por sí se ha ido reduciendo progresivamente, reflexionó.
Además, se propone aplicar más impuesto a los periódicos, ya no a través de reformas a la Ley de Imprenta, sino en cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
También se han hecho más reformas al Código Tributario en cuanto al plazo de caducidad para la notificación del auto de designación de auditores, que sería hasta tres años, entre otros cambios.
Pese a que no existe una certeza de que hoy en el pleno estas modificaciones sean aprobadas, Norma Guevara, del gobernante partido FMLN, dijo el martes que no descartaba que en una sola plenaria se logren los acuerdos necesarios para aprobar todas las reformas fiscales.
Sin dar fecha, Guevara indicó que también podría haber consenso para elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), al titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Vaquerano, de ARENA, ha cuestionado que el FMLN negocia esos cargos públicos con diputados de otras fracciones, por votos para avalar el paquete de reformas fiscales.
Y aunque Guevara, jefa de la bancada del FMLN, lo niega, mencionó que buscan apoyo en todos los partidos políticos, para aprobar las reformas fiscales. Para el caso, autorizar nuevos impuestos solo requiere de 43 votos de los legisladores.