La Fiscalía General de la República notificó el pasado 25 de junio al exministro de Gobernación, Conrado López Andreu, que la acusación por delitos de corrupción presentada en su contra por el también extitular de la misma cartera, Humberto Centeno, fue “definitivamente archivada” por falta de mérito.
El 28 de septiembre de 2009, Centeno pidió a la Fiscalía investigar a sus tres antecesores, entre ellos López Andreu, por los delitos de peculado (funcionario público que se apodera de los bienes del Estado) e incumplimiento de deberes.
A López Andreu se le atribuía el haber pagado 408 mil 895 dólares por encima del valor real del beneficio San Emilio, situado en Jucuapa, Usulután, a nombre del extinto Ministerio del Interior.
El monto anterior surgía supuestamente por haber pagado 9.37 dólares por vara cuadrada, en vez de 4.57, y se le culpaba de hipotecar el inmueble con el extinto Banco Cuscatlán.
Según Centeno, el terreno medía 10 mil 873 varas cuadradas menos que las establecidas en la escritura de compraventa, por lo que a su juicio, debió haberse devuelto al Estado por ese concepto, 101 mil 870 dólares y no 49 mil 685.
Pero estas argumentaciones fueron calificadas por López Andreu como errores de Centeno, porque él (Andreu) no fue ministro del Interior, sino de Gobernación; además, la propiedad en mención no estaba hipotecada por el banco, ya que, según la escritura, el inmueble se liberó de hipotecas al momento de la compraventa.
Adicionalmente, el precio que el Ministerio del Interior pagó por el beneficio San Emilio, según la escritura de compraventa fue de 797 mil 680 dólares, que incluían el terreno y sus construcciones.
Cuatro años y nueve meses después, la unidad fiscal especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía resolvió cerrar el caso: “Por no haber lugar a la acusación”, es decir por falta de evidencias contra López Andreu, cita el documento fiscal.
Pero aunque el caso está aclarado, López Andreu asegura que en más de seis ocasiones envió notas a los titulares de la Fiscalía para que se investigara a fondo su caso.
La intención, según el exfuncionario, era que el proceso “no fuera a prescribir sin haber logrado demostrar mi inocencia”.
López Andreu reiteró que quedó demostrado que la acusación fue injusta.