“La difamación, la calumnia y la injuria deben ser acciones civiles, no penales”. Así se expresó el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank LaRue.
La observación personal del delegado de la ONU surge tras preguntarle su opinión sobre el caso del diputado de ARENA, Roberto d’Aubuisson, quien ha sido acusado por el expresidente Mauricio Funes de haberlo difamado aduciendo que el legislador lo vinculó al accidente de un Ferrari en febrero pasado en la plaza Masferrer de San Salvador.
LaRue dijo que desconocía ese caso específico, pero dio una recomendación general en relación a los delitos de difamación y calumnia.
A su criterio, este tipo de situaciones tienen solución en acuerdos de resarcimiento de daños por la vía civil, si es que se demuestra que las afirmaciones son falsas o mal intencionadas, para obligar a alguien a corregir, porque la acción penal es “intimidatoria”.
“Porque si se logra demostrar que fue una afirmación equivocada puede obligar a que repare el daño”, aseveró.
Pero según LaRue, estos casos no deberían ventilarse por la vía judicial, sino, a través de una disculpa pública o una multa, siempre y cuando, se demuestre que efectivamente se cometió difamación o calumnia.
La observación de LaRue de que la difamación y la calumnia son acciones de carácter civil coincide con el planteamiento jurídico que han manejado los abogados de D’Aubuisson y también los de su colega Ana Vilma de Escobar, quien fue desaforada por la Asamblea Legislativa, pese a que la comisión de antejuicio en su caso, no encontró formación de causa que diera lugar a su desafuero.
Aristides Perla, el defensor de D’Aubuisson ha insistido a los diputados sobre este tema, igual lo hizo Lizandro Quintanilla, uno de los abogados de De Escobar, pero los diputados no aceptaron ese argumento, y por lo tanto, de ser desaforado D’Aubuisson deberá enfrentarse a un juicio penal, al igual que De Escobar, en el momento en que Funes la denuncie en los tribunales, lo cual no ha ocurrido todavía.
Hasta el momento, la comisión de antejuicio contra D’Aubuisson se halla en la fase de valoración de pruebas.
En esa comisión especial que sesionó el lunes pasado, los diputados admitieron todas las pruebas documentales de descargo a favor del diputado tricolor, así como 49 fotocopias de “tuits” publicados por ciudadanos relacionando el accidente del Ferrari con Funes, hechos que, según Perla, dieron pie a que D’Aubuisson pidiera que se investigara el caso.