Nadie lo duda. El Salvador necesita una ley que regule y gestione el uso del agua. Pero en lo que ni los políticos ni diversos sectores de la sociedad se ponen de acuerdo, es en quién deberá tener el poder de decisión sobre este rubro.
Desde el MARN, el Foro del Agua y la bancada del FMLN se exige que la ley sea aprobada antes de que finalice 2014, es decir, antes de que empiece la campaña electoral.
Desde Fusades, la ANEP y la bancada de ARENA se pide discutir más los proyectos de ley en manos de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa: el proyecto del MARN, el del Foro del Agua y el de la Asociación de Regantes El Cacao.
Al preguntar ¿por qué no se ha aprobado aún la ley? Las ONG aglutinadas en el Foro del Agua y la diputada efemelenista Lourdes Palacios han acusado a la ANEP y a Fusades de querer “privatizar el agua”. Esta ha sido su conclusión ante la propuesta de que la autoridad del agua sea una entidad autónoma, como lo proponen los regantes, y no el Ministerio de Medio Ambiente, como lo proponen el Foro del Agua y el mismo ministerio. Sin embargo, no solo la ANEP y Fusades han advertido que es mejor que la gestión del agua esté en manos de una autónoma y no de un ministerio.
Waldo Jiménez, responsable del tema del agua en la gremial empresarial aseguró que la Comisión de Medio Ambiente le encargó a un equipo técnico de la Asamblea que elaborara un estudio comparativo de las autoridades hídricas de diferentes países.
En palabras de Jiménez: “La conclusión que tuvo esa comisión es que en todos los casos donde la modernización del sector hídrico ha pasado a manos de un ministerio el modelo ha fracasado. (El estudio) también dice que en todos los lugares donde ha sido una entidad autónoma el modelo de modernización del sector hídrico ha resultado exitoso”.
Establecer una autoridad autónoma o una autoridad ministerial es el dilema en el que los diputados de la Comisión de Medio Ambiente se encuentran.
Tanto así, que los artículos 16, 17 y 18, que establecen cuál será la autoridad competentes, cuáles serán su finalidad y sus competencias, aún no han sido discutidos. En lenguaje de diputado, estos artículos, así como el 6, el 19 y el 20, “están en el congelador”.
Al menos así lo considera el diputado tricolor Vicente Menjívar, relator en la Comisión de Medio Ambiente. Para él, dichos artículos no han sido discutidos y mucho menos aprobados.
Así lo subrayó el 4 de junio de 2013, cuando la Comisión de Medio Ambiente recibió una carta presentada por el Foro del Agua con el apoyo del diputado del FMLN Santiago Flores Alfaro.
En la misiva se pedía: “Que se continúe en la discusión del artículo 91, dando por cerrado el recibo de propuestas de los artículos del 1 al 90 que ya han sido aprobados. Que la discusión hacia atrás se limite a los artículos que están en espera de revisión y aprobación en los cuales se pueden considerar nuevos elementos. Esto con el objeto de contar con un dictamen favorable lo más pronto posible”.
Tarea pendiente
Ante la solicitud de “dar por cerrada” la discusión de los artículos del 1 al 90, el diputado tricolor Vicente Menjívar aclaró entonces: “Quiero recordarles y recordarle al diputado Santiago que las leyes son aprobadas en el pleno, aquí lo que hacemos es un proceso y luego es ratificado por el gobierno. Así que (…) mientras esté la discusión aquí, podemos regresar, volver a repetir, volver a hacer, aún lo pueden regresar del pleno y hacer correcciones y hacer cambios de artículos”.
En respuesta, la diputada efemelenista Estela Yanet Hernández, vocal en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, afirmó: “Ellos (el Foro) saben que tenemos todavía artículos pendientes de aprobación y no es que estén del artículo 1 al 90 todos aprobados. Para que quede constancia”.
Los artículos pendientes, según Menjívar, son seis (Ver “Artículos pendientes de discutir en la Comisión”).
El Diario de Hoy envió sendos correos electrónicos al diputado Francis Zablah, presidente de la comisión, y a la diputada Lourdes Palacios, secretaria de la comisión, pidiéndoles confirmar si solo esos son los artículos que tienen pendientes de discutir. Pero al cierre de esta nota no habían respondido ni los correos electrónicos ni las solicitudes de entrevista hechas vía telefónica.
Lo que está en juego
La discusión sobre si los artículos del 1 al 90 de la propuesta de Ley del MARN ya están aprobados o no ocurrió el mismo día que la Comisión de Medio Ambiente recibió a la entonces viceministra y actual ministra de dicha cartera: Lina Polh.
Conocedora de que los regantes sugieren que una autónoma, y no el MARN, sea la autoridad competente para la regulación del agua, Polh afirmó entonces: “La política pública la hacen los gobiernos, las instituciones públicas y no es posible (…) tener un consejo nacional del agua donde existan sectores privados o sectores de la sociedad civil en una discusión que es una discusión que compete al gobierno que está en turno”.
Waldo Jiménez sostiene lo contrario: “En los países donde ha prevalecido que es el gobierno central a través de un ministerio (la autoridad) han privado intereses políticos electorales de corto plazo”.
Según él, eso quedó plasmado en el estudio llevado a cabo por los técnicos de la Asamblea Legislativa a petición de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Por eso, explicó, los regantes y otros usuarios del agua han planteado la necesidad de tener un ente autónomo como autoridad competente.
En palabras de Jiménez, se necesita una autoridad autónoma que “no dependa del gobierno de turno, para que los planes que se ejecuten en materia hídrica vayan más allá del quinquenio presidencial” y para que “no se preste al manoseo político del gobierno de turno, sea del partido que sea”.
John McCormack asesor ad honorem en la Asamblea Legislativa, quien ha colaborado en la elaboración de varias normas de calidad, ve un peligro en el hecho de que se deje en manos del MARN la gestión de los recursos hídricos.
Si el MARN llega a manejar este recursos a través de una unidad centralizada, como ente rector, “todo el dinero proveniente del agua entraría a las arcas del Estado”.
En palabras de McCormack: “Nadie nos garantizaría que todo el dinero se ocupe solo para el agua y su saneamiento. Esto jamás permitiría su sostenibilidad en el tiempo, la total descontaminación de los cuerpos de agua y la cobertura total del agua potable”.
El asesor recordó que el agua tiene tres componentes: social, ambiental y económico. El objetivo de la Ley debe ser que haya agua para todos estos componentes, dándole prioridad al agua para consumo humano.
Si el MARN se convierte en la autoridad competente, según McCormack, le daría prioridad a lo ambiental “tanto en su trabajo como en las inversiones”. Además, “daría agua gratis a la Anda”, por lo que nadie podría hacerle competencia. “Todo esto crearía un alto incumplimiento de los objetivos y volvería el agua una herramienta altamente política, discrecional y confiscatoria”, agrega.
Waldo Jiménez considera que la diferencia fundamental entre el proyecto de los regantes y el del MARN es que el primero busca el uso sostenido del recurso hídrico, mientras que el segundo busca “administrar la escasez”.
En palabras de Jiménez: “El proyecto del gobierno lo que hace es decir: ‘Como no va a haber agua, primero voy a dar agua para consumo , después para no sé qué y a los demás no les voy a dar porque no va a alcanzar. Entonces el diseño bajo el cual está conceptualizada la ley del gobierno es un uso político, electoral del recurso hídrico'”.