Los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) reconocieron ayer que en la mayoría de instituciones gubernamentales hay un exceso de documentación de interés nacional catalogada como información reservada, lo cual afecta el derecho ciudadano de recibir respuesta ante cualquier solicitud pertinente.
Asimismo recordaron en una reunión del Grupo Promotor que el IAIP funciona con un presupuesto que no sobrepasa los $990,000, lo cual no permite ampliar la capacidad de respuesta del organismo a todo el país.
Jaime Campos, Comisionado del IAIP, afirmó que en el órgano ejecutivo hay muchos ministerios y autónomas que “continúan cerradas” a implementar en su totalidad las obligaciones que rige la Ley de Acceso a la Información.
“Se sigue con muchas cláusulas de reserva o hace falta información de carácter oficioso. Además tenemos un presupuesto que no es congruente con las aplicaciones de este instituto”, detalló Campos.
En este sentido el comisionado presidente del IAIP, Carlos Ortega, recomendó analizar los actuales recursos de la Secretaría de Transparencia y trasladarlos al Instituto, sobre todo porque se trata de la entidad rectora en la materia de acceso a la información.
“Nosotros seguimos pendientes de un refuerzo presupuestario desde hace más de un año. Por eso sería importante revisar la viabilidad de la propuesta para empujar las labores del instituto”, indicó Ortega.
También Javier Castro, Director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), señaló que el reto del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén es “romper la cultura del secretísimo”, ya que el ejercicio de la función pública se sustenta en el manejo de fondos de los salvadoreños contribuyentes.
“El Instituto ha mejorado mucho en función de cambiar la cultura de algunos funcionarios públicos, pero otros aun se resisten en hace pública información, sobre todo aquella que se relaciona con proyectos en ejecución, listados de asesores y salarios”, sintetizó Castro.
Por otra parte Carlos Guerrero, Director del Programa de USAID para el Fortalecimiento de la Democracia (CASALS) y miembro del Grupo Promotor de la Ley, afirmó que las autoridades del gobierno entrante “están removiendo” a muchos Oficiales de Acceso a la Información, sin entrar en mayores detalles al respecto.
Sin embargo recordó que USAID continuará su programa de cooperación financiera con el IAIP, pero exhortó a realizar todas las acciones pertinentes para apoyar a la institución porque a su juicio es necesaria “una mayor transparencia” en todos los órganos del Estado.