Los partidos políticos acordaron incluir en la regulación de la Ley de Lavado de Dinero a todos los funcionarios de alto nivel y a quienes hayan ejercido los cargos de Jefes de Gobierno o de Estado, una de las acciones que la Embajadora de los EE. UU., Mari Carmen Aponte, aseguró que agilizaría el Fomilenio II.
El FMLN era el que más se oponía a incorporarlos bajo el argumento de que en las reformas aprobadas a la ley en diciembre de 2013, se dejaba en forma general que estaban incluidos todos con la redacción siguiente: “La presente ley será aplicada a toda persona natural, nacional o extranjera y toda persona jurídica legalmente inscrita bajo las leyes de la República de El Salvador…”, reza parte del Artículo 2 de la ley.
Pero ayer los diputados de la Comisión de Seguridad acordaron dictaminar en favor de agregar a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), que según la clasificación del Grupo de Acción Financiera (Gafi) involucra a los Jefes y exjefes de Estado o de Gobierno, funcionarios judiciales, militares y ejecutivos de alto rango de empresas estatales, entre otros cargos de alta jerarquía gubernamental.
“Se ha puesto explícito, nosotros creíamos que estaba desde un inicio”, justificó el diputado Antonio Echeverría, del FMLN.
Lo anterior también fue una recomendación del Gafi que el Gobierno no había cumplido, ni aún con las reformas que se hicieron a la ley en diciembre de 2013.
“Se cumplen todas las expectativas, ha habido una discusión sana dejar lo que ya está y agregar a las PEP y otras modificaciones que se hicieron a la Ley de Lavado, estamos dando pasos positivos para que no hayan obstáculos en apoyos internacionales que puedan venir al país”, manifestó el diputado de Democracia Salvadoreña, Sigifredo Ochoa Pérez.
Pero más allá de esto, el diputado del PCN, Antonio Almendáriz, expresó que el Gafi ha hecho al país más observaciones en este año, las cuales también deben ser incluidas en la Ley Antilavado, pero asegura que algunas no son compatibles con lo que El Salvador en realidad necesita para combatir el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
“Dice (el Gafi) que la Unidad de Inteligencia debe estar fuera de la Fiscalía General de la República (FGR), en otros países lo tienen y en otros no, son cosas que no se pueden solo porque recomiendan hacerlas”, afirmó.
De hecho, dijo que por su parte no está pensando en reformar la ley solo porque Aponte lo pide o porque el Gafi así lo recomienda, sino en función de lo que considera conveniente para el país, para combatir el lavado de dinero, de acuerdo con las investigaciones que él efectúa. “¿Solo porque nos obligan a hacerlo?, en el caso mío cuando he propuesto reformas relativas a las drogas, es en base a lo que ando investigando”, aseveró.
Almendáriz había llevado una propuesta de sacar a los jueces, fiscales y medios de comunicación de los sujetos regulados en la ley, sin embargo, la moción no fue respaldada por el resto de partidos. Para el diputado pecenista no es “conveniente”.
Y es que en las modificaciones hechas a la normativa se establece que todos los actores que la ley menciona en el Artículo 2, deberán contratar a un “Oficial de Cumplimiento” que se encargará de informar a la FGR de todas aquellas transacciones superiores a los $10 mil que realicen cada uno de los sujetos mencionados en la normativa, ya sea en un solo acto o durante un mes.
“Las instituciones están obligadas a enviar a la UIF (Unidad de Investigación Financiera de la FGR) cualquier operación sospechosa, ya no es una situación en la que solo sencillamente por cumplimiento del Oficial de Cumplimiento, toda operación arriba de $10 mil que sea sospechosa, están obligados a hacerlo”, aseveró Echeverría.
Para esto los diputados hicieron otra reforma ayer al articulado de la ley. Originalmente se había estipulado que los Oficiales de Cumplimiento deberían ser expertos en las áreas de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado con una experiencia no menor a 3 años, sin embargo, Almendáriz aseveró que en la actualidad los especialistas no cuentan con esos años de experiencia, por lo que redujeron el tiempo a dos años.
Pero dejaron un decreto transitorio de un año para que los profesionales puedan adquirir el bagaje necesario y cumplir posteriormente con los tres años que establece la ley.