Luego de catorce años de haberse creado la Comisión de Acreditación de Instituciones de Educación Superior (CdA), sólo trece de los cerca de 40 centros de este nivel de enseñanza que hay en el país han logrado tener ese sello a nivel institucional.
La CdA también tendría que incorporarse en un proceso de acreditación, sin embrago todavía tiene pendiente ingresar en ese proceso por falta de fondos.
El doctor Knut Walter Franklin, quien funge como presidente de la mencionada Comisión, reconoció en una entrevista que se está lejos de dar ese paso porque eso demanda muchos recursos que no tienen.
Y es que según explicó, esa instancia sólo recibe del Ministerio de Educación (Mined) $80 mil dólares anuales en concepto de presupuesto, lo justo para sacar adelante los procesos de acreditación al que las instituciones de educación superior se someten de forma voluntaria, así como para cubrir el costo de algunos estudios y sesiones de acreditación.
“Es cierto que ha habido inquietudes desde las universidades, desde el Estado acerca de la acreditación de carreras, pero eso significa un incremento notable en la cantidad de trabajo previsible, porque son mucha más carreras que instituciones de educación superior”, dijo el representante de la CdA, quien es historiador graduado de la Universidad de Cornell, en Nueva York.
Los miembros del ente acreditador son elegidos por la Cartera de Estado, en coordinación con el Consejo de Educación Superior; los cuales tienen que trabajar y tomar decisiones de forma independiente. Actualmente también la integran Carlos Guillermo Ramos, Camila Oquelí, Ramón Douglas Rivas, Rafael Guido Béjar, Mario Zetino Duarte y Carlos Rudamas.
Según expresó el presidente de la CdA, en el seno de la comisión han hecho algunos estudios para tratar de determinar cuáles son los perfiles y los niveles de cualificación de las carreras. “En principio se puede hacer, pero necesitaríamos un equipo más grande”, precisó Knut Walter Franklin, con respecto a esta tarea que la Comisión tiene establecida en la misma Ley de Educación Superior.
En la actualidad sólo la vecina Costa Rica tiene un ente que acredita carreras, pero se trata de una institución autónoma, lo cual le permite cobrar entre siete y ocho mil dólares por cada uno de los procesos que realiza.
El profesional expuso que el tema de acreditación de carreras es en teoría mucho más delicado, pues hay un componente de responsabilidad todavía más puntual considerando que se está acreditando a los profesionales que salen de una profesión de la institución de educación superior. En cambio cuando acreditan a la institución en pleno están haciendo como un promedio de todas sus actividades, atribuciones, recursos.
A criterio del historiador, el tema ha sido conversado informalmente con autoridades educativas pero nunca se ha elaborado una propuesta concreta y por ahora trabajan como lo han estado haciendo estos años.
Según explicó, en estos tiempos han revisado cuidadosamente los criterios de acreditación de las instituciones, y de 120 que eran los han reducido casi a la mitad, porque había muchos criterios difíciles de verificar.
“Eso (acreditar carreras) supondría un tipo de acuerdo previo para elaborar un proyecto de ley. (Además) estudiar a fondo las experiencias de Costa Rica y determinar si las instituciones también están dispuestas a pagar sumas más o menos fuertes por cada proceso”, manifestó.
Sin embargo, algunas instituciones educativas del país, como la Universidad Francisco Gavidia y la Universidad Evangélica, han puesto en evidencia que sí hay interés en la acreditación de carreras; para el caso ya han sometido algunas de las que ofrecen, entre ellas Arquitectura e Ingeniería, a esos procesos en instancias de acreditación regional e internacional.
El mismo rector de la Universidad Evangélica confirmó que están por aplicar a un proceso de acreditación del Doctorado en Medicina.
“Sí, las que están más interesadas lo han hecho y han dispuesto gastar esos fondos, pero estas son generalmente carreras o muy especiales o de postgrado. Los precedentes se están sentando. Vamos a ver cómo se puede proceder aquí a nivel nacional con la acreditación de carreras de pregrado”, añadió.
Al consultarlo si ha tenido contacto con las nuevas autoridades de Educación en busca de apoyo para el trabajo de la CdA, Knut Walter Franklin explicó que solicitará una entrevista con el nuevo ministro de Educación, Carlos Mauricio Canjura, para exponerle el trabajo de la comisión.
“Tenemos buenas expectativas, en el sentido que el ministro Canjura es profesor universitario desde hace años. Como director del Programa Jóvenes Talentos en el área de Matemática también conoce el nivel de la (educación) Media y Básica. Así que tenemos a un ministro que conoce el abanico de todo el proceso de la educación”, comentó .
La Comisión de Acreditación tiene otros retos. Uno de ellos es ponerse al día con los procesos de acreditación institucional en que se retrasaron debido que en la anterior gestión ministerial no nombraron en tiempo a los directivos del periodo 2014 -2018, tal como este matutino lo dio a conocer en su momento.
“El año pasado tuvimos unos meses en que estábamos pendientes del nombramiento de la comisión en pleno de los miembros faltantes y en ese tiempo tuvimos que suspender nuestras actividades, pero a nivel nada más decisorio. Todo lo que era administrativo: solicitudes, recepción se siguen haciendo… estamos moviéndonos para recuperar el tiempo perdido”, aseguró.
Por su parte, el especialista en educación Óscar Picardo es de la opinión que la CdA ha tenido una primera etapa en la que logró su cometido, pero el salto que tiene que dar es pasar del formato de acreditación institucional al formato de acreditación de carreras.
“Obviamente es más caro ese formato, es más complejo, pero esa es la tendencia. Lastimosamente en los últimos años la Comisión se ha debilitado un poco por toda la problemática que se dio. Creo que caímos en una especie de estancamiento que ojalá se pueda resolver en este periodo”, declaró el especialista.
Picardo Joao expuso que en la medida que la CdA tuviera más autonomía, que no tuviera vínculos con el despacho ministerial, sería mejor.
El también investigador es del criterio que el presupuesto asignado a la entidad es muy limitado y con eso no podrá avanzar con la acreditación de programas.
De acuerdo con sus palabras el ente acreditador no recibió el suficiente apoyo durante el anterior gobierno, y muestra de ello es el retraso en el nombramiento de los miembros de la ultima directiva, lo cual conllevó un rezago de trabajo.
“Esperamos que en este nuevo periodo vuelva a la normalidad, que se le otorgue la ayuda que requiere y se revise lo que haya que corregir”, dijo.
Picardo Joao, muy cercano al mundo universitario, expuso que “es muy significativo” el rezago en que la CdA ha caído en lo que se refiere a los casos de acreditación de instituciones que tiene hoy en día en sus manos.
Según expresó, esto es complicado porque las instituciones de enseñanza superior presentan un informe de autoevaluación que tiene que ser verificado por la CdA en un periodo determinado y esta información puede quedar desfasada.
A eso se suma que algunas universidades están a la espera de conocer el resultado de la acreditación para hacer trámites ante otros organismos, incluso financieros.
No obstante, el especialista va más allá y señala que en este momento la comisión tiene un problema de legitimidad porque algunos de sus miembros laboran en universidades, lo cual no se vio mucho en las directivas previas.
Eso es algo en que el presidente de la Comisión, Knut Walter Franklin, disiente bajo el argumento que estas personas laboran como docentes pero no tienen cargos directivos en las instituciones. Además, subraya que se excusan cuando los procesos tienen que ver con los centros en donde trabajan.
Contrario a lo que Knut Walter asegura, Picardo sostiene que si bien estas personas son serias y se excusan en el hecho de que son parte de un centro universitario, les resta independencia.
Otro de los retos que la instancia tiene pendiente es el de someterse a la acreditación de la calidad de sus procesos. Esto tiene que ser con alguna entidad similar a nivel regional o internacional.
El presidente de la comisión dijo que “lo hemos contemplado. El asunto es que cuesta como seis mil o siete mil dólares y no sé si disponemos de esos fondos”.
Al respecto, Picardo Joao lamenta que la instancia no disponga de fondos para acreditarse, porque considera que eso afecta la credibilidad de la comisión, de los procedimientos que hace.
“Se supone que hay una cadena virtuosa de sucesos, donde el organismo regional da reconocimiento y validez al organismo nacional, pero eso creo que no se ha logrado”, puntualizó Picardo.