El ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, admitió ayer que se realizan traslados de personal de la Dirección General de Migración y Extranjería, los cuales consideró “normales”, aunque negó que haya remociones u otro tipo de acciones contra empleados de esa cartera del Estado.
“En este ministerio no ha habido ningún despido. Ni uno, no sé a qué se refieren”, dijo, cuando se le consultó sobre movimientos de personal en dicho ministerio.
La explicación del funcionario surge después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema llamó al presidente Salvador Sánchez Cerén a garantizar la estabilidad laboral de los empleados del Ejecutivo y advirtió que los funcionarios que cometan abusos “responderán” por ello.
Lara justificó que tienen pensado abrir una nueva oficina en Migración y allí reubicar al personal.
No obstante, se supo que de la noche a la mañana personal de áreas especializadas fue designado el lunes a “atender ventanillas” y otras actividades menores en la nueva sucursal, para que sus plazas queden libres para “otras contrataciones”.
Lara negó lo anterior y argumentó que “como no hay plata para nuevas contrataciones de seguro se hará con el mismo personal, moverlos de un lugar a otro, pero eso es normal”, argumentó.
En su reciente sentencia, la Sala le advierte a los funcionarios que no pueden desmejorar ni menos despedir a los empleados sin causa justificada y sin que medie el debido proceso, el respeto a sus derechos de audiencia y defensa.
En el mismo fallo, la Sala llama al presidente Sánchez Cerén a que vele por que los empleados, y que estas directrices debe transmitírselas a sus funcionarios.
Sin embargo, Lara prefirió no pronunciarse sobre el fondo de dicha sentencia y se limitó a decir que en la cartera que está bajo su cargo no se han dado casos contra la estabilidad laboral de los trabajadores.
Se intentó consultar sobre el mismo tema al presidente Sánchez Cerén, pero no dio declaraciones a la prensa tras la ceremonia de traspaso de mando a los nuevos directores de la Policía Nacional Civil (PNC).
La sentencia de la Sala, aunque no responsabiliza al mandatario de algún caso en particular, señala que debe ser Sánchez Cerén quien vele porque se cumpla.
En su fallo, el Tribunal establece que el presidente debe “contribuir al goce efectivo de los derechos de audiencia, defensa y a la estabilidad laboral de los trabajadores”.