Economistas opinaron que hace falta un compromiso e instrumentos más fuertes para controlar la deuda del Estado y los gastos corrientes. En otras palabras, no son suficientes los artículos que se incluyeron en la aprobación de deuda en la plenaria del jueves, los cuales especifican que los fondos deben utilizarse para un único fin.
El decreto para la emisión de $800 millones en bonos especifica, en su artículo 2, que los títulos valores deben utilizarse solo para la conversión de deuda de mediano y largo plazo. Especifica que no pueden ser utilizados para otros fines como gastos corrientes.
De forma paralela el dictamen para los $356.2 millones en títulos valores de créditos especifica que los fondos solo deben usarse para pagar la deuda de certificados fiduciarios en educación, paz social y seguridad ciudadana.
Ambos artículos incluyen en su texto que faltas a dicha condición puede ser causa de sanciones penales.
Análisis de economistas
El economista Manuel Hinds calificó las condiciones de esos artículos como “una ilusión”. A su criterio, los dictámenes no ayudarán a controlar el gasto del Estado; el gobierno podrá utilizar los bonos para el fin que tienen establecidos, mientras que el dinero de la recaudación tributaria seguiría sin un adecuado control de gastos.
Para reducir la discrecionalidad, Hinds mencionó que es necesaria una contraloría de parte de los partidos políticos.
Por último este analista económico dijo que este aumento de la deuda limitaría el crecimiento económico y afectaría la disponibilidad de fondos en el Estado.
Al final, señaló, serán los salvadoreños quienes deberán pagar estos compromisos con sus impuestos.
De manera similar se expresó el economista Rigoberto Monge. Él calificó ambos ar tículos como una buena iniciativa, aunque señaló que se quedan “a medio camino”.
Monge expresó que la elaboración de una ley de responsabilidad fiscal debería ser el punto de partida para revisar los nuevos impuestos propuestos por el gobierno.
Este economista reconoció la urgencia de liquidez que ha expresado el gobierno en reiteradas ocasiones, pero insistió en la necesidad de consensuar un proyecto de responsabilidad que no deje margen para la discrecionalidad y promueva la disciplina fiscal.