Ante la reiterada petición de la embajadora de los EE. UU. Mari Carmen Aponte, de incluir en la regulación de la Ley de Lavado de Dinero a todos los funcionarios de alto nivel, y a quienes hayan desempeñado esos cargos; los partidos políticos, incluido el FMLN, quien se ha mostrado reacio a incorporarlos, manifestaron ayer su acuerdo por especificarlos en la ley. Gana y el PCN no se oponen, pero antes quieren consensuarlo.
Aponte volvió a señalar el lunes pasado de que EE. UU. se siente confiado en que el Gobierno cumplirá con esa parte, ante la urgencia de que El Salvador firme con los Estados Unidos la entrega del segundo desembolso del Fomilenio, que implica para el país la obtención de $277 millones para desarrollar las zonas costeras del territorio nacional.
De hecho, la suscripción del Fomilenio II, así como el convenio del Asocio para El Crecimiento con los EE. UU. y el proyecto de Reforma Migratoria, serán parte de los temas que el presidente Salvador Sánchez Cerén conversará con el vicepresidente de los EE.UU., Joe Biden, el próximo viernes en Guatemala.
El dirigente del FMLN y Secretario Técnico, Roberto Lorenzana, argumentó ayer que en la reforma aprobada en diciembre de 2013 a la ley, la redacción incluye a todos de manera “general”, pero afirmó que en la Asamblea ya existe un consenso para aceptar la petición de Aponte.
“No tenemos ningún problema, aunque preferiríamos que esto no sea una discusión de debate público, tenemos toda la voluntad, es cuestión de tiempo. Lo que podemos hacer es volver a ratificarlo. En nuestra redacción hay que incluirlo, pero no debería ser objeto de debate público”, reflexionó Lorenzana.
Y es que en las 14 reformas que la Asamblea avaló en diciembre de 2013, las Personas Expuestas Políticamente (PEP) no quedaron detalladas en la normativa, pese a que lo anterior es un requisito que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) exige al país para declararlo fuera del riesgo del blanqueo de capitales.
En la clasificación de PEP se encuentran los Jefes de Estado o de Gobierno, funcionarios gubernamentales o judiciales, así como militares y ejecutivos de alto rango de corporaciones estatales, y expresidentes entre otros funcionarios públicos.
La justificación de Lorenzana, así como del exdiputado y actual ministro de Seguridad, Benito Lara, es que el artículo 2 de la referida ley los incluye a todos. “La presente ley será aplicada a toda persona natural, nacional o extranjera y toda persona jurídica legalmente inscrita bajo las leyes de la República de El Salvador…”, reza parte del apartado en mención.
Aún así, el expresidente Mauricio Funes decidió, en enero de este año, sancionar el decreto pese a las observaciones que el Fiscal General de la República (FGR), Luis Martínez, hizo en cuanto a que las modificaciones no cumplían con los requerimientos del GAFI, entre ellas, la de no incluir a las PEP como sujetos de vigilancia en la ley.
En ese apartado se menciona que estarán regulados los partidos políticos, bancos nacionales y extranjeros, casas de cambio, bolsas de valores, casinos, transacciones de bienes raíces, agencias de viajes, empresas constructoras y agencias privadas de seguridad entre otros entes.
A petición del FMLN, el mismo día que el pleno aprobó las reformas en diciembre de 2013, se agregó en la ley a jueces, fiscales, consorcios, gremios empresariales y empresas de medios de comunicación, pero no así a las PEP.
Agregarlos fue una petición de ARENA, pero no tuvo eco en el Congreso.
“Hemos estado luchando como ARENA para eso, pero ARENA es el único partido que lo ha estado impulsando. Ante la petición de la embajadora (Aponte) vamos a volver a reactivar el tema, vamos a volver a hacer la solicitud para que se incorporen nuevamente y se analicen”, afirmó ayer el jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano.
El secretario general del PDC y diputado, Rodolfo Parker, aseveró ayer que no tienen inconveniente de incluirlos a “todos, políticos o no políticos para todo mundo… sin ninguna restricción”.
Añadió que su propuesta es que los delitos asociados a los PEP no prescriban hasta dentro de 30 años, ya que actualmente caducan a los 10 años. “Se trata de una situación muy delicada para que se opere en inmunidad”, aseveró.
En tanto para Rigoberto Soto, jefe del grupo de los disidentes de ARENA, el hecho de agregar “un par de palabras” a la ley no cambiará el sentido de la misma, por lo que dijo no tener inconveniente de aceptar la petición de Aponte, con tal de que el Gobierno de los EE. UU. “esté contento y asegurar el desembolso del Fomilenio II”, acotó.
Para el secretario general de CD, Douglas Avilés, si es necesario dejarlo de forma explícita en la ley no le ven mayor problema, aún cuando la legislación ya contempla algunos artículos por medio de los cuales se pueden regular a los PEP, subrayó.
También la diputada Claudia Ramírez, de Democracia Salvadoreña, dijo que el resto de partidos debe hacer conciencia de que el Fomilenio II es necesario para el país, por lo que deben acordar incorporar a los PEP en la Ley de Lavado de Dinero.
Andrés Rovira, secretario general de Gana, también dijo que no se oponen, pero explicó que el tema requiere de más análisis en el partido.