Roberto Burgos, representante de Transparencia Internacional en El Salvador, cuestionó ayer duramente la compra de un lote de regalos por 30 mil dólares para los diputados a la Asamblea Legislativa en la Navidad de 2012.
“Aunque se ha revestido de legalidad, estirando las normas, esta clase de actos lo que demuestran es una gran discrecionalidad en el manejo de fondos, los mismos son antiéticos”, declaró Burgos, coordinador de la organización Funde-Alac.
Los diputados Guillermo Gallegos, de Gana, y Rafael Machuca, del PCN, afirmaron ayer que hay acuerdos de la directiva que respaldan la compra, pero dijeron desconocer el total de lo que se gastó para los obsequios.
Según diputados de ARENA, la Asamblea gastó un total de $30 mil en la adquisición de 370 corbatas y 100 pañuelos de seda, así como canastas navideñas. Buena parte de estos presentes fueron entregados a los diputados y se cargaron al Estado como “atenciones oficiales”, según documentos a los que tuvo acceso este rotativo.
“Eso ya de montos nosotros no lo vemos, es la UACI (Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales) que determina según los términos de referencia de cada compra”, aseveró Gallegos.
Lo mismo opinó su colega Machuca, del PCN, y es más, aseguró que la Junta Directiva sólo conoce la petición de compra y “en el mejor de los casos conoce el monto”, ya que es la UACI la que realiza los costos y la que designa los valores, ya sean altos o bajos, argumentó Machuca.
En lo que sí difieren ambos legisladores es sobre la firma que presenta uno de los acuerdos de compra de 50 canastas navideñas por $7,422, ya que, según los documentos que la Asamblea proporcionó por petición de este periódico, fue una asistente del presidente de la Asamblea la que estampó su firma para autorizar la compra en vez de Reyes.
Mientras que Gallegos dice que es un procedimiento normal, pues argumenta que aún cuando lo haya firmado la asistente de Reyes lo que cuenta es el acuerdo de la Junta Directiva, Machuca afirma que no es ese el mecanismo.
“La firma del Presidente (Reyes) o no está o es la de él, no puede haber una firma en su lugar que no sea de él, si eso existe, allí hay una equivocación, que no se quién lo pueda haber hecho”, aseveró.
“No son privados”
Por su parte, Burgos expresó que los servidores públicos, empezando por los titulares de los principales Órganos del Estado, no deben confundir los presupuestos públicos con los presupuestos personales.
Esto en referencia a señalamientos de diputados de ARENA de que Reyes aseguró que de “su bolsillo” compró regalos navideños para los miembros de Junta Directiva cuando realmente fueron de fondos de la Asamblea.
Asegura que evidencia de esto es que no se haya querido dar información sobre la totalidad de las compras en 2012 de obras de arte, bebidas alcohólicas, además que se ha negado en dar datos sobre sus asesores y salarios, entre otros.
“Al final lo que se ve es un cuadro de total impunidad. Vamos a seguir como Funde- Alac vigilando cómo se realizan los gastos”, apuntó.
Agregó que las facultades que tiene el presidente de la Asamblea, en materia de administración, son indelegables y que es cierto que necesita asesores y otro personal pero señala que todo eso debe estar reglado para cada acto específico y lo que hay es una total discrecionalidad para disponer del presupuesto.
“Al presidente de la Asamblea Legislativa habría que recordarle que le queda un año y se le va a acabar el fuero, hay un abuso del fuero legislativo, también en la forma de manejar antojadiza de los fondos públicos que temporalmente se le han dado en asignación y va a tener que rendir cuenta sobre esta clase de gastos”, añadió.
En 2012 la población criticó duramente, a través de las redes sociales, el gasto de la Asamblea y actualmente la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dirime un proceso en contra de la Asamblea por negarse a brindar información de lo gastado.
También, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) multó a los directivos por negarse a detallarlos.
Pese a esto, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) absolvió de responsabilidad a los directivos de la Asamblea.