Jorge Daboub, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), pidió al Gobierno no castigar a los asalariados y a los sectores productivos con los impuestos a transferencias bancarias, bienes inmuebles y otras reformas.
“Están presionando aún más a los sectores productivos. Se reduce la inversión, el empleo y se entra en un círculo vicioso del que cuesta salir, que es nocivo y que vuelve al país anticompetitivo ante los mercados”, denunció.
Daboub no está solo en su planteamiento. “Ese paquete de leyes que están queriendo poner es otro estrangulamiento a la micro y pequeña empresa”, externó Víctor Rodríguez, presidente de la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS).
Considera que el discurso que el gobierno saliente ha manejado de ayudar a los micro y pequeños empresarios es falso, debido a que esto discrepa con las acciones tomadas en la creación de impuestos.
Según la gremial, el nuevo paquete de impuesto solo hará que desaparezcan más micro y pequeñas empresas. Añade que “es insostenible la situación que se está viviendo actualmente con las condiciones que tenemos de criminalidad, impuestos y una serie de leyes que han aprobado, y hoy tienen un paquete que viene a estrangular a los microempresarios”.
Además, Guillermo Guido, presidente de Unión Mipyme, reiteró que el impuesto a las operaciones financieras será uno de los que más afectará a ese sector de empresarios. Hace hincapié en negocios pequeños como panaderías y comedores que mantienen márgenes de utilidad bajos, ya que son estos lo que se verían más afectados.
Daboub confirmó que la ANEP, a través de su equipo de abogados, estudia las siete iniciativas de ley que ha presentado el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, para ver si están o no acordes con las legislaciones tributarias y presupuestarias.
“Si alguna violenta principios de constitucionalidad, usted puede estar seguro que vamos a meter una demanda de inconstitucionalidad de inmediato; pero ahorita es muy difícil saberlo porque no se ha completado el proceso”, agregó Daboub en una entrevista radial matutina.
Por ello ejemplificó cómo la propuesta de cobrar un impuesto de 2.5 % por cada $1,000 a las propiedades suntuarias podría alcanzar incluso a personas que viven de la renta, lo cual les genera ingresos al dar sus propiedades en alquiler.
“Si no tienen ingresos para pagar el impuesto, tendrán que vender la propiedad y se vuelve un impuesto confiscatorio. Es un tema delicado que no han visto muchos diputados y los funcionarios del gobierno”, valoró Daboub, quien lamentó no haber sido informado “de primera mano” sobre el paquete de reformas tributarias y la emisión de deuda flotante, a pesar de las reuniones sostenidas entre Roberto Lorenzana (futuro secretario Técnico) y Hato Hasbún, ambos representantes del gobierno entrante.
Advirtió que si se quiere “cambiar” el estilo de gobierno entre el presidente saliente, Mauricio Funes, y la nueva administración, lo importante es establecer consensos, sobre todo para solucionar el endeudamiento y corregir la brecha fiscal.