Ni créditos para los transportistas ni buses nuevos y casi de un año de obras simultáneas y caos vial en la carretera Panamericana. Por estos hechos será recordada la administración saliente de Mauricio Funes por los salvadoreños.
En contraposición, también se le recordará por haber terminado de construir la carretera llamada antes Diego de Holguín, así como la reconstrucción de la carretera Los Chorros y la de Apopa.
Tampoco se cumplieron las promesas hechas por el presidente Mauricio Funes en el área de transporte público; además hay obras cuyos plazos de entrega no se cumplieron, particularmente en su proyecto estrella, el Sitramss.
Durante la contienda electoral, Funes propuso implementar medidas que garantizaran una tarifa del transporte público que protegiera tanto “los intereses de los usuarios” como “la rentabilidad de las empresas”. Pero en su primera declaración como viceministro de Transporte, en junio de 2009, Nelson García informó que el precio de la tarifa no sería negociado con los transportistas, lo cual generó malestar y rechazo en el sector.
Roberto Soriano, presidente de la Asociación de Transporte de Pasajeros (ATP), aseguró que el Gobierno se comprometió con la ciudadanía a mantener el costo del pasaje, pero hizo esto “a costa del sacrificio de los empresarios”.
“Eso realmente ha generado un descalabro de las unidades y una situación caótica económica en el sector”, acotó.
Catalino Miranda, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (Fecoatrans), señaló las tremendas dificultades que afrontan los transportistas para sostener sus empresas con una tarifa de $0.20 para buses y de $0.25 para microbuses.
“Hacemos milagros con lo poco que se recauda de la tarifa, pero esto también es responsabilidad del área política de este país”, aseguró, indicando que aún hay que “incentivar a este rubro” que está sujeto a la regulación de precios por parte del Gobierno para el servicio que ofrecen.
Más allá de la tarifa del transporte público, tres promesas importantes de la administración de Funes para el sector del transporte público fueron: otorgar un subsidio “racional”; promover el asocio entre empresarios para reducir costos en la compra de repuestos y llantas; y gestionar créditos blandos en Brasil para facilitar la compra de nuevas unidades de transporte. Todas estas promesas, sostienen las gremiales de transporte público, quedaron solo en papel.
Ni créditos ni buses
Una de las iniciativas que generó más expectativas entre las principales gremiales fue la apertura de líneas de créditos preferenciales con el Gobierno de Brasil, para permitirle a los transportistas importar autobuses usados pero en buen estado. Esta estrategia, además de mejorar la Seguridad vial, aliviaría a los miembros del sector de gastos excesivos en reparaciones, por las constantes fallas mecánicas de las unidades viejas.
El representante de la Ruta 101b especial, Salvador Álvarez, dijo desconocer que se hayan otorgado beneficios crediticios con bancos brasileños: “No tengo conocimiento, y soy bien claro en decirlo, de fondos de Brasil, porque no he sido beneficiado en eso. Yo estoy teniendo un beneficio con el Banco Hipotecario a través de fondos de Bandesal (Banco de Desarrollo de El Salvador)”.
Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), dio un voto de confianza a la administración de Funes ante la propuesta inicial de “créditos blandos”, ya que esto les habría dado también la posibilidad de ajustar los precios de las tarifas una vez que renovaran su flota.
Ahora, al final del periodo, Ramírez asegura que los 17 compromisos que Funes adquirió solo quedaron plasmados en un documento. No es extraño, por lo tanto, que AEAS sea una de las gremiales que más ha criticado los proyectos del actual Gobierno.
“Funes dijo que iba a hacer rentable el negocio, que no iba a quitar la compensación, pero la redujo; o sea que él pudo haber dejado un dólar de compensación y estaba cumpliendo con la promesa de no quitarla”, ironizó Ramírez.
Catalino Miranda estimó que no hubo flexibilidad por parte del gabinete económico de otorgar líneas de créditos adecuadas.
“El sector fue visto por igual, sin reconocer que dentro del rubro hay empresas fuertes que luchan a diario para mantener la conectividad del país”, lamentó Miranda.
Álvarez dijo que el Gobierno “trató de incentivar el asocio”, pero que fueron los mismos transportistas los que bloquearon esa oportunidad, debido a la desconfianza mutua que impera en el sector.
El presidente de ATP, Roberto Soriano, cree que el plan del Gobierno de Funes hacia el sector no se concretó debido a la falta de un entendimiento en el tema económico.
“De entrada”, explicó, “ellos solicitaron bajar de $800 a $500 la compensación; inclusive se comprometieron a que en el 2010, en enero, se iba a volver a la misma compensación”.
Para ventilar los problemas del sector se creó la Mesa Nacional de Transporte, pero según las gremiales ATP, AEAS y Acopatt, que aglutina a la Ruta 29 bus, ésta no ha dado los frutos esperados.
Además, Ramírez lamentó que se implementaran proyectos que no estaban contemplados dentro del plan de modernización del sector que prometio Funes.
El transportista habla del Sistema Integrado del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), el mismo que consideran que se ha desarrollado sin transparencia y marginando a los “verdaderos operadores”.
Según Miranda una de las deudas pendientes de este Gobierno fue la seguridad en el transporte de pasajeros.
Responder a “las extorsiones, a la delincuencia y a los atentados” en los buses “fue promesa de Gobierno”, recordó Miranda. Y recalcó que esta deuda tendrá que saldarla el Gobierno entrante, de cara a la realidad del sector y la de los usuarios.