La falta de meritocracia, diálogo y respeto con otros sectores y de transparencia, tan prometidas por Mauricio Funes en su campaña, marcaron los cinco años de su gobierno.
“No sé, porque no soy yo el contador… Yo no ando viendo cuánto gasto en esto y cuánto gasto en lo otro…”, fue una de la frases lapidarias con las que respondió el gobernante saliente hace unos meses cuando se le preguntó sobre gastos de publicidad del Gobierno. De igual manera, le puso candado al informe de sus viajes al extranjero hasta 2017.
Asimismo, fueron numerosas las denuncias al inicio de su gestión de despidos de gente especializada para colocar a personal no idóneo y afín al FMLN, en contraposición a su promesa al visitar el Centro de Gobierno de que no habría despidos y de que promovería la meritocracia. (Ver nota aparte).
Pero, sobre todo, durante los cinco años de su administración, Mauricio Funes ha mantenido un permanente enfrentamiento con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y últimos dos años ha llevado una relación tirante con la empresa privada, al punto de llamar “boquifloja” o “ignorante” a uno de los principales dirigentes empresariales.
Este es el panorama que plantean los observadores políticos Manuel Enrique Hinds y Francisco Bertrand Galindo. A juicio de ellos, las promesas lanzadas por Funes en su primer discurso presidencial, en el que ofreció fortalecer la unidad nacional y propiciar el diálogo, no se han cumplido.
La política del “les guste o no les guste”
“En realidad hizo todo lo contrario: ha habido poco respeto a la institucionalidad. Su actitud ha sido siempre de ‘yo mando y hago lo que quiero, les guste o no les guste'”, indicó Hinds.
Al asumir el cargo, Funes dijo que estaba dispuesto a perfeccionar las instituciones, lo cual requería un esfuerzo en el que se tomaría en cuenta a los órganos Judicial y Legislativo.
En la práctica, el gobernante tuvo una cercana relación solo con el FMLN y sus aliados en el Órgano Legislativo, no así con el Judicial, a cuya Sala de lo Constitucional cuestionó, en no pocas ocasiones, sus sentencias.
Uno de los puntos que, de acuerdo con Bertrand Galindo, marcó al mandatario en su relación con la Sala de lo Constitucional de la CSJ fue apoyar el decreto 743, que tenía como intención amarrar las decisiones del Tribunal exigiéndole unanimidad para ser válidas. Al final, la intentona no prosperó.
“Ha habido momentos en que (Funes) ha intentado debilitar instituciones, como en el caso del decreto 743. Ese fue un momento delicado porque había una injerencia directa y porque se pudo verificar después que (la propuesta de ley) había sido fraguada desde la misma Casa Presidencial”, recordó Bertrand Galindo. Pero eso no es todo.
Funes apoyó la elección de los magistrados de 2006 y 2012, nombrados por los diputados nombrados el pasado 25 de abril de 2012. Estas elecciones fueron declaradas inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional porque los diputados no pueden elegir a dos cortes en una misma Legislatura. La respuesta fueron conflictos y amenazas de destituir a los magistrados. Finalmente, prevaleció el criterio de la Sala.
Un costoso conflicto
Funes prometió que favorecería el diálogo y la unidad nacional, y anunció la creación del Consejo Económico y Social (CES), invitando a la empresa privada a participar.
El llamado no era algo etéreo, que supondría tertulias políticas esporádicas y sin brújula. La intención era crear una mesa de trabajo permanente con distintos sectores, entre ellos la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
En octubre de 2009, Funes publicó el decreto que da vida al CES, concebido como un foro institucional permanente para facilitar el diálogo y la concertación alrededor de políticas públicas relacionadas con la agenda económica y social del país.
Ahora el CES funciona sin la participación de la empresa privada. Los frutos de la mesa no fueron los esperados por el empresariado. El diálogo se deterioró al grado de que el mandatario elevó, con el paso del tiempo, un tono de mayor confrontación con el sector.
Luego de su discurso de segundo año de mandato, en junio de 2011, el presidente de la ANEP, Jorge Daboub, afirmó sin tapujos que ya se habían creado demasiadas instancias de diálogo. A su juicio, lo importante no eran las mesas de diálogo, sino las de acción.
Luego de un año, la ANEP anunció su retiro del Consejo Económico y Social (CES) que dirige el Gobierno. “Mientras continúe atentando contra la democracia, la independencia judicial y el irrespeto a la Constitución el sector privado no participará del Consejo Económico y Social”, dijo ANEP en un comunicado.
El conflicto con el sector privado tuvo una dura consecuencia para la gestión de Funes, pues impidió que se aprobaran $277 millones de los Fondos del Milenio II durante su mandato.
El presidente incluso puso en peligro todo el proyecto al fustigar al influyente senador Patrick Leahy, quien puso en duda el cumplimiento del país en algunos de los más importantes criterios de Fomilenio II, incluyendo la relación con el sector privado y el combate a la corrupción y al crimen organizado.
Al parecer, Funes supuso que la aprobación de los requisitos por la Corporación del Milenio era suficiente. En realidad, todavía faltaba la autorización del desembolso de los fondos y, en ese punto, no contó con la influencia de Leahy para el desembolso.
En este sentido, Hinds consideró que el mandatario ha mantenido un estilo en relación a sus promesas de diálogo donde no ha respetado la opinión de otros sectores si ha sido distinta a la suya.
“Cualquier persona que tenga una opinión distinta a la de él, se convierte en un enemigo, no solo de él sino del Estado, y lo ataca desde la posición que tiene como presidente de la República”, dijo Hinds.
El intento por volver al diálogo lo retomó la empresa privada el 28 de noviembre de 2012, en el marco de la entrega del Premio Salvadoreño a la Calidad y el Reconocimiento a las Mejores Prácticas.
En ese entonces, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán, pidió al presidente Funes entablar un diálogo “constructivo”, pero fuera del CES: “Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir al ministro de Educación (Hato Hasbún) sus buenos oficios para enviar un mensaje a su jefe, a nuestro señor Presidente de la República, invitándolo a trabajar juntos, a dejar de lado el discurso confrontativo y a buscar un espacio para el diálogo constructivo, no el CES”.
El mandatario no atendió al llamado del empresariado y prefirió hacer su propia convocatoria, el 29 de abril de 2013, en el marco del XIII Enade. Allí, Funes invitó a la ANEP a que se reincorporara al CES.
En un discurso, más conciliador, sostuvo que ahora el “conflicto” entre el Gobierno y la empresa privada había “desaparecido” y que en su administración se ha consolidado la institucionalidad, algo que a su juicio no daba razones para que la ANEP permaneciera al margen del CES.
El sector privado no olvidaría que en la práctica, Funes marginó a la empresa privada de su papel fiscalizador del Estado al dejarla fuera de las directivas de las instituciones autónomas, una reforma de ley propuesta por la Presidencia y aprobada por todos los partidos, excepto ARENA, durante un madrugón legislativo.