Tres son las estrategias que conforman el eje número cuatro del plan que el Gobierno recién electo pretende implementar durante el próximo quinquenio, las cuales se refieren de forma específica al área de Seguridad Pública.
Las mismas suman, en desglose, 35 acciones y parten de un preámbulo en el que se asegura, a manera de introducción: “Recibimos el país en su estado más crítico de violencia, como consecuencia de las fracasadas acciones de los gobiernos anteriores, que exacerbaron la criminalidad y no fueron eficaces en combatirla”.
Con la afirmación anterior, el documento hace referencia directa a los planes Mano Dura y Super Mano Dura, pero no menciona en ninguna parte la tregua entre pandillas sobre la que el presidente saliente Mauricio Funes no solo ha basado la reducción de homicidios en los últimos dos años, sino que ha hecho alarde para destacar los logros de su gestión en materia de seguridad pública.
La nueva apuesta del Gobierno entrante, sin embargo, recicla mucho la jugada del Gobierno saliente; una jugada que ha sido dura y ampliamente cuestionada por diferentes analistas del tema de seguridad ciudadana.
Las tres estrategias planteadas en el plan de Gobierno del presidente electo Salvador Sánchez Cerén hablan de: coordinar todas las iniciativas con base territorial, combatir de forma efectiva el crimen y caminar hacia una política de prevención social de la violencia y el delito.
De ellas se desprenden siete objetivos específicos con más de una treintena de acciones muy similares a las prometidas por el presidente saliente Funes, cuando anunció el plan de seguridad pública que iba a implementar en este quinquenio que finalizará en mayo próximo.
En aquel momento, Funes concedió la seguridad a Manuel Melgar, su primer ministro de Justicia y Seguridad, quien enumeró cinco ejes: una política nacional de seguridad y convivencia, control y represión del delito; prevención y reducción de las causas de la violencia social y del delito; ejecución de penas, rehabilitación y reinserción social; atención a las víctimas de delitos; y una reforma institucional y legal.
Aunque varía el orden de las palabras, las ideas con las que el nuevo gobernante promete garantizar la seguridad a la población salvadoreña son en esencia iguales a las de Funes (ver recuadro).
Sánchez Cerén se ha trazado cumplir siete objetivos: impulsar una política de Estado para la convivencia y seguridad ciudadana; poner punto final al delito de extorsiones por parte de las pandillas; combatir de forma efectiva la criminalidad; prevenir el delito y la violencia social; buscar una auténtica readaptación para los internos en los centros penales del país; garantizar la protección, atención y reparación a las víctimas de todo tipo de violencia; y fortalecer la Policía Nacional Civil (PNC).
Leves variaciones
Al menos en el escrito, aumentar el número de efectivos policiales sí figura entre las acciones a ejecutar como parte de los nuevos planes de seguridad, a diferencia del plan original de Funes.
Aunque no figuraba en sus planes originales, el mandatario actual se vio obligado a sumar no menos de mil agentes, quienes se unieron a las filas de la corporación policial hace dos años atrás.
Otra de las variaciones en los proyectos de Sánchez Cerén es la creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y la creación de la Dirección de Investigación contra Delitos Informáticos.
Aunado a lo anterior, el objetivo específico sobre el combate efectivo contra la criminalidad busca lograr la efectiva aplicación de la Ley Extinción de Dominio, aprobada hace apenas cuatro meses.
Planes fracasados
Similares o no los planes, proyectos o programas, lo cierto es que, a pesar de los tres distintos gabinetes de Justicia y Seguridad Pública, los dos delitos que más agobian a los salvadoreños son los homicidios y las extorsiones, ambos atribuidos, en la mayoría de los casos, a las pandillas Salvatrucha y 18.
Las estadísticas de la PNC indican que, en efecto, la cantidad de homicidios bajó de 4,365 durante 2009, año en que Mauricio Funes se convirtió en jefe de Estado, a 2,594 durante 2012, año en el que las dos maras rivales firmaron un pacto de no agresión entre sus miembros.
Esos datos, sin embargo, no solo no han mermado la angustia en la que vive la población, sino que demuestran que el quinquenio de Funes terminará con más homicidios que los quinquenios presididos por Francisco Flores y Antonio Saca (ver arriba gráfico de barras).
La tregua, de forma específica, es la estrategia más criticada de todas, debido a que la cantidad de beneficios recibidos por los cabecillas de ambas pandillas, que están cumpliendo condenas en las cárceles, han derivado en que los afectados por la violencia criminal no se acerquen a denunciar los delitos de los que han sido víctimas.
En otras palabras, algunas cifras han registrado disminuciones, como la de desaparecidos o la de extorsiones, pero fuentes de la Policía han explicado que eso se debe a que un buen número de víctimas han optado por no acudir a las autoridades a interponer las respectivas denuncias.
Consultados sobre las prioridades que deben asumir las nuevas autoridades y los perfiles que deben tener los nuevos funcionarios en el ramo de Justicia y Seguridad Pública, algunos analistas opinaron que el tema de seguridad ciudadana debe ser desideologizado.