El exministro de Salud, Guillermo Maza, junto a 16 personas más a quienes la Fiscalía les atribuye supuestas irregularidades en el proyecto de Reconstrucción de Hospitales (Rhessa), seguirán siendo procesadas pero en libertad, según la resolución del Juzgado 6º de Paz de San Salvador.
En la diligencia de ayer se informó que Maza deberá responder en la fase de Instrucción por el delito de negociaciones ilícitas en la reconstrucción del hospital San Pedro, en Usulután, y por actos arbitrarios en la construcción del nosocomio Santa Gertrudis, en San Vicente.
La jueza Marta Rosales sobreseyó definitivamente al exfuncionario por el delito de actos arbitrarios en la reconstrucción del hospital de Usulután, porque ya prescribió.
El resto de imputados, entre ellos el abogado César Rolando García Herrera, exsubdirector de la Policía, también pasarán a la fase de Instrucción por los delitos de estafa agravada y falsedad ideológica por irregularidades en ambos proyectos hospitalarios.
Todos los imputados fueron dejados en libertad condicional y las únicas restricciones que tendrán será presentarse dos veces al mes al Tribunal Primero de Instrucción y no salir del país.
Monto estafado supera los $5 millones
Los delegados del Ministerio Público manifestaron que la jueza hizo anotaciones preventivas para garantizar la acción civil de cada uno de los imputados.
Las investigaciones arrojan que el monto de lo estafado en los dos proyectos hospitalarios es de $5,142, 096.50.
“Presentamos prueba documental que consiste en peritajes de obra y contable, en las que se determina que hay obra pagada y no ejecutada, así como equipo pagado y no suministrado e instalado en cada uno de los hospitales”, dijo una de las fiscales.
En reiteradas ocasiones, los defensores han señalado que el verdadero responsable de la defraudación al Estado ha sido Gerardo Osegueda Giné, de la empresa CPK Consultores, quien está prófugo pero que, desde 2012, fue localizado en España por la Policía Internacional.
Sobre Osegueda Giné pesan dos procesos de extradición: uno de ellos es por el desfalco que asciende a $3 millones, en la que la víctima es el Estado salvadoreño, de forma específica, el Ministerio de Salud.
La investigación contra los imputados inició con la denuncia interpuesta por el viceministro de Salud, Eduardo Antonio Espinoza, en mayo de 2010. En el documento se señalaba el cometimiento de los delitos de apropiación y retención indebida.