En la reunión donde se reformó una buena parte del Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales (RTI), y cuyas actas el país signó, uno de los estándares aprobados permite la inspección profunda de los paquetes de datos de Internet por parte de los Estados, argumentado “aumento a la ciberseguridad”.
Otro permite de que los gobiernos puedan asignar direcciones IP y nombres de dominio, lo cual abre la puerta de la discrecionalidad para decidir “quien está o no en la Web”.
Mientras en El Salvador los diputados no conocen lo que se gestó en la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (WCIT-12), en otros países firmantes como Argentina la discusión a nivel político apunta a que la regularización es parte de los intereses de naciones autoritarias para atentar en contra de los derechos civiles, asumiendo la gobernanza de la red y estimulando las inspecciones e intervenciones permanentes.
Cabe subrayar que ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en ingles) solo están representados gobiernos, por lo que muchos sectores involucrados como las mismas empresas de telefonía pasan a un segundo plano, pese a que se dieron discusiones de ciberseguridad, conectividad, aplicación de tasas por contenido y hasta alteración a la política “del mejor esfuerzo”.