Dos de los cinco diputados disidentes de ARENA: Rigoberto Soto y Sigifredo Ochoa Pérez justificaron ayer que la fracción legislativa que formaron poco después de haberse fugado de las filas areneras es respaldada por el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.
“Este es un país libre y cualquier ciudadano puede presentar cualquier demanda a la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia). Nosotros, para formalizar el grupo parlamentario, seguimos el Reglamento Interno que tiene la Asamblea. Hemos hecho y seguido todos los instrumentos que la ley nos da; no vemos por qué deba haber una inconstitucionalidad en este momento”, dijo Soto.
Precisamente Soto se refirió al instrumento legal que sustenta la demanda interpuesta por Abelino Chicas Alfaro ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ, y que está en el proceso de análisis. El recurso fue interpuesto por Chicas Alfaro el 19 de abril del año pasado.
En la demanda pide a la Sala que declare inconstitucional el artículo 34 inciso segundo del Reglamento Interior de la Asamblea, el cual permite a los diputados que decidan abandonar su grupo parlamentario formar nuevas fracciones siempre y cuando el número de legisladores sea igual o mayor a cinco.
Chicas Alfaro aduce que esta autorización legislativa “fomenta y legaliza el transfuguismo político”.
Y pese a que los diputados Soto y Ochoa Pérez manifestaron que acatarán el fallo que emita la Sala, afirman que su calidad de diputados no se las pueden quitar, ya que fueron electos en 2012 en una votación popular, en ese entonces, con la bandera de ARENA.
“No nos pueden quitar el nombramiento de diputado porque hemos sido electos por el voto popular, no pueden de por sí sacarnos y meter a los suplentes (de ARENA), porque nosotros hemos sido elegidos por votos, por la gente que votó”, afirmó Ochoa Pérez.
Los legisladores disidentes que formaron la nueva fracción a la que llaman “Unidos por El Salvador”, fueron abandonando poco a poco la bancada tricolor desde inicios de 2013, y tras varios días de tensión en el Congreso a raíz de que ellos mismos negaban que se fugarían, a mediados de abril de ese año completaron cinco diputados disidentes con la fuga de la diputada Claudia Ramírez.
La diputada suplente Elsa Dávila de Morales también se sumó, con lo que se redujo a 28 los diputados propietarios de ARENA de 33 ganados en las elecciones de 2012.
Además de Soto, Ochoa Pérez, Ramírez y De Morales, el resto de legisladores disidentes de ARENA, a los que el demandante considera en la denuncia como “la parte pasiva de la pretensión de inconstitucionalidad” son: Jesús Grande y Santos Adelmo Rivas Rivas.