El Fiscal General, Luis Martínez, desmintió al presidente saliente Mauricio Funes, quien afirmó que los trabajos de la presa El Chaparral están paralizados por causa del Ministerio Público.
“Realmente en este momento (El Chaparral) no está en construcción porque ellos mismos terminaron el contrato con la empresa que había sido la responsable de llevar a cabo esta obra”, declaró el fiscal Martínez.
El funcionario afirmó que la suspensión de la obra no tiene nada que ver con las investigaciones que se realizan sobre la misma, incluyendo el pago de $108 millones que se le hizo a la constructora pese a que los trabajos quedaron a medias.
En su discurso de instalación de los equipos de transición presidencial, el 17 de marzo pasado, Funes aseveró que “si en estos momentos el trabajo está paralizado es por la intervención de la Fiscalía General de la República y en esto quiero ser claro”.
En seguida, Funes insistió en que “no es el Gobierno ni las autoridades de CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica) quienes han parado el trabajo de la hidroeléctrica El Chaparral… la responsabilidad de que el trabajo de la represa esté suspendido, es única y exclusivamente de la Fiscalía General de la República, que (es la que) ha ordenado la suspensión de los trabajos”.
Pero el Fiscal General es contundente en aclarar: “El atraso no lo generamos nosotros…”.
Estamos en una investigación precisamente por las anomalías que han existido en el desarrollo de esta obra (construcción El Chaparral)”.
Funes afirmó en aquella ocasión que “ese es dinero que está perdiendo el Estado, en la medida en que la obra está cesante y esa energía no generada. Espero que el Fiscal entienda las razones técnicas, no políticas, que tiene el Gobierno, para continuar con este proceso, de tal manera que sin menoscabo de la investigación que está realizando, podamos continuar con el trabajo de la presa”.
Según el gobernante, dos empresas están interesadas y han sido “precalificadas” para continuar la obra, una china y otra brasileña.
Sin embargo, ambas han sido cuestionadas por trabajos realizados en Ecuador y Perú, informaron en su momento diversos medios como la agencia como Reuters, así como otros ecuatorianos y chilenos como El Comercio y Latercera.com.
Tras negar que esté interfiriendo con la obra, el fiscal Martínez subrayó que “hacemos una investigación completa, nos empapamos de todo para tener un conocimiento real de lo que sucedió, de lo que encontremos, analicemos y estudiemos del caso y de ahí vamos a tomar las decisiones”.
El mandatario se quejó en esa ocasión de que el fiscal Martínez abriera la investigación de la obra a raíz de la denuncia que hicieran diputados de ARENA para que se indagara la construcción de la presa y, en particular, la negociación entre CEL y la constructora Astaldi para cerrar el contrato, después que la empresa se retirara alegando “imprevistos imprevisibles”.
“La Fiscalía abrió un expediente y le ordenó a las autoridades de CEL suspender todo tipo de trabajo en la presa”, dijo Funes.
El gobernante saliente aseguró que hablaría con el fiscal Martínez para que explicarle “la necesidad de que libere a CEL de que continúe con el proceso de licitación (de la obra)”.
Sin embargo, fuentes de la Fiscalía General aseguraron ayer que en estas últimas semanas no se ha recibido solicitud de reunión de la Presidencia de la República ni, mucho menos, que el fiscal Martínez se haya reunido con Funes.
Antecedente
No es la primera vez que Funes arremete contra el fiscal Martínez por las investigaciones abiertas sobre la paralización de la construcción de El Chaparral y el acuerdo con la empresa constructora para terminar el contrato.
El malestar del presidente saliente surgió luego que el fiscal Martínez anunció, el 3 de octubre pasado, que había iniciado la investigación sobre El Chaparral, una obra cuyo costo global pactado originalmente fue de $220 millones.
En esa ocasión Funes le dijo a Martínez, en uno sus programas radiales de los sábados, que “perdía su tiempo” al investigar el acuerdo al que se llegó con Astaldi en su administración, al interrumpir el contrato para seguir con la construcción de la represa.
Funes reconoció la entrega de los 108.5 millones de dólares, que incluía 32.5 millones para no ir a un arbitraje internacional. Ese arreglo fue apegado a ley, según el mandatario.
“Allí no hay nada oscuro, allí no hay nada amañado, allí no hay nada que se haya hecho sino apegado a la ley”, dijo Funes, quien agregó que si no se hacía el trato directo la suma de dinero a “desembolsar era una suma muy superior a la que resultó de la negociación”.
Investiga arreglo
Martínez, por su parte, reveló que dentro de las investigaciones del caso El Chaparral se contempla la verificación de que si el trato directo que hicieran las autoridades de CEL con la empresa Astaldi tiene sustento legal o existe alguna anomalía.
La actual administración de CEL, dirigida por Leopoldo Samour, decidió negociar el fin del contrato, lo que significó erogar casi la mitad del monto global, cuando las obras tenían un avance del 38 por ciento.
Al respecto, Martínez dijo que “incluyen si las justificaciones para llegar a un trato directo con la empresa a la que se le otorgó los 108 millones de dólares fueron legales o no, y en que condiciones se dio este trato. Si ha existido delito en esa negociación entonces nosotros vamos a proceder contra quien sea”.
Investigación geológica
Martínez adelantó que aún se está en la etapa de contratar al geólogo que hará el estudio del terreno donde se comenzó a construir la represa El Chaparral.
“Estudios técnicos del comportamiento del suelo y todo lo que se ha alegado en cuanto a la montaña y todo eso, son estudios técnicos que se van hacer hidrológicos y geológicos y otras materias relacionadas a la ingeniería”, agregó Martínez.
En enero pasado, el Fiscal General dijo que la intención de contratar a un geólogo pretende establecer de forma técnica si realmente “la montaña se movió” o “sufrió un desplazamiento”, argumento que se esgrimió para paralizar las obras en 2010 y que al final sirvió para pagarle los 108.5 millones de dólares a la constructora aunque el proyecto quedara inconcluso.
El Fiscal General explicó que las investigaciones pasan por el estudio técnico del terreno hasta por el proceso de licitación, adjudicación, la construcción de la obra y el acuerdo de trato directo.
En las próximas semanas comenzará a recibir las declaraciones de los funcionarios del Gobierno que han tenido que ver con todo el proceso de construcción de la represa El Chaparral.