La noticia de que más de 204 mil dólares del presupuesto del Ministerio de Seguridad se sumarán a los $1.4 millones que serán gastados para el traspaso de mando presidencial, el próximo 1 de junio, le cayó como balde de agua fría a dueños de inmuebles que los dan en alquiler para que sean usados como sedes policiales.
Algunos arrendadores afectados denuncian que la Policía Nacional Civil (PNC) les adeuda entre 3 mil y 20 mil dólares, que equivalen a seis meses de alquiler.
El argumento que estas personas reciben desde la corporación policial, cuando exigen el pago de la deuda, es que no la pueden saldar porque el Ministerio de Hacienda no les ha hecho el desembolso.
“¿Cómo es posible que para cumplir el compromiso adquirido con nosotros no tengan dinero y para transferir fondos para el traspaso de mando sí hay?”, reprochó una afectada, quien le arrienda una propiedad a la institución en el occidente del país.
Con un problema similar debe lidiar otro salvadoreño que le alquila un local a la Policía en Santa Ana.
Según él, hizo un préstamo bancario para poder hacerle mejoras al inmueble y luego darlo en alquiler a la Policía, pero ante el retraso en los pagos de la corporación, él ha caído en mora con el banco porque no ha logrado abonar la cuota mensual.
Los mismos empleados administrativos de la Policía, dice, le sugieren que dirija cartas al director general, Rigoberto Pleités, pidiéndole que intervenga para que los encargados se pongan al día con los compromisos adquiridos.
El contrato que el afectado y la institución tienen, cuenta el demandante, es que al cumplirse el cuarto mes de mora, él puede exigirle a los policías que desalojen el establecimiento.
“No les he pedido que se vayan porque capaz que por eso no me darán lo que me deben”, lamenta.
Problema recurrente
En febrero pasado, representantes del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl denunciaron que la corporación policial les debía $32 mil por 14 meses de alquiler de dos casas situadas en el Centro de Gobierno y que alojan las oficinas de la Interpol desde hace ocho años.
La presidenta de la Asociación de las Damas de Caridad que administra esa institución de beneficencia sostuvo que el dinero de los alquileres de estas residencias corresponde al presupuesto de funcionamiento del asilo.
El Diario de Hoy le preguntó sobre la deuda al director de la Policía y él aseguró que desconocía sobre ese tema, pero detalló que siempre ha existido disponibilidad financiera para pagar.
Días después de la denuncia, los delegados de la institución benéfica informaron a este Diario que la Policía les había hecho un abono de $28 mil que correspondían a un año de arrendamiento, pero dejaron pendiente el pago de dos meses.
Esta práctica también le ha genera molestias al propietario de un inmueble donde funciona una sede policial en Chalatenango, a quien no le han cancelado casi $3 mil desde hace cinco meses.
El hombre asegura que además de esperar a que la corporación policial les cancele la deuda, la mayoría de veces no la saldan por completo, solo le hacen un abono: “Si estos gastos ya están contemplados en el presupuesto general de la Policía, que se aprueba un año antes, cómo es que siempre están con las finanzas en rojo”, critica el afectado.
El año pasado, la Policía tenía una deuda de más de $2.5 millones con sus proveedores y con los propietarios de casi 400 inmuebles que son usados como sedes policiales y oficinas administrativas. —EDH