SANTA ANA. Las propietarias de terrenos que han sido invadidos en la lotificación San Rafael, cantón Loma Alta, lamentaron que en la Fiscalía no les hayan tomado la denuncia por usurpación, la cual comenzó a darse a mediados de enero de este años.
Lo mismo pasó en la delegación de la Policía, donde ni siquiera les tomaron los datos, explicaron Francia de Rivas y Nora de Jerez.
Las intención de las señoras fue buscar el mecanismo legal para que por la vía judicial fueran desalojados.
Setenta personas tienen una parcela en las dos manzanas y media que conforman la lotificación. Se suman otras dieciocho manzanas que están contiguo al terreno.
Las dos afectadas explicaron que el 14 de marzo llegaron a la oficina Fiscal en Santa Ana para interponer la denuncia.
Allí sólo dejaron ingresar a una persona, hermano de una de las afectadas.
Como respuesta les dijeron que debían de ir todos los propietarios de los terrenos o contratar los servicios de un abogado para que los represente, relataron.
El 1 de abril llegaron a la delegación de la PNC, donde también les recomendaron la contratación de un abogado.
Dos días después, personal del Sistema de Emergencias 911 dieron seguridad a las afectadas para ir a la lotificación, donde preveían negociar directamente con los usurpadores. Pero no lograron convencerlos para que se retiraran de los terrenos.
“Realmente estamos preocupadas porque fuimos a la alcaldía, Policía y a la Fiscalía y no vemos una acción que tomen (para desalojar)”, indicó de Jerez.
El jefe de la Fiscalía en Santa Ana, Román Navarro, explicó que sí llegó un hombre a tratar de interponer la denuncia sobre una usurpación; sin embargo, no portaba los documentos que acreditaba la propiedad de los lotes.
“La receptora me dice que sí atendió al abogado que representaba a dos personas en relación a una usurpación, posiblemente se trate de estas señoras”, agregó.
Recomendó a los afectados presentarse de nuevo con la documentación donde los acredite como dueños.
El jefe departamental de la Policía, subcomisionado Víctor Herrera, dijo que el delito de usurpación no se persigue de oficio, por lo que sólo a través de una orden judicial pueden intervenir.
De Jerez agregó que no son personas adineradas sino que con sacrificio han adquirido los lotes. La mayoría son empleados, que aún no han construido porque esperan que la zona se vuelva urbanizable.
“Nosotros hemos trabajado para obtener esos terrenos; ya estamos mayores, le rogamos a las personas que nos desalojen”, dijo de Rivas, de 67 años.
Las afectadas también expresaron que quienes están repartiendo las parcelas lo hacen “a nombre del FMLN”.
Pero el secretario departamental de ese partido, Luis Corvera, se desligó al señalar que desconocía el caso.
“De eso no sé nada o que sepa quiénes son”, dijo.
Contiguo a la usurpación está la residencial Jardines del Rocío. El presidente de la Adesco, quien omitió su nombre, dijo que se sienten “amenazados socialmente” debido a que desconocen la procedencia de los ocupantes.
El 25 de marzo de este año algunos de ellos, quienes no se identificaron, argumentaron que las tierras han estado en abandono. Varios ya talaron árboles y construido champas.