o que quedó de la construcción de la presa El Chaparral camina a convertirse en un monumento de $108.5 millones a la oxidación, entre contradicciones, hermetismo y freno a las investigaciones sobre el proyecto.
El silencio sepulcral que domina la zona de la obra en el río Torola, en el norte de San Miguel, parece ser el mismo de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga los contratos de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la cual no define cuándo iniciará las indagaciones sobre el caso El Chaparral.
Una vez los legisladores de esa comisión enviaron a la Fiscalía el informe de la investigación que hicieron sobre el contrato entre la CEL y la firma italiana Enel Green Power, otros proyectos como la construcción del Chaparral, la expansión de la 5 de Noviembre y la revisión del traspaso de acciones de LaGeo a la empresa Inversiones Energéticas (INE) se han quedado en el camino, casi engavetados.
Esto a raíz de que la Comisión Especial nunca logra el quórum necesario para tratar el tema, pese a que es agendado por el Órgano Legislativo una vez por semana.
Sin embargo, de acuerdo con el diputado Mario Valiente, de ARENA, hay una razón por la que el FMLN le da largas a la comisión: no le es prioritario. El diputado efelemenista Jaime Valdez, quien la preside la comisión, ha dicho que es el proyecto de Nejapa Power y Duke Energy el que debe ser investigado. Aunque no desmerita El Chaparral, considera que en el primero “hay mucha tela por cortar”.
Pero Valiente estima que todo lo relacionado con las últimas decisiones de CEL debe indagarse. “Lo que pasa en la 5 de Noviembre, El Chaparral y la INE genera pérdidas a los salvadoreños”, reflexionó Valiente.
La oposición ha cuestionado que el Gobierno le pagó $108.5 millones a la empresa italiana Astaldi después que abandonó el proyecto alegando “imprevistos imprevisibles”, según se dijo oficialmente, con un avance del 38 % de los trabajos.
La megaobra estaba valorada en $220 millones, por lo que se pagó como si hubiera tenido un avance del 50 por ciento, explicó en su momento el diputado Edwin Zamora.
Mientras tanto el presidente Mauricio Funes negó, en un primer momento, que la obra estuviera paralizada, pero después lo admitió y lo atribuyó a “las investigaciones de la Fiscalía General de la República”, que anunció que haría peritajes en el terreno.
A este respecto, Valiente considera que lo dicho por Funes es sólo una “excusa”. “El Fiscal no tiene nada que ver, si Funes está poniendo al Fiscal de excusa, no tiene nada que ver. Él puede hacer sus investigaciones sin ningún impedimento”, valoró Valiente.
Sin embargo, también la FGR guarda silencio y no revela si geólogos internacionales han hecho sus pesquisas en el lugar, como se había anunciado.
Funes dijo que había dos empresas interesadas en continuar la obra, una china y otra brasileña, pero ni el Gobierno ni la Fiscalía se han pronunciado por los cuestionamientos que pesan sobre ellas en otros países, de los cuales informó ampliamente en este periódico.
El Diario de Hoy ha pedido entrevistas tanto a la Fiscalía como a CEL sobre la obra y las investigaciones, pero no han dado respuesta.
Mientras tanto, muchos de los lugareños de los caseríos Soledad Terrero y La Orilla, dos de los principales puntos que afectará el embalse, siguen sin vender sus tierras para el proyecto, pese a que les han advertido que los expropiarán si no acceden.
“Acá es inviable una represa, esta montaña no sirve, es arcillosa y hay mucha agua por bajo”, describió un habitante de una comunidad que recuerda hasta derrumbes para las tormentas Agatha y Alex en 2010 que terminaron por complicar el panorama.
Los peritajes son cruciales en este punto porque esclarecerían los problemas que se detectaron en el margen derecho de la montaña, ya detallados en el estudio de supervisión que realizaron en conjunto Euroestudios e Ingetec S.A.
Tampoco la Fiscalía ha explicado en qué etapa se encuentran las investigaciones, la cual incluye la revisión de la adjudicación que hizo CEL de un nuevo diseño a la firma brasileña Intertechne, la misma que hizo el primero que fue descartado. Además, el Ministerio Público se proponía determinar si fue cierta la versión de que la montaña “se movió”, como se alegó en un inicio para justificar la paralización de los trabajos.
Dicha región tiene varias evidencias de fragilidad, por estar formada por un suelo “poroso y arcilloso”, según el mismo documento de los supervisores.
En una visita reciente al plantel de El Chaparral, situado en los municipios San Luis La Reina y Carolina, se constató que la empresa constructora Astaldi SpA ya inició el retiro de maquinaria de su propiedad de la zona, como tractores, excavadoras y trituradoras de material pétreo, luego de mantenerla por casi dos años, después de firmar el arreglo directo con Cel para cancelar el contrato.
También se verificó que se realizaron varias excavaciones para concluir el rediseño, incluyendo varios pozos en el margen derecho de la montaña. Algunos, incluso, tienen placas donde detalla la profundidad de los trabajos, de hasta 115 metros.
Además, se mantiene una fuerte vigilancia, con casi 50 agentes privados en el lugar, incluso en el parqueo de la firma italiana, mientras que en las oficinas locales de CEL de San Luis La Reina (donde se coordina todo lo relacionado con el proyecto) se observó poco movimiento de técnicos y empleados.
La gran pregunta es si estas obras que están sin mantenimiento lograrán resistir ante el calor y la corrosión del lugar, aunque representantes de CEL dijeron, hace varios meses, que periódicamente un equipo técnico de la empresa paraestatal llega al lugar a realizar diversas tareas.
El proyecto hidroeléctrico El Chaparral tenía que iniciar la generación y el suministro de 66 megavatios de energía en enero pasado y, a la fecha, se desconoce cuándo se adjudicará la continuación de las obras.