Las extorsiones y las amenazas le están quitando el sueño y la tranquilidad a los maestros; sobretodo a los que trabajan en centros educativos de San Salvador y Cuscatlán.
Los relatos de las víctimas sobre los momentos críticos que les ha tocado vivir son escalofriantes y angustiosos.
Se rehusan a dar detalles del tema porque temen que, después de conocerse su situación, los delincuentes regresen con acciones mucho más violentas y crueles como el asesinato o la privación de libertad (rapto).
Un equipo de El Diario de Hoy realizó un recorrido por algunas instituciones educativas de Cuscatlán y San Salvador y se encontró con un panorama nada alentador.
Maestros y directores estiman que el problema con las pandillas no parece tener tregua, al contrario estiman que va en aumento.
Los casos son tan delicados que el periodista debe comprometerse con la víctima a no revelar su identidad ni la institución educativa para la cual labora, como mecanismo de confianza y protección para la víctima y para su grupo familiar.
Bajo esas circunstancias, la víctima, docente, relató con lujo de detalles aquella pesadilla que le ha tocado vivir en los últimos meses del año anterior y el actual.
En sus palabras, se observa pánico y sufrimiento por la impotencia y la inseguridad en la que día a día deben realizar su labor.
Terminaron aquellos tiempos en que los profesores podía salir de su casa rumbo a la escuela sin temor alguno.
En el centro educativo donde presta sus servicios, ya no tiene sosiego ni confianza para dar sus clases o fijar el lugar de su escritorio, porque teme alguna sorpresa.
“He cambiado el lugar de mi escritorio en el aula porque me dicen que si me siento aquí, me están viendo de allá o si estoy en otro lugar me vigilan del otro lado”, así es la zozobra en Cuscatlán.
Como parte de sus revelaciones, manifestó haber sufrido afectación económicamente por estos sujetos.
“Pagaba una extorsión de 150 dólares mensuales, pero de un tiempo para acá me pidieron 500”, expresó.
Con ese monto, los sujetos le estaban exigiendo todo el sueldo de un mes. “Ya no les pude dar nada, porque no me quedaba para la alimentación de mi familia”, afirmó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas al ver la inseguridad en la que se encuentra.
Las notas anónimas bajo la puerta del aula donde imparte sus clases fueron el mecanismo mediante el cual le llegaron los chantajes.
“Me dejaron seis papeles (manuscritos) debajo de la puerta, donde me decían que conocían mi dirección, mis números telefónicos y todos mis datos y los de mi familia”, reveló, como una forma de infundirle miedo.
En los escritos le hacían exigencias de dinero y luego un pliego de amenazas como que conocían todos sus movimientos, actividades a las que se dedica, su grupo familiar, quiénes eran y se los describían uno a uno.
“A raíz de las amenazas, recurrí a la directora para que me ayudara a gestionar un traslado”, afirmó la víctima. Sin embargo, la directora dijo que no podía gestionar el traslado porque “no podemos salir huyendo de aquí, que ya nos conocen”; también porque temen que el problema se haga peor.
Añade que, mientras pudo, pagó la extorsión que le exigieron, pero al incrementar la suma, buscó ayuda, fue a la Departamental del Ministerio de Educación (Mined) en Cuscatlán, pero en esa institución le exigieron requisitos que imposibilitaban el traslado: uno era que presente la denuncia del caso ante la Policía o Fiscalía, una diligencia, que reconoce no haber realizado por temor.
Esa situación ha impedido que la Departamental gestione su traslado ante las autoridades del Ministerio de Educación. Lo bueno, según la víctima, es que desde que se rehusó a darles todo su sueldo las amenazas cesaron.
Asegura que ha experimentado una relativa calma, pues ni llamadas telefónicas ni notas anónimas han vuelto a llegar a la puerta de su aula de clases, pero de eso no se confía, pues las pandillas son impredecibles.
Agregó que sobre el problema no le platica a sus niños y niñas para no afligirlos o preocuparlos. No obstante, dijo que sus alumnos ya tienen conocimiento de la situación, pues, un día, los niños recogieron una anónimo cuando llegaron y abrieron la puerta de su salón.
En el Instituto Nacional de San Rafael Cedros la situación con las pandillas es menos compleja, pero no escapan al fenómeno de que cierta pandilla quiere acaparar la escuela para sus hijos o vecinos de la mara que opera en su alrededor y prohibir que estudiantes que viven en zonas donde opera la mara rival sean inscritos en ella.
Una de las autoridades de ese centro educativo afirmó que hasta 2013 estuvieron exentos de la problemática social que experimentaban otras instituciones.
“Pero, lamentablemente, en este pueblo se ha venido acrecentando esa problemática, a tal grado que el sitio donde está situada la escuela está considerado como de alto riesgo”, afirmó la autoridad escolar.
En el interior del Instituto se observa un ambiente tranquilo, pero muchos estudiantes están vinculados a la pandilla local.
El año pasado y en el presente, los alumnos vinculados a determinada pandilla corrieron a otros que procedían de zonas de grupos rivales.
“Por ejemplo, jóvenes de El Carmen no pueden venir a San Rafael Cedros a estudiar, porque los pandilleros no los dejan”, subrayó.
Las rivalidades de pandillas ha obligado en la zona a que varios jóvenes trunquen sus estudios porque en el sector donde residen las instituciones educativas no ofrecen más que hasta noveno grado.
El problema se agudiza cuando les remiten a un menor que es procesado por un delito y como medida alterna a la prisión un juzgado lo envía a estudiar ahí.
“El joven no quiere trabajar, presenta actitudes violentas y los demás compañeros suyos no solo lo tienen que aguantar, sino que no quieren correr algún tipo de riesgo”, afirmó la autoridad docente.
El centro educativo se encuentra en completo desamparo por parte de las autoridades, excepto en algunos momentos que se hacen presente policías o militares.
“He observado casos en los que los pandilleros, cuando ven a otro joven que consideran que es rival suyo, lo registran como que si fueran autoridades: le levantan la camisas y le exigen los documentos”, manifestó el docente.
En cuanto a extorsiones a maestros, una de las autoridades del Instituto Nacional de San Rafael Cedros aseguró que desconoce de algún caso, aunque aseguró que hace dos años, él fue víctima de ese flagelo, le exigieron 3,000 dólares, pero denunció de inmediato ante la Policía.
Indicó que él empezó a investigar el caso con alumnos que consideraba sospechosos; al final la amenaza se desvaneció y todo volvió a su normalidad.
En cuanto al delito de tráfico de droga, afirmó que fueron detectados algunos alumnos involucrados, quienes no solo se dedicaban al narco menudeo, sino al consumo.
Padres de estos jóvenes fueron avisados sobre el problema y el fenómeno fue controlado. Todavía no se han registrado amenazas o solicitudes a maestros relacionadas a drogas.