El sujeto, cuyo nombre se reservó la Fiscalía para evitar la revictimización de la ofendida, quedó libre el lunes.
Es padre, abuelo y desde hace nueve años padre-abuelo. Aunque la Fiscalía General logró demostrar que violó y embarazó a una de sus tres hijas, el Juzgado de Paz de Tacuba (Ahuachapán) decidió otorgarle libertad condicional.
En otras palabras, le ordenó presentarse cada cierto tiempo a firmar un libro al juzgado en lugar de enviarlo a la cárcel.
De acuerdo con la fiscal del caso, una de las razones por las que el Juzgado decidió dejar en libertad al imputado es porque “la víctima manifestó que quería que él quedara libre, porque antepuso su necesidad de subsistencia (económica) a los abusos de los que ha sido objeto; y el juez hizo sus valoraciones y tomó la última palabra sobre esa base (la petición)”.
Lo anterior se refiere a que el violador es el único sostén económico de la familia, explicó la funcionaria.
Los ataques sexuales comenzaron cuando la víctima era una adolescente de 16 años. Su hijo-hermano tiene ya nueve años y ella, su madre-hermana, 26.
Las investigaciones del Ministerio Público fueron realizadas de oficio, “tras las denuncias de la ‘vox populi’ (comentarios de vecinos y familiares)”, indicó la fiscal.
Dichas indagaciones han determinado que el sujeto ha cometido el mismo delito con sus otras tres hijas, con la excepción de que ellas no han terminado en situación de embarazo.
Por los otros casos, sin embargo, la Fiscalía aún no ha abierto procesos judiciales, porque solo la víctima en mención ha querido colaborar con la justicia. “Depende de cómo continúe este caso, vamos a platicar con ellas para que declaren, y vamos a continuar con la investigación”, aseguró la funcionaria y añadió que hoy presentará el recurso de apelación contra el fallo que dejó en libertad condicional al violador.
No hay estadísticas sobre violaciones incestuosas
Casos como estos “hay muchos”, valoró la encargada de la Unidad de Género del Ministerio de Salud, Breny Herrera; no obstante, admitió que en El Salvador todavía no hay una institución que consolide esas estadísticas.
“La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres dice que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública es el que se va a encargar de llevar todas las estadísticas en relación a la violencia contra las mujeres, porque hay diferentes fuentes: la PNC, la Fiscalía, Medicina Legal, Salud, la PGR, la PDDH y sin mencionar ISDEMU y muchas otras ONG de la sociedad civil que trabajan el tema”, anotó Herrera.
Durante el pasado 2013, el sistema público de salud atendió a un total de 502 víctimas de violación sexual. De ellas, 468 eran mujeres.
Es imposible, sin embargo, saber cuántas de esas violaciones terminaron en embarazo y mucho menos cuántos de esos ultrajes fueron cometidos por parientes (ámbito intrafamiliar), conocidos o desconocidos (ámbito comunitario o laboral).
Herrera espera que para el año que viene las estadísticas hayan sido homogeneizadas por todas las instituciones.