La primera carretera exprés en que se transformaría la Diego de Holguín para ser finalizada, no lo fue en su construcción, sino que sufrió una serie de tropiezos que han dejado muchas dudas y cabos sueltos, que quizás sean esclarecidos durante el proceso en los tribunales de justicia.
La obra de 8.9 kilómetros, que inicialmente tendría un costo superior a los 45 millones de dólares, finalmente fue concluida casi siete años después a un monto de 77 millones de dólares.
Desde un inicio se cuestionó el proceso de licitación y adjudicación de manera directa a Copreca-Linares por el exministro David Gutiérrez (excluido del proceso judicial por la Fiscalía), hecho que incluso ha sido duramente criticado por el actual ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez.
En más de una ocasión, Martínez ha señalado que la empresa no cumplía con los requisitos para ganar el proyecto, pues nunca presentó estados financieros firmados por un auditor.
Además, la oferta de Copreca-Linares excedía en un 9.2 por ciento a los fondos disponibles para la obra.
El mismo requerimiento de la Fiscalía ante el juzgado establece una serie de posibles irregularidades como la entrega del anticipo del 30 % y su uso por parte del asocio para pagar deudas ajenas al proyecto.
Junto a eso, el requerimiento del Ministerio Público establece que la empresa incumplió con el personal técnico ofertado y prometido para el proyecto; además de la entrega de dinero, en noviembre de 2006, por pago adelantado de cemento a la constructora por más de $403 mil.
Además, durante la primera etapa la construcción presentó la mayoría de problemas, por ejemplo: se modificó el diseño original de dos derivadores (orejas) a cuatro, lo que provocó que una tala de árboles en una área protegida de la finca El Espino, esa acción dio paso a la intervención de la alcaldesa del FMLN de ese entonces, Violeta Menjivar, que de inmediato paró el proyecto.
Eso le valió al entonces ministro Gutiérrez sanciones del Ministerio de Medio Ambiente y procesos judiciales por la tala de árboles.
Al parar los trabajos, la empresa entró en incumplimientos y la poca obra realizada comenzó a deteriorarse por las inclemencias del tiempo, significando pérdidas para el Estado salvadoreño y para la constructora.
El proyecto se entrampó y Gutiérrez fue relevado del MOP por el expresidente Antonio Saca, quien a inicios de 2007 nombró a Nieto con la misión de solucionar legalmente el problema y reactivar la construcción.
Sin embargo, Nieto enfrentó un valladar de problemas con Copreca-Linares, quien reclamaba las pérdidas del proyecto por el cambio de diseño.
Nieto trató de reactivar la construcción, para lo cual con el aval de la Corte de Cuentas, habilitó un arbitraje que ganó la constructora. La obra se reinició pero a los pocos meses fue abandonada, por lo que le cobraron las fianzas al constructor. Los 3.9 kilómetros pendientes fueron concluidos en la administración actual.