El anteproyecto de Ley de Medios Públicos que promueve la administración Funes y que se espera pronto inicie su estudio en la Asamblea Legislativa, abre desde ya escenarios polémicos según un abogado y directores de medios: propicia más burocracia y gasto estatal innecesario.
Pero lo más peligroso, para ellos, es que abre la puerta a una posible intervención estatal en medios de comunicación privados dados los términos utilizados y la falta de claridad en la redacción de la propuesta de ley.
El proyecto prevé crear un Consejo Nacional de Medios Públicos, un consejo consultivo y un comité de contraloría social, así como una “defensoría de la audiencia”.
Los temores y la incertidumbre, a partir de estos planeamientos, son comunes para el abogado y exministro de Seguridad Francisco Bertrand Galindo, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Medios Publicitarios (AMPS), Manuel Flores, y el expresidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Rafael Domínguez.
El anteproyecto de ley dice que su objeto primero es crear la Comisión Nacional de Medios Públicos (Conamep), cuya naturaleza será autónoma, tendrá su patrimonio propio y una autonomía administrativa, financiera y editorial frente a los Órganos de Estado, según se explica en el artículo 6.
Este consejo tendrá bajo su batuta “los medios estatales de comunicación sin finalidad de lucro” y que, según dice el documento, se dedicarán a producir y difundir programas educativos, informativos, culturales y de entretenimiento que promuevan la pluralidad ideológica, política y cultural, entre otros.
Pero, además, destaca que esta nueva entidad estatal establecerá con los medios privados “mecanismos de coordinación y cooperación”. Además, contiene definiciones de los medios privados y medios comunitarios, según lo establece el artículo 4.
Para Bertrand Galindo, ese apartado “da la sensación de que la relación con los medios privados podría ser obligatoria”, y esa “confusión que puede ser peligrosa” porque los aplicadores de la ley pueden interpretar a su manera y llevar a un control de los medios”. Por eso, añade, se debe dejar claro.
Domínguez también ve innecesario crear un comité de Contraloría Social que estaría integrado por diez personas de organizaciones de la sociedad civil que pueden pertenecer a los sectores de derechos humanos, campesino, pueblos originarios, artístico, sindical, ambientalista, periodistas, personas con discapacidad, salvadoreños en el exterior, académicos, entre otros, reza el artículo 22.
Manuel Flores también ve riesgos y por ello sugiere que se ponga atención en la redacción del articulado. “No está bien redactado el proyecto y es una de las observaciones que hemos hecho. Esta ley debe definir que implica nada más los medios públicos y deja abierta la posibilidad de que incluyan a los medios privados”, afirma.
Dice que como AMPS enviaron esa y otras observaciones al anteproyecto a la Asamblea y están a la espera de ser llamados a la comisión de Legislación, donde se estudiará.
Rafael Domínguez considera que con este tipo de planteamientos se abre “un portón” para ejercer un control de los medios de comunicación cuando estos ya están regulados por la ley de Telecomunicaciones y se coordinan perfectamente con los medios estatales cuando las circunstancias lo demandan.
“El riesgo de la estructura del Conamep como ente que controla el contenido de lo que se transmite en los canales estatales en este caso estos dos medios públicos puede llevar a la tentación de que si ya vigilan, coordinan que el contenido de estos medios sea de equis forma como lo plantea la ley, fácilmente en un momento le pueden decir también que someta a los medios privados a un control de contenido. Y ese es el riesgo más grande que yo le veo a esa ley de medios, lo puede hacer después”, añade Domínguez.
Bertrand Galindo analiza que con este tipo de proyectos legales lo que busca el actual gobierno es ponerles reglas de juego a futuras administraciones, no importa si son de su mismo partido.
“Lo que parecería que andan buscando es tener control de esos medios no importa quienes estén en esos medios a la radio nacional o Canal 10”, afirma.
Flores apunta otro dato y es que estos medios públicos “deben estar fuera del control e influencia de factores económicos y también políticos para que no se conviertan en un instrumento de política partidaria”.
Además, cuestiona que en el anteproyecto se contemple incluir publicidad. El artículo 29 habla de publicidad restringida, como por ejemplo que no sea engañosa o tenga contenidos que inciten a la violencia, al terrorismo, o que “estimulen” al racismo, la adicción a las drogas, la pornografía, la xenofobia, la homofobia, el sexismo y la intolerancia religiosa o política.
Bajo control de Capres
Para Domínguez, sería sano que si se quiere convertir estos medios gubernamentales financiados por el Estado pero autónomos deben ser “abiertos a la sociedad” en el que no tengan injerencia la presidencia y no darle un carácter político.
Según la propuesta, estos medios deberán “observar la legislación electoral vigente” y promete dar un servicio público de comunicación inclusivo, diverso, independiente, plural y respetuoso con el marco constitucional.
Sin embargo, cuando se lee cómo se integrará el Conamep, es el presidente de la República quien decide sobre su manejo. En el artículo 13 dice que el directorio de administración estará integrado por un director general que lo nombra el Ejecutivo y dos directores más designados por los otros dos poderes del Estado: Legislativo y Judicial.
Ellos ejercerán sus cargos en los cinco años y que en la toma de decisiones es el director general, que designa el Ejecutivo, el que tendrá “el voto de calidad en caso de empate”.
En el artículo 16 dice que este consejo de administración ni los directores de los medios que lo integran “actuarán bajo la presión de representantes de instituciones o entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales, grupos de presión”.
Redacción confusa
Para Bertrand Galindo y Manuel Flores, estos medios no deben estar en el contenido de este anteproyecto. Para el primero “confunde” porque mezcla función pública, servicio público y medios públicos, otros medios públicos como el de la Asamblea o los comunitarios, habla de que es un derecho público, que es un derecho humano…
“A mi juicio, la ley está bastante mal elaborada”, dice Bertrand Galindo, quien sugiere que se defina de manera estricta cómo se van a pasar a esa corporación esos medios del gobierno y los procedimientos de funcionamientos de estos medios.
Según el abogado, los medios privados deben excluirse de ese anteproyecto, pues no son materia de esta ley. “Esa confusión es peligrosa porque ya los aplicadores pueden interpretarla de cualquier manera y puede tener serios conflictos… puede (tener) el control de los medios. Para evitar tentaciones lo que hay que hacer es dejarlo estrictamente referido a los medios del gobierno central”, afirma.
Además, dice, no queda claro si esa relación será vía cadena radial o televisiva, por lo que lo ideal es dejar referido el anteproyecto exclusivamente para medios del gobierno.
Más detalles
El anteproyecto dice que será el Conamep el encargado de aplicar esta ley y de administrar, operar y desarrollar los medios públicos, tendrá por lo menos un sistema de radiodifusión, de televisión y cualquier otro medio de comunicación que considere adecuado para cumplir su finalidad.
Pero además, dice la propuesta, estos medios informarán ampliamente sobre los temas de interés nacional, regional e internacional, garantizaría el derecho de respuesta a quienes lo demanden, difundirán las actividades de los Órganos de Estado del país y promete regirse por principios como el debate democrático y la participación ciudadana, la transparencia, el pluralismo político, cultural, lingüístico y étnico, la equidad de género, etc.
Pero en el artículo 4 dice que “los medios públicos son los medios de comunicación de titularidad estatal que pertenecen al Conamep…”.
Este tipo de contenidos indica, según Bertrand Galindo, que se pretende abarcar a medios de otros Órganos de Estado como lo está planteando esta iniciativa violenta la división de poderes de Estado.
“Si la Asamblea Legislativa tiene una radio o una televisora no puede decir el Ejecutivo que las va a integrar, eso no puede hacerlo por la división de poderes”, explica Bertrand.
Argumenta, además, que cualquiera creería que este consejo tomaría control incluso de la Radio Cuscatlán, que es de los militares, o de radios municipales si las hay.
Pero Domínguez lo entiende en que esta ley lo que plantea es crear un sistema para administrar dos medios, la Radio Nacional y Canal 10 y vigilar sus contenidos cuando en realidad no se necesita porque sus respectivos directores ya están obligados a hacerlo.