Las revelaciones hechas por el Fiscal General, Luis Martínez, sobre los pagos que recibieron las pandillas como parte de la tregua, han generado duros cuestionamientos de analistas en temas de seguridad en contra de las anteriores autoridades de Seguridad Pública por el hecho de que éstas habrían negociado con esos grupos ilegales para “dar una apariencia de eficiencia en el combate a la delincuencia”.
El general retirado Mauricio Ernesto Vargas, quien fue uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz, sostuvo que “estas declaraciones (de exfuncionarios en la Fiscalía) dejan perplejos por el hecho de que las autoridades que representan la seguridad, que representan la legalidad y el Estado de Derecho, realmente estén involucradas en una situación por la cual ningún ciudadano común y corriente podría actuar, mucho menos una autoridad de la calidad de estas personas”.
Sostuvo que lo preocupante de esta situación “era la compra de la reducción de delitos para dar una apariencia de eficiencia en el combate a la delincuencia”. Otros de los aspectos cuestionados por el general Vargas es que los funcionarios del Gobierno “siempre negaron la participación, pero reclamaron el beneficio de la misma (tregua) y adicionalmente las investigaciones que se llevan actualmente están arrojando que todavía hubo una participación más allá, que prácticamente es un delito”.
En ese sentido dejó entrever que el haber “negociado” con esos grupos ilegales se podría considerar como una “traición a la Patria” por el hecho de se trata de “la ruptura de la seguridad jurídica, la ruptura del Estado de Derecho, eso es prácticamente muy grave, y la responsabilidad de una autoridad que ha jurado cumplir con la Constitución”.
El criminólogo y articulista de El Diario de Hoy, Carlos Ponce, dijo que con el pago a las pandillas que el Fiscal Martínez ha revelado, ha quedado evidenciada la denunciada negociación entre el Gobierno y las pandillas.
“Confirma la magnitud del intercambio de beneficios y deja claro que el FMLN no fue capaz de articular un plan integral para atender el problema delictual, lo cual también es evidente en su vaga propuesta presentada en su plan de gobierno y las ambiguas declaraciones de sus candidatos sobre el tema durante la campaña”, dijo Ponce.
Agregó que las revelaciones hechas por Martínez pueden “tener efectos adversos, ya que indiscutiblemente causarán nerviosismo entre las personas que han participado, especialmente las que se han lucrado de esta nefasta iniciativa”.
Agregó que “esto puede conllevar esfuerzos orientados a borrar evidencias y neutralizar a posibles testigos, como ilustran las advertencias que el exdirector de Centros Penales supuestamente recibió de David Munguía Payés antes de ir a declarar a FGR”.
Munguía Payés niega pagos a pandillas
Por su parte, el ministro de Defensa, general David Munguía Payés, salió al paso de los señalamientos del Fiscal Martínez y sostuvo que en ningún momento se les ha dado dinero a las pandillas como parte de los beneficios a los cabecillas de esos grupos para declarar un pacto de no agresión con la intención de reducir los homicidios.
“Cuando yo estuve de Ministro de Justicia y Seguridad, hasta donde yo supe, nunca nadie les dio dinero a las pandillas”, dijo Munguía Payés en respuesta a las revelaciones hechas por el Fiscal Luis Martínez.
Munguía Payés agregó que “si fuera cierto que se ha dado dinero, ese dinero tiene que salir de algún lado y tiene que ser grandes cantidades y nosotros no manejamos dinero para ese tipo de cosas, entonces hay una presunción”.
Al cuestionarlo sobre que los pagos habrían sido con fondos de las tiendas de los penales, según lo han manifestado algunos exfuncionarios de Seguridad, Munguía Payés dijo que “las tiendas penitenciarias son responsabilidad del director de Centros Penales, y el ministro de Justicia y Seguridad no se mete en ese tipo de administraciones”. Sin embargo, reconoció que la institución penitenciaria es una dependencia del Ministerio de Seguridad Pública.
También rechazó que a los mediadores de la tregua les haya pagado con fondos de las tiendas de los penales.
Algunos exfuncionarios de Centros Penales declararon en la Fiscalía que Munguía Payés, entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, había autorizado que se sacara dinero de las tiendas en los penales para el pago a los mediadores, cuatro colaboradores de Raúl Mijango y hasta familiares de pandilleros encarcelados.
Los exfuncionarios como Nelson Rauda, quien fungió como exdirector de Centros Penales hasta mayo del año pasado, aseguraron ante los fiscales del caso que los fondos los sacaron bajo el concepto de “servicios de inteligencia penitenciaria”.
También el Fiscal Martínez confirmó que “tenemos conocimiento de que se utilizaron las tiendas de los penales para ese fin (pagos)”, dijo Martínez.
Los exfuncionarios explicaron que se extendían una serie de cheques que iban desde los 2,500 hasta 5,000 dólares mensuales. Éstos salían a nombre de varios exfuncionarios de Penales, quienes luego de cambiarlos en el banco le entregaban el efectivo a Rauda. Éste aseguró en su declaración que ese dinero se lo daba al exministro Munguía Payés.
Los señalamientos en contra de Munguía Payés quien supuestamente había ordenado que se usaran fondos de las tiendas de los penales para los polémicos pagos, están contemplados en las declaraciones de cuatro exfuncionarios, cuyas grabaciones fueron filtradas y hechas públicas a través de un sitio web.
Dispuesto a cooperar
Pero Munguía Payés dijo ayer que él está dispuesto a cooperar con la Fiscalía porque “está bien que investigue la Fiscalía para que se conozcan un montón de realidades que se distorsionan en este periodo electoral. Si está haciendo un trabajo para clarificar, creo que está bien”. Reiteró que el Gobierno en ningún momento negoció con las pandillas para bajar los homicidios a cambio de privilegios a los pandilleros en las cárceles.
“Fuimos facilitadores del proceso y nuestro Gobierno nunca lo ha negado, eran los mediadores los que estaban haciendo el trabajo y nosotros les facilitábamos su trabajo”, dijo Munguía.
Ese papel facilitador del que habla Munguía es cuestionado por su excompañero de armas, el general Vargas, porque “el Estado está para cumplir la ley no para facilitar ningún proceso, el Gobierno no puede ser facilitador en una situación donde hay ruptura de la Ley”.