“Hemos tenido que reducir las fotos porque ya no caben. Hay gente que las trae muy grandes”, es la explicación que sin pedírsela, a principios de enero, dio un empleado que vio a un equipo de El Diario de Hoy, hacer fotografías de los dos anaqueles colocados casi enfrente de la sala de autopsias de Medicina Legal en San Salvador.
En los primeros días de enero, los dos escaparates estaban saturados de pequeñas fotografías en blanco y negro, cada una con un nombre y uno o varios teléfonos para que alguien pudiera brindar información sobre el desaparecido.
Al llamar a cada uno de esos teléfonos, la ansiedad por escuchar buenas noticias es fácilmente perceptible en las voces de hermanas o esposas, madres o padres de salvadoreños que a un año o casi un año de estar ausentes del hogar aún esperan una llamada que les dé razones de ellos.
Cualquier información. No importa si es para decirles que están muertos. “Tan solo con que encontráramos los huesitos. Ya tiene más de seis meses (de desaparecido)”, exclamó la esposa de José Santiago Mendoza Segura, un motorista de la ruta 140, desaparecido desde el 15 de julio de 2013.
Con miedo de buscar
De los 124 desaparecidos, se logró contactar a 40 familias, de las cuales, dos aseguraron saber que sus hijos estaban muertos, a pesar de ello, el drama de ambas difiere.
Una madre aseguró que ya había encontrado a su pariente y que le había dado sepultura; sin embargo, la madre de Antonio G. dijo que aunque ya sabía donde estaba enterrado su hijo, tenía que resignarse a no poder ir a dejarle flores en fechas memorables porque se siente amenazada.
La familia de Antonio G. recibió una llamada el 24 de diciembre, en la Nochebuena. En términos generales, le dijeron a la madre que ya no la querían ver sufrir buscando a su hijo. Ya no lo busque, ya está muerto, le dijeron.
Además, le indicaron el lugar donde estaba enterrado, pero le prohibieron que informara a las autoridades para intentar recuperar sus restos, so pena de atentar contra otros miembros de su familia.
El terror que infunden las desapariciones forzosas es tal que una madre pidió enfáticamente que no se publicara nada de la desaparición de su hijo, un joven miembro de la pandilla 18, desaparecido en noviembre pasado, de una colonia de Tonacatepeque.
La mujer relató lo poco que sabe de cómo desapareció Nicho, pero luego llamó para pedir que no se publicaran sus datos ni su fotografía.
15-30 años, edad riesgo para desaparecer
De 37 casos de personas desaparecidas, según sus parientes, la mitad de éstas tenía 17 o 18 años. A este grupo le siguen los de 19 y 20 años hasta llegar a los 30. Únicamente seis casos sobrepasaron los 30 años, incluyendo a un anciano cuya familia no cree que haya sido víctima de la delincuencia, sino que, a sus 70 años, era muy dado a la ingesta de licor, por lo que creen que anda deambulando.
Son los rostros de hombres jóvenes los que tachonan los escaparates de desaparecidos dispuestos por el IML. Rostros de viejos son pocos, de mujeres, igual.
Vínculos con pandillas
Gran parte de los 37 parientes entrevistados aceptó que sus hijos pertenecían a pandillas. O dijo que eran mareros retirados. Otro tanto dijo que no sabía si su pariente pertenecía a grupos criminales.
“No le puedo asegurar que sí o que no. Uno de tata es el último que se da cuenta en qué andan los hijos”, explicó una mujer cuyo hijo desapareció en Lourdes, Colón.
Lo curioso en estos últimos casos es que las víctimas han desaparecido en los mismos sectores en los que viven o que son dominados por la misma agrupación criminal a la que pertenecen o han pertenecido. Ese es el caso de varios jóvenes de San José Las Flores (Tonacatepeque), Santa Teresa de Las Flores (Apopa) y colonias del cantón Lourdes (Colón).
En estos casos, según los parientes, es lógico intuir que es la misma agrupación la que los ha desaparecido porque los grandes amigos de la víctima guardan silencio, no se acercan a la familia a preguntar por el desaparecido.
Desaparecer tras una
llamada telefónica
Podría decirse que muchos de los desaparecidos salen de sus casas voluntariamente para ya no volver.
Aunque hay varios casos en los que a las víctimas las han metido a la fuerza algún automóvil, son más comunes los casos en los que el joven ha salido de su casa tras recibir una llamada telefónica. Los parientes los han visto hablar por teléfono; luego, a lo sumo, dicen: “Ya voy a regresar”, salen de sus casas y jamás regresan.
Eso fue lo que ocurrió con Brenda Natali Hernández Sorto, quien el 29 de septiembre de 2013 desapareció tras salir de la comunidad Tutunichapa 4, en San Salvador. A cuatro meses de que desapareció, su madre no ha recibido ninguna señal de que esté viva o muerta.
Eso mismo ocurrió con Víctor Armando Marín, un adolescente que trabajaba haciendo ladrillos de barro en una zona rural de Nejapa. El joven vivía solo con su abuelo. Este afirma que como a las 2:30 p.m. del 2 de diciembre de 2013, lo vio hablar por teléfono, luego salió de casa y ya no lo volvió a ver. Al abuelo le contaron que la última vez que lo vieron fue en el lugar conocido como “La parada de La Vuelta”, en la colonia Villa Mariona.
Vendedores informales y desempleados
De los 37 casos de desaparecidos, cuyos parientes fueron contactados por El Diario de Hoy, 28 dijeron que sus familiares eran vendedores informales o no estudiaban ni trabajan.
Entre las excepciones están un empleado de la Alcaldía de San Salvador, un empleado de un almacén de electrodomésticos, un vigilante privado, cuatro estudiantes de básica y bachillerato y un abogado.
Sí, un abogado que, por cierto, fue el primero que logró que, siendo no vidente, la Corte Suprema de Justicia lo autorizara para ejercer la abogacía y el notariado.