Los diputados de la Comisión de Justicia debatieron ayer sobre quién tiene la responsabilidad de que la Asamblea Legislativa haya otorgado un indulto a un reo de más de 90 años, que murió dos años antes de poder recibirlo.
Durante la discusión, la diputada suplente de Gana, Gloria Gómez, reflexionó que la Asamblea “cayó en el ridículo”, pues no fueron informados de que Jesús Jiménez Pérez, un anciano condenado a 35 años de prisión murió el 26 de diciembre de 2012, y el Congreso avaló darle el indulto el pasado 20 de febrero de este año.
Los legisladores tienen en la mira a los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quienes planean llamar a la Comisión de Justicia legislativa para que expliquen el caso, pues argumentaron que el Órgano Judicial tardó cuatro años en remitirles el informe solicitado del preso, así como al Consejo Criminológico del sistema carcelario.
Jiménez Pérez solicitó al Congreso un indulto, ya que su avanzada edad y diferentes padecimientos de salud le hacían más difícil su estancia en la cárcel. Este fue condenado a 35 años de prisión el 2 de octubre de 2002 por el Tribunal Segundo de Sentencia de la ciudad de Santa Ana, acusado de “instigador en el delito de homicidio agravado”.
La Asamblea accedió a la petición de indulto el 15 de junio de 2010, en esa fecha solicitaron a la CSJ un informe del reo el cual llegó al Congreso hasta el 11 de febrero de este año, cuando el plazo que tiene la Corte Suprema para hacerlo es de 60 días, lamentó el diputado del FMLN, Darío Chicas. En tanto que el Consejo Criminológico tiene 15 días para elaborarlo, acotó.
Los diputados dijeron sentirse indignados por lo ocurrido. El diputado de ARENA, Félix Ágreda, explicó que este tipo de situaciones deben ser analizadas con detenimiento para que casos como el de Jiménez Pérez no se vuelvan a repetir.
Pero lo curioso es que, según lo manifestado por Chicas, en la historia legislativa solo se conocen dos casos de indultos concedidos a reos, el del pasado 20 de febrero y otro otorgado hace unos 15 años, y en ambos estos llegaron tarde: los reos murieron antes de que la Asamblea los autorizara.
La comisión no decidió ayer que hará, pero Chicas no dudó en expresar que por “no haber tenido pronta ni cumplida justicia”, cualquier funcionario se expone a ser “penalizado”.
A la pregunta de que si podrían pensar en un antejuicio para los magistrados de la Sala de lo Penal, Chicas externó que cabe la posibilidad.
“Se expone a ser penalizado, sancionado, en este caso, pero este es obvio lo que existe es violación de derechos humanos, si lo vemos desde esa perspectiva porque no han tenido pronta ni cumplida justicia”, valoró.
Opinó que puede existir una buena cantidad de situaciones similares y que lo ocurrido con el reo Jiménez Pérez no es nuevo.
“El tema de la mora judicial es un tema fuerte que está pendiente y que esto ha violentado los derechos humanos de muchas personas”, afirmó Chicas.
La Ley Especial de Ocursos de Gracia establece 15 día hábiles al Consejo Criminológico para enviar informes de solicitudes de indultos y para la Corte Suprema, el período es de 60 días hábiles.
Los legisladores acordaron ayer pedir al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), la partida de defunción de Jiménez Pérez y que la Dirección General de Centros Penales, también les informe sobre el caso, antes de convocar a los magistrados de la Sala de lo Penal.
La diputada Blanca Coto, del FMLN, añadió que los “plazos que establece la ley deben cumplirse”.