El Colegio Médico teme que, con el proyecto de ley de “Derechos y deberes de los pacientes y prestadores de los servicios de salud”, se pretende regular el ejercicio de la práctica privada de la medicina y establecer “aranceles” a los servicios que prestan.
Milton Brizuela, presidente del ente, indicó: “A nosotros, que ejercemos un profesión liberal, nos preocupa que esas libertades se vayan perdiendo; creemos que los pacientes que tienen capacidad económica tienen que tener la libertad de (buscar) dónde ser atendidos”.
Brizuela considera que lo mejor sería que las autoridades resolvieran las deficiencias que existen en la atención de los pacientes en el sistema sanitario, en lugar de querer restringir la consulta médica privada.
El anteproyecto de ley consta de 41 artículos y fue presentado ante la Asamblea Legislativa el 14 de enero de este año por el Foro Nacional de Salud y la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud.
El documento establece que el ente rector será el Ministerio de Salud (Minsal), coordinado con el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP). Además, se enumera una serie de derechos y deberes de los pacientes, derechos y deberes de los prestadores de salud, prohibiciones para los pacientes y para los prestadores de servicios médicos, así como infracciones y sanciones.
Brizuela considera que el proyecto contradice la Constitución de la República, porque pretende darle potestad al Minsal para que regule la práctica privada de la medicina. Pues el artículo 68 de la Constitución afirma que el encargado de regular y autorizar la práctica de la medicina, ya sea institucional o privada, es la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM).
“Creemos que es con el interés de impedir que esta se lleve a cabo (la práctica privada) o que, en algún momento, desaparezca… Es una preocupación”, acotó el presidente del Colegio Médico.
En el artículo 4 de la proyecto se establece como prestadores de salud a instituciones de salud pública, privadas, autónomas, individuales y colectivos certificados y acreditados que presten servicios hospitalarios y ambulatorios.
Brizuela manifestó que al dejarle al Minsal la potestad de formular el reglamento, no se sabe qué alcance puede tener, en el sentido que podrían regular los cobros de los distintos servicios que prestan los médicos.
“En un mercado libre, el paciente puede escoger a qué médico ir y pactar los honorarios dependiendo de qué procedimiento se va a realizar; si no están de acuerdo, todos los pacientes tienen la libertad de buscar otras opciones”, opinó el cirujano.
Él dice tener información según la cual “existe interés de regular el cobro de la práctica privada”, lo que desde su perspectiva “va en contra de la profesión”.
En el artículo 30 del anteproyecto de ley se lee: “Todo prestador privado de servicios de salud deberá colocar y mantener en un lugar visible los costos de los servicios que oferta”. Para el representante del gremio médico, el problema en este proyecto es que prime el interés político y no el beneficio de la población.
Brizuela aclaró que las organizaciones que presentaron el anteproyecto ante la Asamblea Legislativa son grupos de fachada del FMLN.
“No me extrañaría que tenga relación el querer regular con introducir su organización de Albamédica y entrar al rubro de la atención médica con fines políticos”, afirmó Brizuela.
Rodolfo Canizález, expresidente del Colegio Médico y miembro del Sindicato de Trabajadores del Hospital Rosales, cree que el anteproyecto tiene “un maquillaje de beneficio al paciente”, pero lo que se busca es regular el ejercicio de la práctica médica privada.
Canizález considera que todo lo que tiene que ver con la atención del paciente, que se recoge en ese documento, ya está normado en el país.
Entre los derechos de los pacientes que establece el documento está el incluido en el artículo 8:” Todo paciente tiene derecho a ser atendido oportunamente y eficazmente por un prestador de salud cuando este se lo solicite, de acuerdo a las normas existentes”. El artículo 25 añade: “Todo prestador en todo proceso de espera, consulta (u) hospitalización, deberá proporcionar al paciente, familiar o responsable un trato digno y respetuoso”.
El expresidente del Colegio Médico comentó que el anteproyecto viola varios artículos de la Constitución y que se le dan atribuciones al Ministerio de Salud que son competencia del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP).
En palabras de Canizález: “Lo que siento es que grupos afines al FMLN han maquinado este proyecto, con el pretexto de que van a beneficiar a los usuarios y a la población; (creo que) quieren atropellar los derechos incondicionales que todos los profesionales tenemos en el libre ejercicio de la práctica médica”.
Considera que se quiere repetir la historia, como cuando se aprobó la Ley de Medicamentos, con la cual le quitaron atribuciones al CSSP.
Con esta modificación, en opinión de Canizález, se quiere controlar el ejercicio privado a través de las instituciones de gobierno, en este caso del Minsal.
Defensa
Tanto Margarita Posada, coordinadora del Foro Nacional de Salud y presidenta de la Alianza contra la Privatización de la Salud, como Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), rechazan que con la iniciativa de ley se pretenda regular los precios de los servicios que ofrece el sector privado.
Ambos expresaron que lo que se pretende es proteger a los usuarios, tanto del sistema público como privado y que sus derechos queden recogidos en una ley.
“Lo que estamos planteando, y tiene por objeto esta ley, es garantizar los derechos y deberes que las personas tienen en materia de la prestación y atención de la salud, así como los derechos y deberes que tienen los prestadores de los servicios”, comentó Pérez del CDC.
Posada indicó que se busca dejar garantizados los derechos y deberes de los pacientes: “Consideramos que dentro de todo el sistema de salud, de lo que más se queja la gente es del maltrato. Por ejemplo, la gente a veces necesita un examen, un medicamento y, si no hay, la actitud del personal es muy deshumanizada”. Ella considera que hay elementos “fundamentales” que deben respetarse, como “brindar una atención oportuna”.
La coordinadora del Foro de la Salud manifestó que la ley no habla de aranceles. Sin embargo, añade que regular la práctica médica es un deber del Estado y que no puede haber una práctica médica sin regulación.
“No sé de dónde han sacado eso. En una página en el Facebook ‘Amigos por un Salario Digno’ plantean que el foro iba a presentar una propuesta (en la que), así como pedimos la regulación de los medicamentos, pedimos la regulación de precios de la consulta. Nosotros no (lo) estamos planteando, lo que queremos es que se humanice el trato”, acotó Posada.
El director ejecutivo del CDC indicó que lo que se trata de regular “es la prestación del servicio que se da al derechohabiente, (pues) si alguien presta un servicio de salud tiene obligaciones, deberes y derechos”.
En cuanto al artículo que ordena colocar en un lugar visible los precios de los servicios que se ofertan en los consultorios y hospitales, Posada no ve problema alguno.
Sostiene que en los restaurantes de comida rápida y salas de belleza, los precios están a la vista.
Añade que si los médicos consideran que la propuesta viola la Constitución, deben presentar su análisis y contribuir al debate.
Si los galenos creen que eso no es posible, matiza Posada, o si creen que la propuesta de ley contradice la Constitución en lo que respecta a las funciones que le competen al Minsal y las que le competen al CSSP y a la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, “que hagan su contrapropuesta”, afirma.
En su opinión: “Lo que enriquece justamente la formación de la ley es el debate ciudadano y, si consideran que pueden hacer los aportes, que lo hagan; eso fortalece, no debilita”, concluye la activista.
Desde su página de Facebook, el grupo Médicos por un Salario Digno sigue de cerca la propuesta. Uno de los mensajes en su muro afirma: “Nos informa(n) que la señora Margarita Posada y su grupo pretenden introducir un documento a la Asamblea Legislativa, que buscaría que el Estado tenga el control total sobre la provisión de servicios de salud en la medicina privada”.